Partes policiales impiden otorgar pensión a víctimas de delitos

Desde que entró en vigencia la ley, 135 personas solicitaron el amparo del BPS, pero la imprecisión de los comunicados dificulta el trámite

El Banco de Previsión Social (BPS) no ha podido entregar hasta el momento ni una pensión especial para víctimas de delitos violentos de las 135 que lo han solicitado. A pesar de que el Parlamento aprobó la ley el 28 de diciembre de 2012 y el Poder Ejecutivo la reglamentó el 22 de febrero, los partes policiales que presentaron quienes solicitaron la pensión son “imprecisos”, explicó a El Observador Elvira Domínguez, representante empresarial en el directorio del BPS, .

La mayoría de los partes policiales, uno de los documentos que requiere el BPS para otorgar la pensión, se corresponden con las denuncias presentadas por las víctimas y, por ello, están redactados en subjuntivo.
En lugar de decir que la víctima “sufrió” una rapiña, expresan que “habría sufrido” una rapiña. Los partes no confirman, por lo tanto, la concreción del delito.

Por esa razón, el directorio de BPS envió el proyecto de un nuevo decreto al Poder Ejecutivo para la creación de una comisión especial asesora, integrada por BPS, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, encargada de estudiar e informar sobre las solicitudes presentadas y “en particular, en lo relativo a las pruebas fehacientes en los delitos de homicidio en caso de rapiña, secuestro y copamiento, que son los generadores de amparo a esta nueva ley”, explicó Domínguez.

“En la casi totalidad de las solicitudes recibidas, las pruebas constan principalmente solo de antecedentes policiales no contundentes. También esta comisión ayudaría a los eventuales beneficiarios a solicitar el amparo y permitirá mejorar sustancialmente la coordinación de las instituciones involucradas en la normativa”, agregó la directora.

Desde que entró en vigencia la ley, en enero de este año, 135 personas se presentaron en el BPS para solicitar la pensión: 82 en Montevideo y 53 en el interior del país.

La ley 19.039 establece que el derecho a la pensión se genera cuando, a causa de una rapiña, copamiento o secuestro se produjera un homicidio o una persona resultara incapacitada para ejercer cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando la víctima no sea el autor, coautor o cómplice del delito y tenga residencia en el país. El monto de la pensión equivale a seis bases de prestaciones y contribuciones, en total, unos $ 14.500.
El decreto que reglamenta la ley agrega que a quienes se les otorgue la pensión podrán cobrarla con retroactividad desde el día en que la solicitaron.

Espera
Francisco González es una de las 135 personas que espera la respuesta de BPS. Aprendió a vivir con esquirlas de huesos en la nuca. Hace tres meses, estaba sentado en el primer piso del edificio central de BPS para tramitar la pensión y mostró a El Observador las dos cicatrices de su cuello: la marca que dejó la bala cuando entró y la que dejó al salir.

Fue en la noche del 24 de setiembre de 2006. “De buenas a primeras, me volví un paria; dependo de mi familia”, se lamenta, minutos después de asesorarse sobre el trámite para obtener la pensión a las víctimas de delitos violentos, que entró en vigencia el miércoles pasado.

A la hora 21 de aquella noche de setiembre caminaba por la esquina de Durazno y Yí cuando un muchacho le pidió fuego. González sacó del bolsillo un zippo labrado que le habían regalado sus hijos para el cumpleaños y se lo dio. “Veterano, qué lindo para quedármelo”, le dijo el joven. “No, para quedártelo no porque es un regalo y no te lo voy a dar”, le respondió. El forcejeo por el zippo comenzó al instante.

Llegó entonces uno de los adolescentes que pedía en el barrio. “Matalo al viejo de mierda este”, dijo sin vueltas. Y el que le había pedido fuego sacó un arma. “A lo único que atino es a pegarle con la mano en el revólver cuando siento que hace ‘clic clic’ el martillo, que me iba a pegar un tiro en la sien. No sentí ni el estampido del revólver, no me dio ni para eso. Se me apagaron las luces y caí al piso”, recordó.
Le robaron el dinero que llevaba en el bolsillo del pantalón y un reloj de lujo. “Radio Patrulla me llevó al Maciel, del Maciel me llevaron a Traumatología y de ahí, a los dos días, me mandaron a casa con un collarín que incluso me lo pusieron al revés. Si andaré bien”, bromea.

González sufrió fractura de la primera, la segunda y la tercera vértebras cervicales. En la nuca conserva las esquirlas. Estuvo siete meses en cama y algunos más sin salir de su casa. Cuando se recuperó, intentó volver a trabajar como pulidor de pisos, el oficio que forjó desde joven, pero no pudo. “Si me agacho y me paro de golpe, me desmayo; si levanto los brazos y miro para arriba, me desmayo”, expresa, sin rabia, pero con la angustia clavada en la voz.

“Yo era coleccionista de zippos: tenía la colección completa con las caras de los presidentes de Estados Unidos. Los terminé vendiendo para comer”, contó Francisco. También tuvo que vender la pulidora. “Valía US$ 3.000 y la vendí a $ 2.000”. La misma suerte corrieron los muebles. “Hasta que no tuve con qué pagar el alquiler y me fui con mi esposa y mis hijos a vivir a la casa de mis padres”.

La situación ahí no mejoró. Sufrió un infarto y diabetes. “Si andaré bien”, repitió.
En ese tiempo no recibió ningún apoyo estatal. “Ni siquiera encontraron al que me pegó el tiro”, cuestionó.
La pareja de Olga Mendoza también recibió un balazo, pero no sobrevivió. Dejó un hijo de 10 años y la mujer, que en enero llegó al BPS para tramitar la pensión para su hijo. Carlos Chagas era un vendedor ambulante de golosinas, al que le pegaron un tiro en la cabeza para robarle dinero. “Es bravo, no se olvida más”, señaló la mujer a El Observador. Su hijo, que está por cumplir la mayoría de edad, estuvo durante tres años en terapia psicológica. “Pasan los años y es bravo”, dijo secándose las lágrimas. l

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