Partido difícil de Argentina en la Supreme Court

Batalla judicial de los fondos buitres entra su fase definitoria

Mientras todos los argentinos estarán pendientes de lo que Messi y compañía hagan dentro de las canchas brasileñas, el gobierno de Cristina Fernández prestará más atención a su verdadero “partido definitorio” en el mundial de las finanzas.

Se disputará el jueves 12 en una cancha hostil: la Corte Suprema de justicia de los Estados Unidos. Ese día, el máximo tribunal estadounidense decidirá si acepta o no tomar el caso del extenso litigio que los llamados “fondos buitres” llevan adelante con el Estado argentino por el default de la deuda soberana ocurrido en el ya lejano 2001.

Estos acreedores, fieles a su estrategia de no aceptar propuestas de los gobiernos, no ingresaron a ninguno de los planes de canje –el primero en 2005, el segundo en 2010– que implicaba una fuerte quita de capital de 66%.

El equipo argentino viene acumulando derrotas: primero en el juzgado del juez Thomas Griesa, luego en la cámara de apelaciones. Pero le queda una última chance.

Confiado en los buenos oficios del estudio Cleray Gottlieb Steen & Hamilton –un “dream team” legal especializado en reestructuraciones de deuda complicadas–, el gobierno de Cristina Fernández apuesta a que, en este partido se pueda “pelear un empate”.

El equivalente a rescatar ese puntito sería focalizarse más en ganar tiempo que en obtener un fallo favorable sobre la cuestión de fondo.

Objetivo: más tiempo

El objetivo es que la Corte se abstenga de pronunciarse sobre si tomará o no el caso, y decida hacer una consulta adicional al gobierno estadounidense, en la figura del solicitor –es decir, el procurador general–, Donald Verrilli.

Esto no garantiza un final feliz para Argentina, pero tiene un costado positivo: el procedimiento de una consulta al gobierno, la devolución de éste, y el debate posterior entre los jueces de la Corte puede estirarse varios meses.

Los suficientes como para que la comunicación final de la Corte se produzca ya en 2015. Y, en ese entonces, aun cuando la Corte resolviera no aceptar el caso argentino –y, por lo tanto, queda en pie el fallo del juez Griesa a favor de los “buitres”–, de todas formas existiría un margen para evitar el desastre.

Ocurre que, según los términos del canje de deuda, el Gobierno se obliga a no negociar con los “holdouts” mejores condiciones, hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2014. Si hace un pacto con los “buitres” antes de esa fecha, entonces está obligado a dar el mismo tratamiento al resto de los bonistas, o se expone a demandas legales.

Ahí es donde reside el mayor riesgo. Porque, en definitiva, el dinero que hay que pagarles a los litigantes no es tanto, unos US$ 1.500 millones. Pero automáticamente abriría la posibilidad de demandas que los expertos estiman por una cifra 10 veces mayor: US$ 15 mil millones.

De manera que el tiempo cambia todo: antes de 2015, una negociación con los “buitres” es imposible; después, sí se puede, y no tendría un costo financiero tan relevante. A lo sumo, sería mayor el costo político a pagar por un gobierno que dijo que nunca se sentaría a conversar con estos “depredadores” de las finanzas soberanas.

¿Nuevo default en puerta?

Si la Corte decidiera no aceptar el caso, sería un escenario de catástrofe para la Argentina.
La primera consecuencia de esta medida sería la afectación de la imagen argentina en el mundo. Todo lo ganado por la “buena letra” de los últimos meses, que se ha reflejado en la caída del riesgo país y la mayor predisposición del mercado a adquirir bonos o prestarle dinero a la petrolera YPF, se podría revertir rápidamente.

El fallo de Griesa implica que se pueda embargar los pagos que la Argentina haga en Estados Unidos, lo cual obligaría a la Argentina a cambiar la jurisdicción legal para el pago, lo cual implicaría un default técnico.

Y, si se acata el fallo del juez Griesa y se le paga a los holdouts por el valor nominal de sus acreencias, hay que esperar una reacción en cadena de los bonistas que entraron al canje.
Si esa fuera la situación, los abogados de la Argentina están dispuestos a embarrar la cancha.

En los últimos días, se filtró a la prensa un memo del estudio Cleary Gottlieb en el cual se aconseja que, si la Corte no toma el caso, lo mejor sería forzar nuevamente un default y luego plantear un nuevo canje de bonos.

“La Argentina quiere pagar su deuda reestructurada. Pero las cortes norteamericanas la han puesto en una posición terrible. En una posición que, salvo que sea revisada por el máximo tribunal, parecería que está obligando al país a caer en default”, señala el memo.

Ante el juez Griesa, los directivos del fondo Elliot dijeron que este memo equivale a un “revolver humeante”. Es decir, algo así como haber encontrado a la Argentina “in fraganti” dejando en claro su total falta de disposición para honrar sus deudas.

Un poco de fair play

Lo que ha quedado en evidencia en este litigio –al que los medios estadounidenses califican “el juicio del siglo”– es que los gestos políticos importan más de lo que podría suponerse.
De hecho, Griesa, a la hora de fallar en contra de la Argentina, se valió de declaraciones de Cristina Fernández para calificar al país como un “defaulteador serial”.

Es en este contexto que el estudio les ha recomendado a los funcionarios argentinos mantener el “fair play” y cuidarse a la hora de hablar. No es casualidad que el tono de los discursos de la presidenta se haya moderado y que, en vez de jactarse por haber logrado “la mayor quita de la historia” ahora se enfoque en presentar al país como “un pagador serial”.

Y nadie puede decir que la presidenta esté exagerando: en el último año se ha esmerado por enviar señales amistosas al mercado internacional, lo cual incluye la aceptación del pago por juicios perdidos contra empresas extranjeras en el tribunal del Banco Mundial, la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF y un cronograma de pagos con el Club de París.

Según ha denunciado la oposición, todos estos acuerdos serán muy caros para el país, y dejan la sensación de que se priorizó una resolución rápida antes que una quita de capital.

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