Pedirán libertad anticipada de militares procesados con prisión

El proyecto interpretativo de la ley 15.848 abre una nueva batalla judicial y amerita recursos

El proyecto interpretativo de la ley de Caducidad abre una nueva batalla judicial y otorga argumentos a los defensores de los militares procesados con prisión para solicitar su libertad.

El penalista Miguel Langón dijo a El Observador que, en caso de que sea aprobado, presentará recursos para que sean liberados los militares procesados que están actualmente en prisión.

El catedrático argumentó que todos esos casos tuvieron como punto de partida el pronunciamiento del Poder Ejecutivo que los excluyó de la norma y permitió que se llevara adelante el proceso.

“Entonces, si la ley cae, la causa debe archivarse y se debe declarar que la gente estuvo mal juzgada”, dijo Langón y anunció que usará todas las herramientas a su disposición para hacer valer esa posición.

“Estos argumentos son muy fuertes. No los inventé yo y los voy a usar diciendo que los casos de estas personas que fueron procesadas por una ley que el Parlamento anuló quedan sin efecto y, por lo tanto, se van a sus casas”, indicó. En la línea de razonamiento de Langón, las causas serán archivadas pero no podrán abrirse en el futuro, ya que el sistema jurídico uruguayo no permite juzgar a una personas dos veces por el mismo delito.

Langón defiende a procesados como el ex canciller Juan Carlos Blanco y el general Miguel Dalmao. Su tesis es compartida, entre otros, por el senador y líder de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle.

Otros juristas sostienen que esa interpretación es errónea. El catedrático en Derecho Constitucional Martín Risso sostuvo que los militares procesados lo fueron en aplicación del Código Penal y no de la ley de Caducidad. “Si no hubiera existido la ley de Caducidad, la Justicia los hubiera investigado igual y los habría procesado de todos modos”, señaló.

En lo que todos coinciden es en que de aprobarse la norma lloverán los recursos de inconstitucionalidad, por lo que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Otras interpretaciones

El proyecto de ley que impulsa el Frente Amplio genera interpelaciones encontradas y críticas, incluso desde defensores de familiares de desaparecidos y asesinados.

Juan Errandonea, abogado de familiares de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974, y cuyo caso culminó con el procesamiento del general Dalmao, dijo a El Observador que la iniciativa hace correr “riesgos innecesarios”.
A su juicio, la norma permitirá abrir causas que fueron archivadas pero el futuro de los casos dependerá de lo que diga la SCJ. El especialista advierte que si llega a ser declarada inconstitucional por la corporación, todos los procesados serán liberados de inmediato.

Defensores de militares ya adelantaron que atacarán la constitucionalidad de la norma porque viola el principio de que las normas penales no pueden aplicarse con retroactividad.

De todos modos, Errandonea asegura que pase lo que pase, los militares que están hoy en la cárcel por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura no serán beneficiados de ningún modo debido a que sus casos terminaron en la Justicia justamente porque estaban excluidos de la ley de Caducidad.

El abogado escribió en la publicación Bitácora: “¿Alguien se ha puesto a pensar en las consecuencias de que esa ley interpretativa pudiera ser declarada inconstitucional por la SCJ? Los militares que hubieran sido procesados en aplicación de aquella ley, recobrarían de inmediato su libertad”, reflexionó.

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