Penas alternativas a la prisión se multiplicaron por ocho en un año
Hace un año, 129 penados por la ley de faltas o procesados cumplían medidas alternativas a la prisión; hoy son 1.052 los beneficiarios que lograron evitar los barrotes
Uruguay tiene la tasa de reclusión más alta de América Latina. Cada 100 mil uruguayos, 281 están tras las rejas. La población carcelaria aumenta gobierno tras gobierno, pero, desde el año pasado, una cárcel alternativa y poco visible comenzó a crecer de forma sostenida. Esta cárcel no tiene barrotes y en ella cumplen su pena quienes cometieron faltas o fueron penados con medidas alternativas a la prisión.
La Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida (OSLA), creada en 2010, que se encarga de que se cumplan las sentencias cuando los jueces imponen medidas sustitutivas a la prisión, aumentó su trabajo de forma exponencial desde que entró en vigor la ley de faltas, en agosto de 2013, y, fundamentalmente, desde que la Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos que intentaban declararla inconstitucional, en marzo de este año.
A la OSLA llegan penados por la ley de faltas o procesados que deben cumplir trabajos comunitarios, desde pintar una escuela hasta barrer una calle, y también procesados con prisión domiciliaria, con medidas curativas o con restrictivas (como el impedimento a acercarse a otra persona o concurrir a espectáculos públicos). A estas personas, la institución las llama beneficiarios, porque el sistema les da una oportunidad para cumplir su pena fuera de una cárcel.
Hace un año, el 30 de junio de 2013, la OSLA controlaba a 129 beneficiarios, mientras que el 30 junio de este año controló el cumplimiento de la sentencia de 1.052 penados o procesados. El incremento es de 715%, lo que implica que se multiplicaron por más de ocho.
La mayoría de los beneficiarios (674 personas) cumplen tareas comunitarias por haber sido penados por cometer una falta, revela un informe de la OSLA al que accedió El Observador. “La ley de faltas es la vedette”, explicó la directora Sandra Alonso.
Otros 275 beneficiarios cumplen tareas comunitarias por haber cometido un delito. Por último, 103 beneficiarios fueron procesados con arresto domiciliario, medidas restrictivas y/o curativas.
Si bien el incremento mayor se produjo por el control del cumplimiento de las tareas comunitarias de los penados por faltas, la cantidad de procesados con otras medidas alternativas a la prisión también aumentó significativamente. En un año, crecieron 77% los procesamientos con arresto domiciliario, medidas restrictivas o curativas, y 287% los procesados con tareas comunitarias.
La directora de la OSLA expresó a El Observador que la oficina funciona “como cárcel”. Un equipo técnico evalúa a los penados por faltas y los procesados con medidas alternativas a la prisión, y un equipo de policías y operadores penitenciarios controla el cumplimiento de las sentencias judiciales.
El principal obstáculo de la institución es “la mentalidad punitiva” que prima en la sociedad y que, directa o indirectamente, influye sobre los magistrados.
“En la sociedad prima la mentalidad punitiva, que pide penas y castigos. Entonces, no es sencillo que las medidas sustitutivas a la prisión sean vistas como una alternativa válida. Hay mucho desconocimiento de la sociedad sobre quién aplica las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión, cómo las aplica, si son suficientes”, expresó Alonso.
En contrapartida, la principal fortaleza de esta cárcel sin muros ni barrotes es la confianza que ha generado en muchos jueces. “A mí me gusta mucho el trabajo directo con los jueces. Yo hablo muchísimo con ellos, explicándoles las medidas y los protocolos de actuación”, sostiene la jerarca. “Las mejoras en la gestión y en el servicio han logrado credibilidad y confianza en los jueces. Muchos jueces hoy creen en nosotros y en las medidas alternativas. A muchos otros todavía no hemos llegado”, admite Alonso.
Además de acceder a parte del informe que la directora de la OSLA presentó a las autoridades del Ministerio del Interior este jueves, sobre el crecimiento sostenido en la cantidad de beneficiarios y la evaluación de los planes, El Observador solicitó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un informe sobre las medidas alternativas a la prisión decretadas por los jueces penales de Montevideo en 2013. La respuesta de la SCJ reveló, por una parte, qué magistrados utilizan en mayor medida esta herramienta y, por otra parte, el desinterés de otros magistrados por este mecanismo –o en su comunicación–.
El juez penal de Montevideo que ordenó mayor cantidad de medidas sustitutivas a la prisión fue Juan Fernández Lecchini, en 132 casos. Mientras que en 114 oportunidades dispuso trabajo comunitario; en 63 casos, ordenó tratamiento psiquiátrico –cada 30, 40 o 60 días–.
Alonso destaca el trabajo de Fernández Lecchini y advierte sobre la imposición de medidas mixtas –tratamiento psiquiátrico y trabajo comunitario, por ejemplo–.
Tras evaluar a los procesados o penados por faltas, la OSLA puede presentar una solicitud de adecuación de la medida impuesta por el juez. “Una persona que tiene un serio problema de adicciones no puede sostener ninguna medida porque no se puede sostener a sí mismo. No puede asearse, ir a un trabajo ni cumplir una rutina. Necesita un tratamiento médico anterior que le permita a esa persona cumplir con la tarea”, advierte la jerarca.
En enero de este año había seis beneficiarios con medidas curativas; en junio, hubo 15.
La directora advierte que cada vez más cantidad de jueces disponen medidas alternativas a la prisión para procesados o penados que cumplen sus últimos días en prisión. “Le quedan seis meses de cárcel. Entonces, en lugar de dejarlo en la cárcel seis meses, lo mandan a hacer tareas domiciliarias”, advierte Alonso.
Como informó el semanario Búsqueda el 3 de julio, en base a datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios, Uruguay es el país con mayor tasa de reclusión de América Latina. El comisionado parlamentario para cárceles, Álvaro Garcé; distintos organismos internacionales, y el Ministerio del Interior han advertido la necesidad de revertir esta tendencia. Las cifras presentadas por la OSLA alientan ese cambio.
