El TISA ya fue. El costo económico y social de la errada decisión presidencial, en aislamiento comercial y desempleo, llegará inexorablemente, aunque demorará en percibirse. Más preocupante en lo inmediato es la debilitada autoridad que proyecta un gobierno rehén de su partido, con un presidente que desautoriza a sus principales ministros para quedar bien con una fuerza política cada vez más exitosa en su oposición a las políticas del Poder Ejecutivo. Hay razones probables para que Tabaré Vázquez dispusiera retirar a Uruguay de las negociaciones preliminares sobre el tratado internacional de liberalización de servicios. Por un lado, necesita el apoyo sin fisuras de toda la bancada oficialista para la aprobación parlamentaria de un Presupuesto que enfrentará cuestionamientos desde sectores políticos y sindicales. Por otro, aceptar el ofrecido respaldo de blancos y colorados sobre el TISA amenazaba dividir aun más la interna frenteamplista y crearle a Vázquez dependencia de los partidos opositores.
Pero en el otro platillo de la balanza es demasiado grande el peso negativo de la acción presidencial. Es difícil de entender que haya solicitado la opinión partidaria del FA en un tema de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, sabiendo además de antemano que la respuesta iba a ser adversa. Aunque Vázquez nunca se pronunció de manera definida sobre el TISA, su canciller Rodolfo Nin Novoa y su ministro de Economía, Danilo Astori, defendían a rajatabla seguir negociando, para definir más adelante si Uruguay participaba o no del tratado. Ambos secretarios de Estado, puntales de la administración, han quedado en blanco, con su autoridad disminuida y más expuestos a cuestionamientos en la tarea de sacar al país de la dura coyuntura económica que enfrenta en el futuro inmediato.
Hasta la forma de anunciar el retiro del TISA evidenció los problemas creados por esa decisión dentro del gobierno. Ni Astori, que deploró públicamente la orden presidencial, ni el canciller, vocero lógico en este tema, comunicaron oficialmente lo resuelto por Vázquez. Asumió el anuncio la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, quien se entreveró en malabarismos dialécticos poco claros para informar lo ocurrido.
El manejo confuso del TISA, por otra parte, se agrega al crítico conflicto en la educación para acentuar dudas sobre la coherencia y la firmeza del accionar gubernamental. Luego del imprevisor decreto de esencialidad ante la ola de huelgas y ocupaciones, los sindicatos docentes, respaldados por fuertes sectores del Frente Amplio, le quebraron el brazo al gobierno y lo obligaron a dar marcha atrás, sin lograr siquiera la contrapartida que le exigía a los gremios de reanudar de inmediato las clases. En esa oportunidad quedaron mal parados no solo Vázquez, sino también sus ministros de Educación, María Julia Muñoz, y de Trabajo, Ernesto Murro.
La aceptación presidencial de la votación del Frente Amplio para retirarse del TISA no implica necesariamente que la autoridad ejecutiva se haya mudado del todo de la Presidencia y el Consejo de Ministros a la Mesa Política y el Plenario de la alianza de izquierda. Pero plantea incertidumbres sobre cómo se manejará, de ahora en adelante, un Poder Ejecutivo notoriamente fragmentado y con su autoridad agobiada por las presiones de los órganos de conducción partidaria.
Peso partidario agobia al gobierno
El costo económico y social una errada decisión presidencial llegará aunque demorará en percibirse