La decana de la Facultad de Derecho, Cristina Mangarelli, evaluará un pedido para que el exdirector de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones (Ursec) Nicolás Cendoya, sea separado del cargo como profesor en esa facultad.
Cendoya, imputado por tres delitos de abuso de funciones, integra una cátedra de la materia Derecho Administrativo que se imparte en el segundo semestre. El pedido fue enviado a la decana por Diego Riveiro González, consejero por el orden estudiantil, según la carta a la que accedió El Observador. El reclamo se fundamenta en que la imputación fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones.
Riveiro, quien hizo el pedido en nombre de la agrupación estudiantil Bloque Reformista Universitario en Marcha (BRUM), señaló que Cendoya fue imputado por delitos de abuso innominado de funciones en régimen de reiteración real, el 8 de marzo de 2022, y confirmado por el Tribunal de Apelaciones en julio pasado.
“La ratificación por parte del Tribunal de Apelaciones de la formalización de una investigación penal del docente (...) genera la necesidad de que nuestra casa de estudios tome acciones frente a dicha situación”, indica el escrito que fue presentado este viernes a la decana. Y agrega: “No podemos ignorar que un docente de nuestra facultad está siendo formalizado, y mucho menos ignorar que está siendo formalizado por un delito sustancialmente vinculado con la materia que brinda”.
Según comprobó una investigación administrativa que fue aportada a la fiscalía, el cuerpo de inspectores de la Ursec había clausurado la radio de Palmitas y había incautado los equipos de transmisión luego de constatar que la radio operaba sin habilitación pero los jerarcas obligaron a los inspectores a devolverles los equipos para que siguieran al aire.
El otro caso por el que se lo imputó fue por la habilitación de una radio comunitaria en Salto. Bemba FM comenzó a operar luego de una resolución firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 5 de octubre de 2015 y dejó de operar en enero de 2021.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de segundo turno consideró que “las evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas por la Fiscalía son suficientes para viabilizar la prosecución de la investigación, ahora formalizada”. También consideró que “el material evidencial con que cuenta la Fiscalía es vasto y alcanza a respaldar la solicitud” del fiscal.
