19 de noviembre de 2026 20:38 hs

Este jueves, el director de Jurídica de la Intendencia de Rocha, Federico Velázquez, defendió el procedimiento que terminó con la demolición de una vivienda en Barra de Valizas y aseguró que se trató del "cumplimiento de una orden" judicial, luego de un proceso administrativo y judicial iniciado en 2022.

Durante el operativo, realizado el martes 17 de noviembre, hubo incidentes entre los ocupantes y las fuerzas policiales, y una mujer de 56 años resultó herida en el pie por un disparo de munición menos que letal.

"Lo que se ve ahí es una resistencia al cumplimiento de una orden, de una sentencia de un juzgado que se dictó en el marco de un proceso con todas las garantías del proceso", dijo Velázquez, en una entrevista con Todo Un Tema, un programa del streaming de El Observador.

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El jerarca explicó que el procedimiento comenzó en 2022, cuando los inspectores departamentales detectaron el "inicio de la construcción" en un terreno donde está prohibido edificar. A partir de esa constatación, la comuna inició un procedimiento administrativo, que derivó en una resolución del intendente que ordenaba la demolición. Ante el incumplimiento, la intendencia acudió a la Justicia.

"En el proceso administrativo se le dan las vistas, las oportunidades de defensa, se dicta la resolución que se notifica y después de eso se inicia el procedimiento judicial donde la persona también es notificada para que comparezca a defenderse", señaló Velázquez. Según agregó, la ocupante tuvo "defensa letrada por medio de abogado en el proceso judicial".

La resolución judicial fue apelada y confirmada, y la Intendencia notificó a la ocupante con unos 20 días de anticipación antes de ejecutar la demolición.

"Más de 200 expedientes" por construcciones irregulares en Valizas y Punta del Diablo

El director de Jurídica de Rocha sostuvo que la ocupación irregular de terrenos y las construcciones fuera de la normativa son un "fenómeno común" en la costa rochense. Según detalló, en la zona de Valizas y Aguas Dulces hay actualmente entre siete y ocho procesos judiciales por demoliciones y entre 15 y 20 expedientes administrativos que todavía no llegaron a esa instancia.

La intendencia también tiene una intervención de mayor escala en Punta del Diablo. Allí, según Velázquez, "hay más de 200 expedientes" administrativos vinculados a construcciones en la faja costera.

"Está focalizado en lo que se conoce como Casco Sur, el casco histórico del balneario Punta del Diablo", explicó. Y agregó que muchas de esas viviendas son utilizadas durante el verano por personas que llegan desde otros departamentos o países.

A diferencia de lo que podría suponerse por la imagen tradicional del balneario, Velázquez señaló que buena parte de las construcciones relevadas son de mampostería y de "buen nivel". "No estamos hablando de los ranchos típicos de Punta del Diablo, estamos hablando de construcciones más tradicionales, si se quiere; hay de todo", resumió.

El jerarca indicó que algunas tienen varias décadas, mientras que otras fueron construidas hace unos 20 años o menos. La intendencia busca determinar si están ubicadas sobre terrenos que integran el dominio público y evaluar el impacto que generan sobre el ecosistema costero. En ese sentido, señaló que la intendencia solicitó informes sobre la afectación de las construcciones a la calidad de la arena y del agua, además de relevamientos sobre el tratamiento de los efluentes de las viviendas.

Velázquez adelantó que las actuaciones en Punta del Diablo se suspenderán durante el período de mayor actividad turística y se retomarán cuando baje la temporada.

La Intendencia también tiene actuaciones en otras zonas del departamento. Velázquez mencionó el caso de Garzón, a unos 10 kilómetros de Maldonado, donde hace cuatro años se generó "espontáneamente" un asentamiento de unas 40 construcciones. La intendencia demolió varias de ellas y todavía mantiene expedientes administrativos y judiciales abiertos; según adelantó, se prevé "demoler dos" viviendas más.

La vivienda demolida en Valizas se utilizaba "esporádicamente"

Velázquez cuestionó que se presentara el caso como el "desalojo". Según explicó, se trataba de una mujer que "declaró ser ciudadana ecuatoriana y que vive parte del tiempo ahí y parte del tiempo fuera del país".

Consultado sobre si se trataba de una casa de veraneo, respondió: "Yo no diría que es una casa de veraneo porque no tengo los elementos para decirlo". Sin embargo, indicó que, de acuerdo con el expediente y con lo declarado por la propia ocupante, era una vivienda que se utilizaba "esporádicamente o por períodos" y que "no se utiliza permanentemente".

El jerarca también precisó que la construcción estaba ubicada entre los balnearios de Valizas y Aguas Dulces, en una zona frente al océano Atlántico, a unos 200 metros de la línea de ribera. Allí existen padrones propiedad de la Intendencia de Rocha y otros pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización. Velázquez aclaró que, aunque habitualmente se habla de desalojo, en este caso la actuación de la comuna fue una "demolición de una construcción irregular".

"En realidad no se trata estrictamente de un desalojo, sino de una acción de demolición de una construcción irregular en un lugar donde está prohibido", explicó.

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