Políticas del miedo se usan para reprimir derechos en el mundo

Human Rights Watch señaló una caída en el respeto a los derechos humanos a nivel global

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) lanzó su informe anual y destacó que a nivel global varios gobiernos usaron "políticas del miedo" frente al terrorismo y la llegada de refugiados, y que esto es una amenaza para los derechos.

"El miedo a los ataques terroristas y la llegada masiva de refugiados impulsaron a muchos gobiernos occidentales a reducir la protección de los derechos humanos", criticó el director de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, en la presentación del informe anual mundial de la organización.
"Este retroceso amenaza los derechos de todas las personas, sin que se haya demostrado ningún efecto a la hora de proteger a la gente", agregó.

Es más, esa actitud de colocar bajo sospecha a colectivos enteros de inmigrantes o minorías no solo es reprobable sino incluso "peligroso", porque "acusar a una comunidad en su conjunto por las acciones de unos pocos causa precisamente la división y animadversión que explotan los reclutadores de terroristas", subrayó el experto.

Roth insistió en que los gobiernos europeos deben crear vías de entrada seguras para los refugiados, lo que no solo evitaría que se mueran ahogados sino también permitiría un mayor control.

El documento analiza la situación en 90 países, entre los que no se encuentra Uruguay.

Otro de los aspectos que se destacan son las medidas represivas usadas por algunos gobiernos autoritarios, especialmente los de China y Rusia, para restringir las actividades y la financiación de asociaciones civiles por temor a posibles movilizaciones populares.

"Una represión de esta intensidad no se había visto en décadas, incluyendo la persecución de grupos disidentes en Rusia y el arresto de abogados y activistas en China", señala HRW.

También en Turquía el gobierno reprimió con dureza a activistas y medios de comunicación críticos con su labor, según la organización pro derechos humanos.

Otro de los asuntos en los que hace énfasis el reporte es el problema social que representan los matrimonios de menores: más del 10% de las niñas en los países en vías de desarrollo se casa antes de alcanzar los 15 años, y una de cada tres, antes de los 18.

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Cuba: sin mejoras

El anuncio del proceso de normalización de las relaciones entre EEUU y Cuba no supuso mejoras en términos de derechos humanos para los habitantes de la isla, según la ONG.

"Hay algunos presos políticos liberados pero, por lo demás, no ha cambiado nada. La situación en cuanto a las libertades sigue siendo básicamente la misma", denunció ayer Daniel Wilkinson, el director adjunto para América Latina de HRW.

El informe establece que los cubanos que critican al gobierno continúan sujetos a procesos criminales.
"No cuentan con las garantías del debido proceso legal y, en la práctica, las cortes están subordinadas a los poderes Ejecutivo y Legislativo", lo que impide la independencia judicial.

Al mismo tiempo, en la isla gobernada por Raúl Castro sigue habiendo detenciones arbitrarias "para perseguir e intimidar a personas que ejercen sus derechos fundamentales".

Se denuncia la "frecuente utilización" de procedimientos para impedir que los ciudadanos participen en manifestaciones pacíficas.

Y, de acuerdo con el anuario, todavía hoy muchos de los detenidos "son golpeados, amenazados e incomunicados durante horas o días".

Brasil: un año frustrante

Con más de 3.000 asesinatos cometidos por fuerzas del orden en el año, en Brasil se vivió un "año frustrante en el que se vio un fracaso generalizado en todas las esferas del gobierno en materia de seguridad pública", según señaló la directora de HRW en el país, Maria Laura Canineu.

El aumento de estas muertes respecto del año anterior fue de 40% e implica que la Policía en Brasil mate a ocho personas al día. "Trabajan en un ambiente altamente criminal y es natural que puedan ejercer su dominio de la fuerza en legítima defensa, pero no siempre ocurre así".

Según HRW, hay "violaciones crónicas de derechos humanos" en el país y se necesita responsabilizar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

En las cárceles se registra tortura y maltratos, así como violencia y hacinamiento, pues la población detenida supera en 61% la capacidad de alojamiento.

En la presentación, el director regional de HRW comentó que la organización está "frustrada" y "decepcionada" con la actitud del gobierno de Dilma Rousseff por no condenar más las violaciones de derechos que hay en Venezuela. "Brasil podría ejercer un mayor liderazgo y llevar a cabo un proceso relevante de construcción de instituciones democráticas en la región", concluyó la organización.

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Venezuela: sin Poder Judicial

El apartado sobre este país es contundente, pues afirma que el Poder Judicial "prácticamente dejó de funcionar de forma independiente" desde que el gobierno y sus afines asumieron "el control político de la Corte Suprema". Esto hace que las autoridades aprovechen la falta de independencia del Poder Judicial para detener y procesar a opositores políticos como Leopoldo López, según la ONG.

El director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, consideró que la situación en el país "no deja de ser muy preocupante", porque el "lamentable" panorama "es mucho más que las elecciones". Se refirió a la censura, el cierre de canales de televisión, la represión contra manifestantes pacíficos o la persecución contra opositores.

Otro apartado del informe está dedicado al operativo de seguridad Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementado en 2015 y que consiste en el despliegue de policías y militares en zonas consideradas como "violentas" para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones. Durante las operaciones, que causaron varias muertes, "las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales", criticó HRW.

Argentina: situación dispar

Human Rights Watch usa ese adjetivo para referirse a lo que ocurre en Argentina, donde "si bien se garantizan numerosas libertades fundamentales, subsisten problemas como amenazas a la libertad de expresión, ausencia de legislación exhaustiva sobre libertad de información, abuso policial, condiciones carcelarias deficientes, obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva y desprotección de derechos indígenas".

El informe destaca que el atentado de la AMIA en 1994 en Buenos Aires todavía no fue aclarado, y dedica unos párrafos a explicar la muerte del fiscal que lo investigaba, Alberto Nisman. Da cuenta, asimismo, que durante el año algunos miembros del gobierno acosaron jueces, amenazando la independencia judicial.

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