Posible entierro legal al chavismo
La asunción opositora del control del Parlamento de Venezuela abre el camino a la defunción del chavismo por vías constitucionales
La asunción opositora del control del Parlamento de Venezuela abre el camino a la defunción del chavismo por vías constitucionales. Nada es seguro en ese país resquebrajado, ya que el autoritario presidente, Nicolás Maduro, ha afirmado que no entregará el poder. Pero si se concreta la forma legal de acortarle su mandato, como anunció el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, mal podrá Maduro aferrarse al cargo en circunstancias que determinarían su ineludible expulsión de los organismos regionales. La oposición, unificada en la Mesa de Unidad Democrática que apabulló al oficialista Partido Socialista Unido en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, tiene desde el martes más de dos tercios de las 167 bancas del Parlamento unicameral.
Esa mayoría le facilita la aprobación de leyes que reviertan la estructura institucional del país, despedazado por la ineficiencia y la corrupción del chavismo. En la ceremonia de asunción de los diputados, agitada por las iras de los legisladores chavistas, que se retiraron de sala, Ramos Allup adelantó la rápida puesta en marcha de dos iniciativas trascendentes. Una es una ley de amnistía para liberar a unos 75 presos políticos, arbitrariamente condenados por el sumiso Poder Judicial, y que incluye a dirigentes opositores de primera línea.
La otra es forzar la salida del funesto Maduro por vía legal. La fórmula que parece más viable es un referendo que revoque el mandato presidencial dentro de seis meses, contemplado en la Constitución cuando Maduro cumpla la mitad de su período presidencial, que expira en 2019. El resultado de la consulta es previsible, dada la abrumadora mayoría de venezolanos que votaron contra el gobierno en diciembre. Otra opción igualmente legal pero más complicada es convocar a una Asamblea Constituyente. Y queda por último la esperanza, más que improbable, de que Maduro renuncie voluntariamente. Ramos Allup afirmó también que la Asamblea Nacional controlará estrictamente al Poder Judicial, al que acusó fundadamente de estar “al servicio del Ejecutivo”, así como a otros organismos del Estado serviles al autoritarismo presidencial.
Es apenas el comienzo de un largo proceso para poner orden y restablecer una democracia vulnerada por 15 años de autoritarismo chavista, que ha desmoronado el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Golpeado por la caída del precio del petróleo, fuente del 96% de sus exportaciones, por sus ineficiencias de gestión y por una corrupción desaforada, Venezuela enfrenta hoy un déficit fiscal del 20% del Producto Interno Bruto, su caída en 6% en 2015 y una empobrecedora inflación del 200%. El resultado es una pavorosa escasez de alimentos y otros muchos artículos de primera necesidad, que los venezolanos tratan de conseguir por gotas en colas interminables ante los desabastecidos comercios.
Poco antes de las elecciones legislativas Maduro anunció que, si las perdía, pasaría a gobernar con un régimen “cívico-militar”. No ha vuelto a mencionar ese recurso dictatorial, probablemente abrumado por la magnitud de su derrota electoral. Y mal podrá hacerlo si se concreta la vía constitucional para su salida del poder, ya que la alternativa inexorable sería el total aislamiento del país por la expulsión de su gobierno del Mercosur, de la Unasur y de la OEA en aplicación de la cláusula democrática de esos organismos.
