Postergación inevitable del CPP
Diferir por cuatro meses la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal es necesario para que rija desde el comienzo en forma completa y ordenada
La decisión de diferir por cuatro meses la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal (
CPP) es inevitable por la necesidad de que rija desde el comienzo en forma completa y ordenada. Pero debe ser la última postergación de la reforma de un sistema injusto y enredado, que le ha costado al país la condena de Naciones Unidas y que está en confección desde hace casi ocho años.
El gobierno anunció que aprobará la nueva fecha de noviembre si existe acuerdo político, que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo haber logrado ya en consultas con todos los partidos. Igual curso promueven los fiscales, en quienes recae la parte más complicada del nuevo curso, ya que aumentarán sus funciones en varias áreas, en tanto los jueces verán diminuidas sus tareas actuales. También se amplía el trabajo de la Policía al colaborar con los fiscales. El único desacuerdo sobre fechas proviene de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ha insistido, aunque sin éxito, en mantener la original de vigencia del 16 de julio.
El cambio mayor del anticuado sistema inquisitorio actual a uno acusatorio es poner en manos de los fiscales la investigación de los delitos, tarea que hasta ahora comparten con los jueces. Estos magistrados se limitarán a escuchar la acusación fiscal y los argumentos de los abogados defensores para luego dictar sentencia, en juicios orales y públicos. Pero incluso entre los fiscales persisten divergencias. Mientras el fiscal de Corte, Jorge Díaz, insiste en directivas comunes para los fiscales, algunos de estos magistrados objetan que ese procedimiento viola la independencia que les confiere la ley orgánica del Ministerio Público.
El nuevo CPP fue redactado durante tres años por una comisión de juristas. Luego yació inactivo en el Parlamento por igual período debido a otras urgencias legislativas del Frente Amplio y a la renuencia a asegurar los recursos necesarios para solventar la contratación de más fiscales y otros funcionarios, el entrenamiento de todo el plantel judicial y de la Policía y la preparación de instalaciones adecuadas, con capacidad para albergar público en los juicios penales.
Llevó más de un año cambiar algunos aspectos del proyecto original y poner en marcha la preparación de la estructura del nuevo sistema. La SCJ ha sido partidaria de su vigencia desde julio aunque fuera rengueando, aplicándolo solo en Montevideo. Pero Díaz señaló acertadamente la incongruencia de que los acusados fueran sometidos a juicio bajo el sistema acusatorio en parte del país mientras en otros departamentos se siguiera haciendo bajo el sistema inquisitorio.
Graciela Gatti, jueza de un tribunal penal de Apelaciones y representante del
Poder Judicial en la comisión interinstitucional a cargo de implementar el CPP, defendió la postergación para que todos los servicios lleguen mejor entrenados y evitar el riesgo de un fracaso por preparación insuficiente.
Esta preparación está lejos de completarse pese a la aceleración de los preparativos en los últimos meses. Hay por delante ahora cuatro meses para poner todo a punto, plazo que es imperativo aprovechar para que todo esté listo en noviembre, incluyendo la definición de divergencias que aún persisten con la SCJ y entre los propios fiscales, y para que el país pueda salir de la ignominia de un sistema que viene desde la justicia medieval española.
