Presidencia de la República estudia enviar a la Justicia el expediente del caso que enfrenta el empresario deportivo Francisco Casal con la Dirección General Impositiva (DGI), luego de recibir informes técnicos que indican que pueden haber existido errores en perjuicio del contratista, en las actuaciones del órgano recaudador desde el año 2002.
Según consigna este jueves el semanario Búsqueda en base a una alta fuente del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía recibió informes que “contradicen dictámenes emitidos oportunamente que habían llevado a la DGI a formular denuncias ante la Justicia y a obtener de la Justicia determinadas interdicciones sobre empresas del grupo”.
Como es posible que existan errores, al decidir qué hacer frente a ello la Administración podría quedar en situación de ser juez y parte, por eso quiere recurrir a una institución “objetiva e imparcial” para que resuelva.
La DGI ha sostenido que Casal, además del impuesto sobre la transferencia de futbolistas al exterior, debería pagar el Impuesto a la renta de las Actividades Empresariales (IRAE) y el Impuesto al Patrimonio, y estima que debe al Estado US$ 100 millones. El empresario lo niega.
En el año 2008 una jueza embargó al contratista y a las empresas e integrantes de su grupo económico por US$ 25 millones.