Primer fallo de la Suprema Corte de Justicia contra el impuesto a la tierra

El primer productor afectado por la declaración de inconstitucionalidad es de Artigas

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dio a conocer ayer viernes la primera sentencia contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). El impuesto fue declarado inconstitucional por primera vez ante el recurso que había presentado un productor rural del departamento de Artigas, Lohengrin Goncalvez, según informa el diario El País este sábado.

Para emitir esta sentencia favorable al productor, la SCJ recurrió al artículo 297 de la Constitución que prohibe la superposición de tributos (lo que ocurriría con el ICIR y la Contribución Inmobiliaria Rural), agregó el diario. Asimismo, se entendió que el ICIR atenta contra la autonomía en las áreas de finanzas e impuestos de los gobiernos departamentales.

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Cuatro de los cinco ministros de la Corte votaron a favor de la inconstitucionalidad en este caso.

"Esto supera con creces la situación de mis clientes, porque muestra que las personas que se sientan agredidas en sus derechos pueden recurrir a la Justicia y que ésta actuará en forma independiente", dijo a El País el abogado y exvicepresidente durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre, asesor de Goncalves. Aguirre tiene 100 de los 127 recursos aún en trámite contra este impuesto.

El jueves pasado, el semanario Búsqueda había publicado que el ICIR sería declarado inconstitucional por la SCJ.

Ese mismo día, el presidente José Mujica mencionó en su audición radial la posibilidad de reformar la Constitución ante la declaración de inconstitucionalidad del llamado "impuesto a la tierra".

La propuesta del presidente tiene adeptos en filas del gobierno. La posibilidad fue barajada por el senador Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), por varios dirigentes del MPP y del Partido Socialista.

El ICIR fue aprobado por el Poder Legislativo en diciembre del 2011 y comenzó a ser cobrado un año después. Fijó tasas progresivas para los propietarios de más de 2.000 hectáreas o su equivalente en función del índice Coneat.

Se calculaba que a través del ICIR el gobierno recaudaría unos US$ 60 millones, que serían destinados a mejoras en la caminería rural. En la última semana se supo que el Ejecutivo pretende discutir nuevas medidas para gravar a la tierra, ante la postura de la SCJ.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ruben Echeverría, dijo a Reuters que está satisfecho con la decisión. "No lo sentimos como un triunfo ni como una derrota, sino que simplemente se defendió lo que dice la Constitución", afirmó.

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