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Conocido el decreto reglamentario de la ley de Participación Público Privada (PPP), estudios profesionales, asesores de inversores nacionales y extranjeros, comenzaron a recibir consultas para profundizar sobre las condiciones que estableció el gobierno para asociar al Estado con agentes privados.

Según supo El Observador, los posibles socios de la administración pública, interesados en la realización de obras de infraestructura productiva y de servicios, analizan con los expertos algunos aspectos puntuales del decreto, como la competencia entre privados para obtener la concesión, la posibilidad de modificar los contratos y, muy importante, la solución de eventuales conflictos con el Estado a través de arbitrajes.

El Observador publica aquí el texto íntegro del decreto del gobierno con 89 artículos.
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