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Prohibieron en Nicaragua tradicionales procesiones católicas por “razones de seguridad pública”
La policía de Nicaragua prohibió a la iglesia católica realizar procesiones religiosas en la ciudad de Masaya, por motivos de "seguridad pública", informó una fuente eclesial.
La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la policía le notificó que "por razones de seguridad pública no serán permitidas las procesiones en las festividades" de San Miguel Arcángel y de San Jerónimo que se celebra en Masaya, 30 kilómetros al sureste de la capital.
La festividad de San Miguel Arcángel, se realiza el 29 de septiembre y la de San Jerónimo, patrono de la ciudad, el 30 del mismo mes.
Esta última celebración se extiende hasta noviembre y es una de las más extensas en el país.
Ante la medida policial, la Arquidiócesis que comprende la capital y ciudades vecinas de Masaya y Carazo invitó a los devotos y promesantes de los santos patronos a rendirles homenaje con la fe y devoción en sus corazones y con “la fuerza de la herencia ancestral en sus comunidades”.
Es la segunda vez que las autoridades prohíben a la iglesia católica realizar una procesión, ya que el pasado 13 de agosto la policía canceló una peregrinación de la virgen de Fátima al cierre del congreso mariano, realizado en la capital.
La iglesia católica había reanudado este año la realización de procesiones, después de dos años que las interrumpió por medidas de seguridad a causa de la pandemia del Covid-19.
En 2018, Masaya, fue considerada una ciudad rebelde, por su rechazo a las medidas de fuerza contra manifestantes que protestaban contra una reforma a la seguridad social y que derivo en un reclamo de renuncia al presidente Daniel Ortega.
La prohibición de realizar actos religiosos en la vía pública, se enmarca en el creciente conflicto entre el gobierno con las autoridades del catolicismo en este país centroamericano.
El punto culminante fue en agosto con el arresto domiciliario del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Las relaciones entre el clero y el gobierno son tensas desde 2018, cuando los curas abrieron los templos para atender heridos en las protestas en contra del gobierno, que dejaron 355 muertos y cientos de heridos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, un exguerrillero de 76 años que está en el poder desde 2007, acusa a los religiosos de haberse asociado con sus opositores en un fallido golpe de Estado para derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.
