Prolongan ultimátum a secuestrado en Pakistán
Los grupos armados que secuestraron al funcionario estadounidense de la ONU, reclaman una autonomía y una mejor distribución de las riquezas al gobierno central
Los militantes separatistas que desde principios de febrero mantienen secuestrado en el sur de Pakistán a John Solecki, un responsable estadounidense de la ONU a quien amenazaron con matar, prolongaron su ultimátum a pedido del gobierno, anunció este lunes un portavoz del grupo.
"Hemos decidido extender el plazo a pedido de nuestros honorables líderes de Baluchistán", indicó por teléfono a la prensa un portavoz del Frente Unido de Liberación de Baluchistán (BLUF, por sus siglas en francés).
"Un nuevo plazo se anunciará más tarde", añadió el portavoz, que se identificó como Mir Shahak.
Solecki, responsable del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Quetta, capital de la suroccidental provincia de Baluchistán, fue secuestrado el 2 de febrero cuando iba al trabajo. El conductor del vehículo fue asesinado en el ataque.
El primer ultimátum, que vencía este lunes, había sido anunciado por el BLUF el viernes pasado en un video difundido por los canales de televisión paquistaníes y en el cual John Solecki, con los ojos vendados, anunciada que estaba "enfermo" y pedía a la ONU que facilitara las negociaciones para su liberación.
En el comunicado del viernes, el BLUF, un grupo poco conocido de rebeldes separatistas de etnia baluch, reclamó la liberación de 141 mujeres detenidas en cárceles paquistaníes, según ellos, y exigieron información sobre unos 6.000 hombres dados por "desaparecidos" desde el inicio de la insurrección separatista en Baluchistán hace cinco años. El gobierno negó que estas mujeres estén detenidas.
Hasta ahora, el secuestro de extranjeros en Pakistán era obra de militantes islamistas cercanos a los talibanes y a Al Qaida, que reconstituyeron sus fuerzas en zonas tribales del noroeste fronterizas con Afganistán, pero también en Baluchistán.
Cientos de personas han muerto desde 2004 en actos de violencia vinculados a la rebelión de esta etnia de una provincia rica en gas y recursos mineros. Los grupos armados reclaman una autonomía y una mejor distribución de las riquezas al gobierno central.
(AFP)