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A impulso del Frente Amplio y con la intención de sumar voluntades en los partidos de la oposición, la izquierda anuncia que moverá cielo y tierra para que el voto de los uruguayos en el exterior sea realidad para las elecciones de 2014.

Con el antecedente aún fresco del proyecto interpretativo para eliminar la ley de Caducidad y lo caro que le resultó ese tema, el gobierno decidió quedar por fuera del tema y lo delegó en la fuerza política.

La comisión multipartidaria que organiza la movida espera recibir un proyecto de ley que está en proceso de elaboración por parte del Frente Amplio (FA) pero advierten que si esa iniciativa no alcanza las adhesiones necesarias en el Parlamento (requiere dos tercios de cada cámara por ser una ley electoral), otra vez apelarán al voto popular como ya lo hicieron en 2009.

En aquella oportunidad, el cuerpo electoral debió decidir si habilitaba el voto epistolar (por correo), pero la iniciativa fracasó al obtener solamente el 38% de las adhesiones. Ahora la intención es que el sistema electoral uruguayo posibilite a la diáspora elegir presidente, vicepresidente y la integración del Parlamento desde mesas de votación instaladas en los consulados uruguayos.

Brenda Falero, integrante de la comisión pro voto del exterior, que ya funcionó para el plebiscito de 2009 y sigue trabajando detrás del mismo objetivo, informó a El Observador que buscarán todas las opciones para convocar a un plebiscito si no hay apoyo político porque el derecho al voto está consagrado en la Carta Magna.

“El espacio para el debate va a ser este año y si no hay acuerdo en 2013 hay que someterlo lo antes posible a la ciudadanía para tener el tiempo suficiente para que cada sector político se pueda organizar de cara a 2014 porque van a tener que planificar no solo dentro del país sino también en el exterior”, dijo.

El grupo está conformado por militantes fundamentalmente del FA, pero también de otros partidos políticos. Una de las figuras más notorias es Juan Raúl Ferreira, hijo del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate e integrante del directorio blanco. La prioridad para la comisión es que el proyecto de ley sea aprobado, pero por las dudas tienen un plan B.

La derrota en el plebiscito de 2009 fue un golpe duro para la comisión. Tras analizar lo sucedido con autocrítica, uno de los temas que fue conversado es lo perjudicial que resulta someter este tipo de temas delicados a la soberanía popular junto a las elecciones nacionales.

El argumento es que la elección del presidente se lleva toda la atención de los medios de comunicación y el debate de fondo queda relegado. Por eso, ahora la intención es separarlo de los comicios generales.

“Hay que someterlo a la ciudadanía pero fuera de las elecciones nacionales para que este sea un tema en sí mismo. Debe ser por lo menos un año antes de las elecciones”, dijo Falero, una de las figuras más visibles de la comisión.

Sin embargo, en ese sentido surgen complicaciones jurídicas. La Carta Magna ofrece la posibilidad de juntar firmas y convocar a la ciudadanía con el 10% del cuerpo electoral, pero en ese caso el plebiscito es sí o sí junto a las próximas elecciones. El constitucionalista Martín Risso dijo que los caminos para separar la consulta de las comisiones nacionales es complejo.

“Hay dos posibilidades pero son muy remotas. Una es una Asamblea Nacional Constituyente, para lo que no daría el tiempo (si se piensa en 2013). Y la otra es una ley constitucional que requeriría dos tercios de votos de cada cámara. Fuera de esos dos casos no es posible”, sostuvo.

En este último caso, a los que impulsan la medida se les presenta la misma dificultad que con el proyecto de ley: lograr que la oposición acompañe el proyecto y alcanzar así esos dos tercios.
Gobierno por fuera
“Apoyo al voto de los compatriotas en el exterior”. Ese compromiso programático aparece en la página 18 de la plataforma electoral presentada por el Frente Amplio para las últimas elecciones.

De todos modos, el gobierno quiere quedar por fuera del tema y lo ha delegado en la fuerza política. Así lo informó a El Observador el canciller Luis Almagro.
“Una de las posibilidades técnicas es el voto consular y nosotros tenemos que dar informes al respecto. Estos datos se han pasado al Frente Amplio para su consideración. El proyecto lo va a llevar adelante la fuerza política”, dijo.

El Ejecutivo se limitará a dar algunas pautas técnicas y deberá ser la coalición de izquierda la que salga a negociar con la oposición. De fondo están las severas críticas de los partidos tradiciones al gobierno, acusándolo de violar la soberanía popular ante el tema de la caducidad.

De hecho, el gobierno comenzó teniendo un protagonismo claro en este tema y ahora busca abrirse y que el asunto sea comandado por los legisladores y dirigentes de la izquierda. Desde la Cancillería, quien llevaba la voz firme para habilitar el voto desde el exterior era el subsecretario Roberto Conde. El jerarca estuvo reunido varias veces en su despacho con Falero y Ferreira para ajustar los detalles y las pautas que tenía en mente el Poder Ejecutivo.
El FA toma la posta
El presidente de la coalición de izquierda, Jorge Brovetto, dijo a El Observador que el documento con sugerencias elaborado por la Cancillería fue analizado por el Secretariado Ejecutivo de la fuerza política.

La decisión fue conformar una comisión para que haga un detallado análisis de los parámetros de interés del Poder Ejecutivo y luego elabore un proyecto de ley dando cumplimiento al programa. Para marzo, el grupo de trabajo deberá elevar un informe sobre los caminos que considere adecuados para seguir.

Luego que la izquierda logre un consenso interno, la estrategia será negociar con todo el sistema político en busca de apoyo en un asunto que ha sido una bandera histórica para el FA pero que despierta dudas en la oposición. l
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