Legisladores del Frente Amplio y de la oposición llegaron a un acuerdo para reducir el monto de las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales –que son competencia del Ministerio de Transporte– siempre que se paguen dentro de los 365 días desde la notificación. La idea es votar el proyecto en comisión este miércoles con el respaldo de todos los partidos.
El proyecto fue una iniciativa de los legisladores Sebastián Andújar (Partido Nacional), Conrado Rodríguez (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) que fue bien recibida por el oficialismo y generó un debate que llegó hasta las matrículas adulteradas, una preocupación tanto de Transporte como del Ministerio del Interior.
En una reunión el lunes 27, los legisladores acordaron reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad siempre que se paguen antes de los 180 días (6 meses) o una reducción cercana al 30% si se hace entre los 181 días y los 365. Luego del año los valores se mantienen tal como están actualmente.
Hoy la escala es gradual según la velocidad: si un conductor sobrepasa el límite de velocidad por hasta 20 kilómetros por hora la multa es de 5 unidades reajustables ($9.570), si lo hace por entre 21 km y 30 km son 8 UR ($15.120) y si lo hace por entre 31 km y el doble menos 1 km es de 12 UR ($ 22.968).
Si el conductor supera el límite de velocidad por más del doble el monto se mantiene en 15 UR ($ 28.710) y no hay posibilidad de reducirlo. Si se aprueba el proyecto, la reducción regirá sobre esos montos.
A pedido de la bancada oficialista, que recogió un planteo del Ministerio de Transporte, los impulsores de la iniciativa incluyeron en el proyecto que la reincidencia es un factor a tener en cuenta para aplicar los descuentos.
Si bien puede sufrir algún ajuste, el proyecto que se pondrá a discusión este miércoles planteará que los conductores que hayan tenido más de cinco infracciones en el año calendario no tendrán el beneficio del descuento. Algunos legisladores, de ambas bancadas, entienden que el número debe ser tres y no cinco. Eso se terminará de definir en la votación de este miércoles.
De todos modos, los legisladores todavía tenían algunas dudas sobre cómo aplicar la reincidencia porque las multas son a los vehículos y no a los conductores. Entonces, si el auto se vende y pasa a un nuevo dueño, ¿qué pasa con las multas que haya tenido en el último tiempo? El legislador colorado Conrado Rodríguez era quien en la tarde de este martes estaba tratando de redactar el proyecto de forma que sea aplicable.
Según datos presentados por el Ministerio de Transporte en la comisión que estudia el proyecto, el 30% de los vehículos infractores acumulan el 60% de las multas. En promedio, en un año calendario hay casi 10 mil vehículos (40% extranjeros) que cometen al menos cinco infracciones por exceso de velocidad en rutas nacionales.
“O sea, tenemos una distribución muy concentrada entre quienes son los infractores. Por lo tanto, creo que es un buen mensaje separar a quien le sucedió algo una vez de quien tiene una conducta de cometer infracciones sistemáticamente”, dijo en comisión el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, según consta en la versión taquigráfica.
En el Congreso de Intendentes están a la espera de la resolución que tome el Parlamento porque entienden que tiene que haber un criterio único sin importar si es competencia departamental o nacional.
“No parece lógico tener dos soluciones para un mismo tema”, dijeron fuentes del Congreso a El Observador. Hace unas semanas los intendentes se pusieron de acuerdo en otorgar un beneficio del 50% a aquellos que paguen las multas antes de que venza la primera cuota de la patente del año siguiente.
Esa solución, que aun no está vigente, aplica para distintos tipos de multa pero deja afuera las más graves:
- Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas.
- Negarse a la prueba de alcohol u otras drogas.
- Participar en competencias vehiculares no autorizadas.
- Conducir al doble o más de la velocidad permitida.
- Conducir sin el Permiso Único Nacional de Conducir habilitante para la categoría del vehículo que conduce.
- No usar cinturón de seguridad.
- No usar casco.
- Menor de 12 años en asiento delantero.
- Menor de 12 años sin Sistema de Retención Infantil.
Matrículas adulteradas
El proyecto también plantea dos cambios vinculados a la problemática de las matrículas adulteradas. Por un lado, el proyecto aumenta de 4 UR ($7.664) a 15 UR la multa por "circular sin matrícula, con matrículas adulteradas con el propósito de cambiar su identificación original u ocultarla de forma deliberada".
Otro punto que también reclamaba el Poder Ejecutivo, y que fue recogido por el proyecto de la oposición, era que el Ministerio de Transporte pudiera fiscalizar el tema de la modificación de matrículas. Por eso el proyecto incluye un artículo que faculta a la Dirección Nacional de Vialidad a "a aplicar multas a titulares de vehículos que circulen con matrícula adulterada en jurisdicción nacional". Hasta ahora lo podía hacer Policía Caminera que depende del Ministerio del Interior.
Los fondos recaudados por esas multas serán destinados, dice el proyecto, a la ejecución de obras de infraestructura vial.
En 2025 se detectaron 684.375 incidentes sancionables. Esos incidentes luego son depurados –se eliminan, por ejemplo, las ambulancias en emergencias o los patrulleros en operativos– y a partir de esos números el Ministerio de Transporte aplicó unas 113 mil multas a vehículos nacionales y más de 105 mil a extranjeros (218 mil en total).
Sin embargo, en 2025 hubo 330 mil multas que no se pudieron aplicar porque la matrícula estaba adulterada, tapada o no existía. Es decir, casi la mitad de los incidentes que se registran no se pueden sancionar por ese motivo y, en promedio, el 80% de los que no se pueden identificar son motos.
Fondo de seguridad vial
En la redacción que estaba manejando la oposición, el artículo 3 del proyecto presentado creaba el Fondo de Educación en Seguridad Vial que iba a ser administrado por el Ministerio de Transporte y que se utilizaría, con el asesoramiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, para diseñar e implementar campañas masivas de información y educación para la buena conducta de los conductores y para la instalación de radares pedagógicos.
Ese fondo se iba a nutrir, con la redacción original, con el 10% de lo recaudado por multas por infracciones de tránsito por exceso de velocidad.
Sin embargo, tras los intercambios con el oficialismo se llegó a un acuerdo que “encomienda” al Ministerio a hacer campañas, utilizando recursos que provengan de las multas, pero sin especificar el porcentaje ni crear un fondo específico.
