La prestación tendría duración limitada y condiciones similares al seguro de desempleo vigente
El documento del Diálogo Social incluye un capítulo sobre protección social de las personas activas en el que se plantea la creación de un seguro por cese de actividad para trabajadores independientes.
La propuesta busca avanzar hacia un sistema más inclusivo, que reduzca las brechas existentes entre quienes trabajan de forma dependiente e independiente.
La idea parte de que, si bien las personas independientes están afiliadas y aportan a la seguridad social, actualmente “carecen de mecanismos de protección frente a la pérdida de ingresos por cese de actividad”. En ese marco, se propone la creación de una prestación económica temporal que cubra este riesgo.
El informe plantea implementar un seguro por cese de actividad que, en una primera etapa, alcance al menos a los trabajadores independientes en situación de mayor vulnerabilidad, con la posibilidad de ampliarlo luego a otros colectivos.
En particular, se propone comenzar por monotributistas y empresas unipersonales sin dependientes del sector de Industria y Comercio, siempre que cumplan con determinados requisitos de antigüedad y cotización.
La prestación tendría una duración de al menos tres meses y aplicaría “los mismos porcentajes decrecientes” que el seguro de desempleo vigente para trabajadores dependientes. Para los monotributistas, considerados el grupo más vulnerable, se prevé además un “piso básico de suficiencia”, equivalente al mínimo establecido en el seguro actual.
El documento también señala que la implementación requerirá un análisis detallado, que contemple el desafío de equilibrar la prevención de un eventual uso indebido del beneficio con el acceso efectivo al derecho por parte de los trabajadores.
En cuanto al financiamiento, se establece que esta nueva prestación “no supondrá un incremento en la tasa de aportación”, en línea con lo que ocurre con el seguro de desempleo de asalariados.
Además, la propuesta plantea que el seguro se articule con políticas activas de empleo, formación profesional y apoyo a micro y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar la reinserción laboral. Para ello, se prevé la coordinación con organismos como el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande).
Finalmente, el informe subraya la necesidad de fortalecer la institucionalidad para su implementación y de establecer mecanismos de evaluación y monitoreo continuo, que permitan ajustar el instrumento en función de la evolución del mercado laboral.
El informe también analiza el esquema actual de aportes y beneficios de los trabajadores independientes y señala varias limitaciones en su diseño. Según el documento, este colectivo tiene una cobertura restringida de prestaciones, ya que no cuenta con seguro por cese de actividad y los subsidios por maternidad y paternidad no alcanzan a todos.
Además, advierte que las prestaciones que reciben “generalmente no alcanzan niveles adecuados de suficiencia”, lo que marca una diferencia con la protección que tienen los trabajadores dependientes.
En paralelo, el texto cuestiona el sistema de aportes basado en categorías fictas. Señala que este esquema “no siempre refleja la capacidad contributiva real”, lo que incentiva a muchos trabajadores a permanecer en los niveles mínimos de aportación. Esto, a su vez, impacta en la cobertura futura y genera asimetrías con los trabajadores dependientes, que aportan en función de sus ingresos reales.
El documento agrega que esta estructura también puede favorecer situaciones de dependencia encubierta, al no reflejar adecuadamente la relación laboral en algunos casos.
A partir de este diagnóstico, el informe propone analizar alternativas al esquema de contribuciones vigente, de forma que los trabajadores independientes realicen aportes más alineados con su capacidad contributiva. El objetivo es corregir “inequidades y distorsiones”, sin afectar los niveles de empleo ni el funcionamiento del entramado productivo.