Los diputados Gabriel Gurméndez, Álvaro Quintana y Juan Martín Jorge presentaron un proyecto de ley para eliminar la producción de portland de Ancap y cerrar esa actividad en un plazo de un año, al considerar que se trata de un negocio "estructuralmente deficitario" que ha generado pérdidas millonarias durante décadas.
La iniciativa a la que accedió El Observador propone derogar el cometido legal que habilita a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) a fabricar portland y dispone el cese de todas las actividades conexas, afines y derivadas vinculadas a ese negocio.
Según la exposición de motivos, el segmento portland acumuló pérdidas por más de US$ 100 millones durante el último quinquenio y aproximadamente US$ 800 millones a valor presente en las últimas dos décadas.
El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo, con asesoramiento preceptivo de Ancap, la ejecución de un proceso de cierre ordenado de la actividad. Para ello, lo faculta a realizar transferencias, cesiones, enajenaciones u otras operaciones sobre activos, bienes y derechos vinculados al negocio.
La propuesta alcanza a los yacimientos de Minas y Paysandú, las plantas industriales de producción de cemento, las instalaciones de almacenamiento, envasado y despacho ubicadas en Manga, así como los derechos de explotación, contratos y sociedades vinculadas o subsidiarias relacionadas con la actividad.
En materia laboral, el texto prevé que los funcionarios afectados sean redistribuidos dentro de Ancap de acuerdo con las necesidades del servicio y sus perfiles laborales. Aquellos que no puedan ser reubicados pasarán a integrar una nómina de excedentes que será ofrecida a otros organismos públicos, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Los autores sostienen que la producción de portland ha generado pérdidas recurrentes durante las últimas décadas y argumentan que los distintos intentos por revertir esa situación no lograron resultados.
Como uno de los antecedentes principales, la exposición de motivos recuerda el proceso de asociación integral para el negocio del cemento y la cal impulsado por Ancap en 2021. Según señala el proyecto, la propia empresa identificó entonces problemas de obsolescencia tecnológica, costos no competitivos, una elevada incidencia de costos fijos y un mercado local de tamaño reducido.
Los autores destacan además que aquel proceso culminó sin interesados, lo que consideran una señal de las dificultades estructurales que enfrenta el negocio.
El texto afirma que la eliminación de la producción de portland permitiría evitar pérdidas recurrentes que promediaron US$ 22,8 millones anuales durante el último quinquenio cerrado.
Asimismo, sostiene que mantener una actividad industrial deficitaria implica destinar recursos públicos que podrían utilizarse en otras prioridades estatales. En la exposición de motivos se mencionan áreas como infancia, salud, educación y seguridad como ejemplos de destinos alternativos para esos recursos.
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Competencia y compras públicas
El proyecto también cuestiona la posibilidad de sostener el negocio mediante acuerdos para que las intendencias compren parte del portland utilizado en obras públicas.
Según los legisladores, si esas adquisiciones no se realizan en condiciones equivalentes a las ofrecidas por los productores privados, la diferencia terminaría reflejándose en mayores costos para las obras o en mayores requerimientos presupuestales.
Además, argumentan que esa alternativa podría afectar la competencia en un mercado donde ya operan empresas privadas. En ese sentido, recuerdan que Ancap ha reconocido la existencia de capacidad instalada de producción de cemento que duplica la demanda local.
“Una solución basada en orientar compras públicas hacia el productor estatal deficitario luce inconsistente con el propio marco legal y con la señala que Uruguay debería dar a quienes invierten en sectores industriales abiertos a competencia”, dice le texto.
Como respaldo adicional, la iniciativa cita la Ley Nº 16.211 de empresas públicas y señala que esa norma establece que las empresas estatales no deberían desarrollar actividades cuyos ingresos directos no alcancen para cubrir los gastos y amortizaciones que generan.
El proyecto aclara que la eliminación de la producción de portland no implicará modificar el nombre de Ancap. Los autores sostienen que la denominación posee un valor histórico, institucional y comercial que trasciende la actividad que se propone suprimir.
