El senador blanco Luis Lacalle Herrera (Unidad Nacional) presentó un proyecto de ley para que los abogados que defienden al Estado cobren un incentivo en caso de ganar los juicios en los que actúan. Asimismo la iniciativa promueve un reparto del dinero entre otros funcionarios involucrados en el trabajo.
“Es conocida la pérdida que muchas veces sufre el Estado en juicios iniciados en su contra, algunas veces por deficiencias en la defensa de sus intereses por los abogados que lo representan. Por supuesto que generalizamos este concepto pero se han conocido casos concretos que justifican la ley que adjuntamos. Seguramente que el costo de esta ley se verá compensada con creces por un mayor éxito ante los estrados”, dice la iniciativa del expresidente blanco.
La propuesta surge en momentos en que el presidente José Mujica se ha mostrado preocupado por los juicios que enfrenta el Estado y ordenó a los organismos públicos la elaboración de una detallada lista de las demandas que se tramitan ante la Justicia.
A nivel gubernamental se cree que el Estado está mal defendido ya que se perdieron juicios o se debió pagar multas porque se omitió presentar recursos o responder a demandas en tiempo y forma.
En ese sentido, el senador Lacalle considera que se debe otorgar una compensación, a modo de incentivo, en aquellas “actuaciones contenciosas ante el Poder Judicial en las que el Estado sea favorecido por las sentencias definitivas”.
El proyecto establece que en los juicios ejecutivos (que se tramitan por cobro de deuda), los honorarios se repartirán entre los funcionarios y profesionales de las oficinas jurídicas de la siguiente forma: 20% para el abogado actuante y 10% para el procurador, si fuera del caso; 30% para los funcionarios administrativos de la oficina jurídica; y 40% para el rubro inversiones del Ministerio correspondiente.
“En los juicios ejecutivos con honorarios a cargo del ejecutado se cobrará el 100% del arancel. En los demás juicios se pagará el 25% del arancel, que será abonado por el Ministerio correspondiente, el que será liquidado semestralmente”, dice el documento.
En caso de ser aprobada, la ley se aplicará también en los entes autónomos y servicios descentralizados, en los organismos del artículo 220 de la Constitución, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.
Demandas
El Ministerio de Salud Pública es de los más demandados básicamente por parte de pacientes que reclaman por casos de mala praxis o por suministros de medicación.
En el otro extremo está el Ministerio de Economía y Finanzas, que si bien enfrenta reclamos, también es de los que más presenta demandas, fundamentalmente a través de la Dirección General Impositiva (DGI) contra empresas o personas físicas por cuestiones tributarias.
El Banco Central estuvo al frente de la lista de reclamos tras la crisis de 2002 cuando los damnificados de bancos en quiebra accionaron contra el Estado para resarcirse por la pérdida de sus ahorros.
Entre los ministerios y las empresas públicas el Estado cuenta con más de mil abogados. En varias ocasiones, debido a la mala gestión de las oficinas jurídicas los organismos públicos han optado por contratar profesionales de estudios privados.l
