Proyecto antilavado permite averiguar titulares de sociedades

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Con el objetivo de prevenir el lavado de activos y dar más herramientas a los sujetos obligados a denunciar operaciones sospechosas (escribanos, inmobiliarias, casinos, rematadores, entre otros), diputados del Partido Nacional promoverán un proyecto de ley que permite a los escribanos averiguar quiénes están detrás de las sociedades anónimas que realizan transacciones, y obliga a las sociedades provenientes de los llamados “paraísos fiscales” a registrarse ante el Registro Nacional de Comercio, algo que ahora sólo obliga a las sociedades locales.

El proyecto redactado por el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), fue presentado a los diputados Jorge Gandini (también Alianza Nacional) y José Carlos Cardoso (UNA), ambos integrantes de la comisión especial antilavado.

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Gandini dijo a El Observador que está de acuerdo con los lineamientos que plantea el proyecto y que en las próximas semanas convocarán al Ministerio de Economía y al Banco Central al Parlamento para evaluar los controles que se realizaron en la , del cual se conoció a través del programa de Jorge Lanta y del diario El Observador.

La iniciativa de Abdala prevé que las sociedades extranjeras provenientes de los llamados "paraísos fiscales" puedan ser utilizadas como vehículo para este tipo de ilícitos, por lo que plantea la necesidad de aumentarles las exigencias para que puedan funcionar.

El artículo 1 del proyecto establece que las empresas constituidas en el extranjero deberán dar cumplimiento a la declaratoria ante el Registro Nacional de Comercio. “Asimismo, la inscripción será obligatoria cada vez que se configuren los nombramientos, ceses y revocaciones previstas” la ley, afirma el texto.

Al respecto, el contador Marcelo Bacigalupi , asesor de Abdala en el proyecto, explicó a El Observador que “es injusto que las sociedades uruguayas tengan que inscribirse en el Registro, con todo lo que ello implica y las panameñas por ejemplo, no deban cumplir con esos requisitos”.

El artículo 2 plantea “levantar el anonimato de segundo grado en la titularidad de participaciones patrimonionales al portador de entidades residentes”. El objetivo es establecer si hay o no personas físicas identificables detrás de las entidades constituidas en paraísos fiscales o si puede agregarse un nuevo elemento de convicción que obligue a reportarla como operación sospechosa.

Otro aspecto del proyecto destacado por los redactores, es que permite a los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, acceder a la base de datos patronímica de los Registros Públicos creadas por ley de presupuesto 2005, con el consentimiento informado de los sujetos controlados.

La iniciativa aclara que este acceso es reservado y deberá estar sujeto a la confidencialidad que imponen el Código Penal, recogido en la ley de protección de datos personal y habeas data y la propia ley que se modifica.

Además, se incorpora la participación del contador público en el proceso de compra-venta, hipoteca y constitución de otro tipo de gravámenes y afectaciones sobre bienes inmuebles. Bacigalupi explicó que la idea es que pueda asesorar al escribano en el precio de los imnuebles para evitar que el sobreprecio en la venta permita realizar una operación de lavado. “El contador público actuante deberá certificar el valor razonable del inmueble al último día del mes anterior de la operación y ser efectuada de acuerdo con las normas contables adecuadas vigentes”, dice el texto.

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