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Mantener un registro público de pedófilos y su seguimiento es el mejor curso disponible para acotar un delito aberrante que a veces termina en asesinato, como ocurrió recientemente con dos niñas y un varón. El horror creado por la muerte de Brissa González, pocos días después de la de Valentina Walter y del niño Felipe Romero en abril, se ha reflejado en un cúmulo de propuestas sobre cómo enfrentar la violencia sexual contra menores. Van desde extremar penas de cárcel o recurrir a la castración química hasta confiar en la improbable recuperación futura de estos delincuentes.

Ninguna de las vías sugeridas desde diferentes ámbitos es una solución segura. La cárcel es solo un aislamiento temporal, de pocos años en casos de violación y de más tiempo si existe el agravante del asesinato. Pero no hay en el sistema carcelario programas que puedan reformar a este tipo de delincuentes. Recién se ha iniciado, en el penal de Santiago Vázquez, un modesto plan piloto para el tratamiento profesional de reclusos encarcelados por delitos sexuales, calificado como "un proyecto muy embrionario" por el comisionado parlamentario de cárceles Juan Miguel Petit. La realidad es que los pedófilos salen de la cárcel igual o peor que cuando entraron .

La castración química, mediante medicamentos que en teoría reducen el impulso libidinal, no garantiza la impotencia ni el cambio de personalidad de un pedófilo. Menos aún se logran esos resultados con la castración quirúrgica mediante vasectomía. Y cierra los ojos a una realidad apremiante esperar su reforma en algún futuro lejano, especialmente teniendo en cuenta que todos coinciden en que se trata de una tendencia incurable. Lo que sí puede hacerse es tratar de limitar sus terribles consecuencias con medidas de control. La más idónea es crear un registro de pedófilos, al que todos puedan acceder, tanto de los conocidos que aún están en libertad como los que saldrán de una cárcel. La nómina debe estar disponible no solo en fuentes oficiales sino también en las redes sociales, para contrarrestar el frecuente uso de ese mismo medio por los delincuentes.

Esta fórmula permite a las autoridades, a los docentes y a las familias individualizar a personas con ese desvío y tomar medidas preventivas. Este sistema ya existe en 35 estados de Estados Unidos, donde se lo complementa con la llamada "alerta Ámbar" que notifica prontamente a los celulares de un área de la desaparición de un menor. La creación del registro fue propuesta por el líder nacionalista Luis Lacalle Pou y complementada por el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, quien reclamó protocolos de seguimiento para los "psicópatas sexuales". No tiene fundamento la advertencia que se ha hecho de que este curso estigmatiza a esas personas. Es un argumento secundario al hecho de que todo pedófilo es un peligroso delincuente potencial capaz, en algunos casos, de llegar al asesinato. Un registro público de estas personas requiere además alguna forma efectiva de seguimiento vigilante. Es un procedimiento más complejo cuya solución compete al gobierno, que debe actuar ante una situación de amenazante magnitud dado que, según la Sociedad Americana de Psiquiatría, hasta un 5% de los hombres son pedófilos. l
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