Rubio: existen varios niveles de corrupción en salud pública

"Contratar a tu propia empresa de ambulancias como director de un hospital o colocar a familiares en puestos de responsabilidad son elementos que éticamente no están bien. Hay varios niveles de corrupción", dijo Rubio a El Observador. El legislador aseguró que el objetivo de la comisión es determinar "las responsabilidades políticas" de las fallas en la gestión. En ese sentido, Rubio pretende priorizar el capítulo número uno de la denuncia que presentó ante el Parlamento que es sobre tercerizaciones.

"Dónde va a parar y cómo el dinero que ASSE utiliza para contratar a terceros es el eje principal de esta denuncia", agregó. Investigar este aspecto va a permitir determinar si ASSE gastó justificadamente, si se pagaron sobreprecios y si hay jerarcas del organismo involucrados en esas contrataciones.

La denuncia de Rubio esta basada en dos auditorías, una externa y otra interna, que revelan cientos de irregularidades.

Además, el diputado entiende que hay algunos errores de gestión, como la contratación de suplentes, que se puede "solucionar fácilmente".

"Nosotros no podemos destituir a nadie pero podemos dejar al descubierto errores graves o situaciones irregulares de fondo y el gobierno tendrá que asumir la responsabilidad ante la opinión pública", argumentó.

Si bien para el legislador el objetivo no es llevar este tema a la Justicia, aseguró que si durante la investigación surgen elementos con apariencia de delito, tienen la obligación de presentar la denuncia penal. "No vamos a evadir la responsabilidad. El objetivo nuestro es identificar lo que está mal en ASSE y corregirlo de fondo", dijo. El organismo tiene un presupuesto anual de US$ 1.100 millones.

La estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) es el último capítulo de la denuncia de Rubio. Si bien no está directamente relacionado con ASSE, sí tiene vínculos con el Banco de Previsión Social (BPS). "Queremos ir al eje del problema. Cómo las bandas delictivas que hacían las afiliaciones fraudulentas se hacían con la información de las personas que podían cambiar de prestador de salud o incorporarse al sistema. Ahí está la clave del problema porque ahí esta la responsabilidad pública", apuntó Rubio. La investigación judicial sobre esta estafa terminó con más de 30 personas procesadas.