Cuando Magdalena Castro, más conocida como Chola, llegó al Complejo Habitacional Nº 20 (CH 20), su hija Esther tenía 29 años y su nieto Adrián había cumplido dos. Eso fue hace 44 años. Lo que más recuerda Esther de ese día fue que estaban felices. “Vivíamos en un conventillo. Tener una vivienda frente al mar fue un sueño”, expresó a El Observador. Y fue rotunda: “Un sueño que destruyen hoy”.
Este lunes, madre, hija y nieto se despidieron de su hogar con bastante calma. El “duelo” ya había comenzado en abril cuando empezaron a embalar la ropa, los muebles y los adornos. En los últimos días sumaron varias plantas y flores que les regalaron en señal de apoyo.
“Teníamos la esperanza de que si luchábamos hasta el último momento podían ellos apiadarse de nosotros para arreglarlo”, dijo Esther con desazón.
Lo que consiguieron el viernes pasado fue una postergación del desalojo por la “avanzada edad” de Magdalena (de 90 años), según había informado la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en un comunicado; y la “promesa” de que el traslado a un apartamento en el CAFE 11, un complejo habitacional ubicado en José Cabrera y 20 de Febrero (en Unión), será “temporal”, mientras su nieto, Adrián Colli, sigue peleando para que se le permita comprar otra vivienda por fuera de la cartera del organismo. “Mi hijo pelea por los títulos de la abuela”, aclaró. Los documentos no serán entregados hasta dentro de un año. No obstante, la presidenta Cristina Fynn comunicó este lunes en conferencia de prensa que, “en principio, no hay posibilidad de cambio” para ninguna familia.
Ni Magdalena ni Esther conocían la que hoy es su nueva casa. Adrián había querido guardar la “sorpresa”, pero al convertirse en la última de las 96 familias del CH 20 le obligó a contarles que la azotea tiene humedad. Según datos de la ANV, 45 familias eligieron viviendas que fueron reparadas antes de su mudanza y todas quedaron satisfechas.
Luego de un chequeo médico de 20 minutos, Magdalena salió del edificio en silla de ruedas y lo vio alejarse desde una ambulancia. Sus exvecinos la aplaudieron detrás de un alambrado. “Ella (por la anciana) está tranquila porque yo la contengo mucho. Pero está con rabia porque dice que se creen que por ser vieja es ignorante. Ella golpeaba la pared y decía: ‘Mirá, ni un clavo podés clavar. Esto no se está por caer’”, relató su hija.
A diferencia del desalojo de Rory Ramírez, titular del apartamento 101 del sector 1105, el de Magdalena Castro no contó con la misma presencia policial. El viernes se habían presentado alrededor de 12 policías que esperaron en la zona de los estacionamientos detrás de sus escudos antichoque. Este lunes solo había unos pocos.
No obstante, una veintena de vecinos se encargó de elevar la tensión del momento con cánticos e insultos contra los representantes de la ANV y de la Intendencia de Montevideo (IMM). Lo que más se repetía era la estrofa que decía: “(Carlos) Varela (alcalde del Municipio B) lo vendió, la Olivera (intendenta) lo compró y el Frente Amplio nos traicionó”; además de referencias a los “traidores”, “delincuentes”, “corruptos” y “cagadores” que los “exiliaron” del barrio.
De las 96 familias, solo nueve permanecieron en el Barrio Sur, 18 se mudaron para el Cerrito de la Victoria, 13 a la Unión, nueve al Centro, siete a la Ciudad Vieja, siete a Malvín Norte, siete a Palermo, cuatro a Cordón, tres a Sayago, tres a Villa Española, dos a Aguada y una a Aires Puros, Atahualpa, Belvedere, Colón, Goes, Flor de Maroñas, Parque Batlle, Parque Rodó, Pocitos, Peñarol y Villa Muñoz.
La familia de Adrián Colli y Magdalena Castro presentarán en breve una demanda por daños y prejuicios contra la ANV, según indicó su abogado a El Observador. Ésta se sumará a la ya iniciada por las familias de las exhabitantes Mónica Guixé y Lidia Badano, quienes tendrán una audiencia esta semana.
“Esto es un atropello y una falta de respeto… pero en este momento mandan los de arriba y los de abajo no podemos hacer nada. Yo tengo un resentimiento muy grande con el gobierno porque fue el que hizo todo esto”, expresó Esther Colli.
Una vez que los vecinos despidieron a Chola concurrieron a la Seccional 2ª para denunciar que, salvo algunos obreros que trabajaron en la mudanza, el resto del personal presente −entre policías, bomberos y representantes de la ANV− no tenía ningún elemento de seguridad. “Estaban sin protección, sin casco y sin lentes y no se apuntaló el lugar. El gobierno es el responsable”, explicó uno de los vecinos a El Observador en referencia a que la Ley 19.196 de Responsabilidad penal empresarial permite que cualquier ciudadano formule la denuncia. El predio solo fue vallado y, aunque desde el organismo se ha insistido en su riesgo de colapso, los guardias de seguridad han estado utilizando un apartamento del primer piso.
