Sectores del FA ya contradicen a Astori antes de recibir la Rendición de Cuentas
El ministro de Economía dijo que va a haber "impacto fiscal cero", pero algunos partidos no quieren soltar el acelerador
Mientras el gobierno ajusta los últimos detalles del primer borrador de la Rendición de Cuentas, que deberá ser presentada en su versión final ante el Parlamento antes del 30 de junio, en el Frente Amplio (FA) ya se está arando el terreno para una discusión que, se sabe, va a provocar tironeos y forcejeos en la interna de la fuerza política.
Es que en el oficialismo hay distintas visiones respecto a si el país está en condiciones de apretar el acelerador en materia de gasto público, o si llegó el momento de soltar el pedal y maniobrar en punto muerto.
En otras palabras, señaló que –a diferencia de las anteriores rendiciones del gobierno, en las que, en mayor o menor medida, se puso más plata de la que había– esta vez todo gasto deberá estar financiado sin deuda. A Astori le preocupa el déficit fiscal, que se ubicó en 3,4% del PIB a marzo, lejos de la meta de 2,5% que tiene el gobierno para el final del período. Para 2018, Economía quiere que el índice llegue a 2,9%.
Esa meta se da de bruces con los deseos de muchos dirigentes del Frente Amplio, que aspiran a priorizar las políticas sociales y asignarles más recursos.
"Creo que hay lugar para un poquito más. Y si no lo hay, tenemos que buscar una forma para que haya", aseguró", aseguró Roberto Chiazzaro, diputado socialista.
En el Partido Socialista (PS), por ejemplo, hay quienes consideran que el gasto sí podría aumentar. Así lo planteó un documento presentado por el diputado Gonzalo Civila ante la comisión bicameral del FA que coordina con el Ejecutivo los plazos de la Rendición de Cuentas. Según el diputado Roberto Chiazzaro, del mismo partido, los socialistas son conscientes de que la propuesta del gobierno "va a ser restringida" y que la prioridad va a ser bajar el
déficit fiscal, pero de todas formas lucharán por aumentar el gasto social. "Creo que hay lugar para un poquito más. Y si no lo hay, tenemos que buscar una forma para que haya", aseguró.
Chiazzaro afirmó que hay que atender áreas prioritarias como la educación, la vivienda, y el empleo, y opinó que para financiarlo "hay sectores que deberían contribuir con más recaudación de impuestos". Por ejemplo, mencionó el impuesto al patrimonio, el impuesto a la herencia o la actualización del aforo de la tierra.
En un mismo sentido se pronunció Felipe Carballo, de la 711. "Si vos querés desarrollar políticas que permitan inversiones en los sectores más humildes, no queda otra que pedirle un esfuerzo mayor a los que tienen más", aseguró a El Observador.
Marcos Otheguy, senador de Rumbo de Izquierda e integrante del grupo bicameral, también apunta a una mayor asignación presupuestal pero no cree que el financiamiento pase "por el lado impositivo". En cambio, aseguró que hay "otros posibles instrumentos", como el Fondo de Estabilización Energética o los fondos de las AFAP.
En lo que sí coinciden Otheguy, Carballo y Chiazzaro es en que el nivel actual del déficit fiscal "no debería" ampliar el gasto. "Hay que seguir siendo cuidadosos, pero estamos lejos de que el déficit fiscal sea un problema. Para nada me parece de vida o muerte", señaló Otheguy.
Carballo, en tanto, dijo que "siempre hay espacio" para más gasto, y que "no se puede estar bien con Dios y con el diablo".
El número mágico
En cualquier caso, antes de definir de dónde sacar los recursos, todos los sectores esperan tener los números del Ejecutivo, que permitirá saber cuánto dinero hay disponible para repartir.
"Yo creo que el espacio fiscal no va a ser cero", aseguró Otheguy, para quien "los datos de la economía", junto a la disponibilidad de fondos como el de Estabilización Energética, auguran un colchón en las arcas de Rentas Generales. Alfredo Asti, diputado de
Asamblea Uruguay, dijo que "las noticias no son muy buenas con el tema de la sequía" aunque espera que eso se compense con el resultado positivo de las exportaciones.
El resumen del balance de las cuentas nacionales, que según estiman los legisladores oficialistas podría ser adelantado a la bancada esta semana, parece contener el número mágico que va a dar rienda suelta a la discusión.
La lista
El Estado suma una larga lista de obligaciones y compromisos, a los que se agregan los usuales reclamos de cada instancia presupuestal.
Pago a los judiciales
Los primeros días de enero, el Ministerio de Trabajo y la Asociación de Funcionarios Judiciales firmaron un acuerdo por el que los trabajadores aceptaron un incremento salarial de 18,8%, lo que pondrá fin a un conflicto laboral de más de siete años. Se trata de una cifra inferior a la que pretendía originalmente por el sindicato, que era de 21,6%. El gobierno estima que el acuerdo tendrá un costo de unos US$ 50 millones para el Estado entre 2018 y 2019. Para esto se enviará una ley aparte para que el Parlamento refrende el acuerdo alcanzado.
Leyes que precisan financiamiento
Por otra parte, existen leyes ya aprobadas que no cuentan con el financiamiento para ser aplicadas en su totalidad. Un ejemplo es la ley integral de violencia de género. Tanto la Fiscalía como la Suprema Corte de Justicia manifestaron que hoy no cuentan con los recursos para cumplir con la ley a cabalidad. En marzo, el Partido Socialista anunció que pediría esos recursos en la discusión de la Rendición de Cuentas.
Compromisos programáticos
Por otro lado, están los compromisos asumidos por el gobierno ante los colectivos sociales, así como las metas incluidas en el programa del Frente Amplio y que todavía no fueron alcanzadas. El caso paradigmático es la promesa de hacer todos los esfuerzos para llegar al 6% del PBI para la educación. Además, dentro del oficialismo se reclaman más recursos para vivienda, seguridad, cuidados y trabajo.
