Según experto, gobierno incumple cinco recomendaciones de la OIT
Abogado de Ferrere afirma que hay que agregar cambios en la ley de Negociación Colectiva
Cuando el Poder Ejecutivo hizo público este mes el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley de Negociación Colectiva en función de las recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el PIT-CNT fue el primero en rechazar algunos de los cambios propuestos por el gobierno que se entiende son contrarios a sus intereses.
Pero los cuestionamientos a la iniciativa no son solo desde filas sindicales. Un trabajo realizado por el experto laboral de Ferrere Abogados, Nelson Larrañaga establece que de las nueve recomendaciones realizadas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT (CLS), el gobierno “cumple” en todos sus términos con dos de ellas, en otros dos casos lo hace “parcialmente” y en las restantes cinco “no cumple”.
El trabajo señala entre los puntos que no se cumplen que no se regula el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en sus instalaciones, en caso que se ejerza el derecho de huelga o una ocupación del lugar de trabajo. Este punto encabeza las reivindicaciones de las cámaras empresariales cada vez que el tema de las relaciones laborales se pone en debate.
Para Larrañaga tampoco se establecen reglas sobre los controles que puede hacer el Ejecutivo respecto a los convenios colectivos al momento de ser registrados y publicados. El Comité de Libertad Sindical de la OIT recomienda que el gobierno debería controlar el cumplimiento de los mínimos legales, el ámbito de aplicación (empresa, rama o sub-rama de actividad) y la duración del convenio.
Otro de los puntos se centra en la competencia de los Consejos de Salarios. La ley vigente mantiene su potestad para fijar las actualizaciones de los salarios por encima de los mínimos legales y decidir sobre licencias sindicales. “Esos son aspectos que corresponde a la negociación colectiva bipartita aun cuando las partes estén de acuerdo. La OIT solo autorizó el mecanismos de decisión tripartita para fijar salarios mínimos y ajustes”, explicó Larrañaga.
Entre los incumplimientos, el trabajo destaca que “no se establece la responsabilidad de todas las partes de la negociación, tengan o no personería jurídica, en caso que se vulnere el derecho de reserva de las informaciones que se intercambian durante la misma”.
Para Larrañaga, en otros dos puntos el gobierno cumple de forma parcial. La OIT establece que en la negociación a nivel de empresa, el sindicato de nivel superior tendrá legitimación para negociar si tiene representatividad.El proyecto del gobierno deroga la representación automática del sindicato de nivel superior cuando no existe este tipo de organización a nivel de la empresa, pero no define qué nivel de representatividad debe tener en la empresa para estar legitimado a negociar en nombre de los trabajadores. “Basta con que la organización de la rama tuviera uno o dos afiliados para ya poder negociar. Debería tener representatividad suficiente. Generalmente es la mitad más uno”, afirmó el experto.
Finalmente se entiende que si bien la ley 19.027 de diciembre de 2012 redujo la representatividad del Poder Ejecutivo en el Consejo Superior Tripartito de nueve a seis representantes –con lo que todas las partes tienen paridad de integrantes–, no se prevé la designación de un “presidente independiente” para que se pronuncie en caso que exista empate en la votación.
El gobierno sí accedió a derogar la ultra actividad automática de los convenios colectivos, por lo que serán empresarios y trabajadores los que deberán determinar sobre la vigencia y prorroga de los acuerdos. Este punto es cuestionado por el PIT-CNT. En una entrevista con El Observador, el dirgente de la central,Richard Read acusó al gobierno de “hacer un mandado a las patronales” y de “querer quedar bien” con la OIT. Uno de los argumentos radica en que se va a perjudicar a los sindicatos más débiles al momento de tener que renegociar cada una de sus conquistas.
Pero también algunos legisladores del Frente Amplio (FA), ya anunciaron su negativa a votar la modificación de la ultra actividad prevista en elproyecto que está a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales del Senado desde la semana pasada.La otra recomendación aceptada deroga la competencia del Consejo Superior Tripartito para decidir si una negociación debe ser a nivel de rama de actividad o de empresa. Esto será ahora potestad de las partes.
