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A partir del 1° de enero del año próximo comienza a correr el tiempo para que la Policía reduzca ciertos delitos y cumpla con metas de gestión medibles. Si no lo logra tendrá la amenaza latente de perder algunos fondos presupuestales del gobierno.

El Ministerio del Interior fijará a fines de este mes los objetivos concretos que tiene para 2012 y solo si los concreta recibirá fondos extras que serán destinados al sueldo de los policías.

La medida busca oficiar como un incentivo para el personal y se enmarca en una estrategia del gobierno que tiene como finalidad mejorar la calidad del gasto público.

A largo plazo se desarrollará en distintos organismos estatales, pero la primera experiencia de ese proyecto será con el Ministerio del Interior. El director general de Secretaría de la cartera, Charles Carrera, informó a El Observador que ya comenzó a funcionar una comisión integrada por este Ministerio, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía (MEF) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) para determinar objetivos medibles sobre los que luego evaluar el éxito o el fracaso de las políticas en marcha.

“Ahí establecemos las metas. Luego hay que definir los indicadores, bajarlos y ponerlos en marcha a partir del año que viene. Si la meta no se cumple, no se cobran los compromisos de gestión”, dijo Carrera, número tres en jerarquía de Interior. “Ya nos estamos juntando. La OPP quiere metas específicas en lo que tiene que ver con delitos”, agregó.

Los policías recibirán cursos de capacitación en varias áreas (ver nota aparte), pero esa mejora en su formación oficiará como un argumento para luego poder exigir un mejor desempeño a los uniformados. A través del presupuesto quinquenal, el Poder Ejecutivo dispuso que a partir de enero del año próximo el sueldo fijo de los policías será de $ 12 mil y prevé una duplicación de ese monto para el final del período. Carrera informó que por encima de ese incremento ya establecido habrá un “aumento variable” que solo llegará si logran los objetivos trazados. También los policías recibirán dinero si cumplen los objetivos planteados. “Si vos no cumplís, no cobrás”, sostuvo.

Un problema menos
Una vez fijadas y difundidas las metas de gestión, el Ministerio del Interior tendrá una presión extra para bajar ciertos delitos ya que se podrá monitorear objetivamente mes a mes si va o no por el buen camino.

De todos modos, esa cartera puede sentarse a planificar sin un constante dolor de cabeza: las fugas de menores infractores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Ese hecho inquietaba al ministro Eduardo Bonomi y a su juicio explicaba en gran parte los problemas de la Policía para reducir las rapiñas, uno de los delitos más sensibles para la sociedad.

Bonomi se fijó tres objetivos para la rapiña: bajar la curva de crecimiento, alcanzar la meseta y luego que empiecen a caer. Según dijo, ya se logró ingresar en la primera etapa. “La curva de crecimiento notoriamente bajó. Creo que tiene que ver con que de dos o tres meses a esta parte las fugas del INAU bajaron sustancialmente. Se medían en centenas en determinados momentos y ahora no llegan a la decena”, sostuvo el ministro en diálogo con El Observador.

El argumento de Interior era que no podía hacerse responsable por un fenómeno que ocurría en otro organismo y afectaba a la seguridad pública.

La anhelada calidad del gasto
Con la inseguridad al tope de las encuestas de preocupación de la ciudadanía, el gobierno decidió priorizar esa área desde el punto de vista presupuestal e incrementó 42% los fondos para el Ministerio del Interior. El aumento respecto al gobierno de Tabaré Vázquez fue de US$ 200 millones.

Pero además de asegurar la disposición de recursos, la idea es que Presidencia pueda tener indicadores claros para saber si las políticas aplicadas son las adecuadas para bajar los delitos.

El director de la OPP, Gabriel Frugoni, explicó que la política de otorgar recursos en función del cumplimiento de las metas permite identificar qué medidas no están dando resultados para cambiarlas a tiempo. Si la meta es reducir en un año 30% un delito y no hay indicios de mejoras en los primeros tres meses, eso será una luz de alerta para cambiar las medidas aplicadas, explicó. “Lo que interesa es la calidad del gasto público.

La riqueza mayor de esto es que nos permite elegir, cambiar y fortalecer políticas para lograr resultados”, dijo.
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