Un trámite rápido y casi sin discusión dio el Senado al proyecto de ley aprobado ayer que propone la internación compulsiva para los adictos en situación de crisis ya sea que estén en la calle o en un ámbito privado.
Un equipo de técnicos liderado por médicos, será el encargado de decidir cuándo una persona adicta deberá ser llevada a un hospital incluso contra su voluntad. De tomarse esa decisión se informará a la Justicia. Las situaciones de crisis son las que requieren una intervención inmediata, se explicó.
El texto final venía con la aprobación de la comisión de Salud donde el Partido Colorado, que preside ese grupo de trabajo, hizo varios aportes. Sin embargo ayer, los cuatro senadores colorados en sala votaron en contra del proyecto, lo que llamó la atención a Ernesto Agazzi (MPP), que fue el senador informante.
Su colega Ope Pasquet (Vamos Uruguay) adelantó la posición de los colorados para quien, a pesar de “los objetivos valiosos que se persiguen”, el texto presenta problemas en su formulación. Criticó la creación de un nuevo servicio en el ámbito de Presidencia –que será el equipo de diagnóstico– y advirtió problemas de “competencia” con la ley del psicópata. La votación final fue 17 a 22 afirmativa.
Agazzi explicó que el "centro de este proyecto es la atención sanitaria a los adictos" y dijo que se trata de dar solución a un problema de salud hoy no resuelto.
Los jóvenes, hombres, con vulnerabilidad social tienen más chances de entrar en el consumo adictivo,afirmó. Además, según datos de la Junta Nacional de Drogas, los adictos demoran años en pedir ayuda profesional dependiendo del tipo de drogas. En el caso del alcohol ese período son 15 años. El senador Luis Gallo, médico de profesión, afirmó en sala que de los que tienen un uso problemático de drogas, “sólo 10%” se vincula con el sistema sanitario.
Hay 21 mil personas con un uso problemático de estupefacienes. De ellos, 10 mil por consumo de cocaína y 11 mil por pasta base. En términos generales el 30% de los usuarios problemáticos necesita internación, dijo Gallo.
Comentó además que se está ante un problema sanitario que no desconoce aspectos de seguridad y recordó que la propuesta fue una de las 15 medidas lanzadas en julio de 2012 por el Poder Ejecutivo en el marco del plan por la vida y la convivencia. Para el oficialismo el proyecto tiene un diseño “garantista” de los derechos de los adictos.
Texto
El proyecto que pasó a Diputados establece la creación de un “consorio público sanitario” para la atención de los adictos. Estará formado por representantes de los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social e Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y un representante del Instituto del Niño y el Adolescente.
Ese equipo será el encargado de hacer los diagnósticos y decidir si el adicto debe ser internado, incluso por la fuerza. La internación no se dará cuando sean aplicables otras alternativas terapéuticas y “nunca deberá ser usada como forma de privación de libertad”, aclara el texto.
El primer informe de los técnicos deberá elaborarse en las primeras 24 horas de internación y luego, antes de las 48 horas, se le comunicará al juez quien decidierá si es necesario mantener la internación y en ese caso, por cuánto tiempo.
Se preve la intervención de jueces de familia de Montevideo y de los juzgados letrados de primera instancia para el interior.
