Los abogados que representan a los 4.200 damnificados de la megaestafa de Conexión Ganadera están abocados por estos días a la tarea de informar a sus clientes y recabar firmas para el acuerdo por el que se les ofrece una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado.
El acuerdo implica que si más del 85% del pasivo del concurso -valuado en unos US$ 410 millones- adhiere, se repartirán US$ 35 millones en 60 días en forma anticipada, que es el dinero proveniente de la venta de ganado obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone.
De esa manera los clientes podrán recuperar algo de lo invertido ahora (quienes tenían ganado a su nombre cobrarán un 33,3% sobre cada animal mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%) y no debarán esperar a que finalice el proceso y se resuelvan las impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.
De acuerdo a un relevamiento realizado por El Observador entre los abogados del caso, hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y están manifestando su adhesión por lo que hay expectativas de que se superará el 85%.
A modo de ejemplo, la abogada Graciana Abelenda dijo que en su caso los clientes están adhiriendo al convenio en forma masiva y que está semana debió extender el horario de atención para recabar las firmas. En la misma línea, el abogado Juan Pablo Decia afirmó que el nivel de aceptación viene muy bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, afirmó.
En este caso quienes no firmen el convenio, no quedarán comprendidos por lo que la sindicatura deberá reservar una parte del activo para repartir entre quienes no adhirieron al final del proceso.
La puja por la herencia de Basso
El segundo punto que está bajo análisis de la Justicia es el concurso de la herencia de Basso. El Tribunal de Apelaciones Civil de 7° Turno dejó en suspenso ese concurso en marzo y los damnificados tienen amplia expectativa por la resolución de ese tema dado que ahí están en juego otros US$ 36,4 millones.
El tribunal deberá definir si confirma o revoca la sentencia del juez Leonardo Méndez que resolvió la pertinencia del concurso necesario, con la respectiva designación de Alfredo Ciavattone como síndico.
Esa decisión fue apelada por las herederas de Basso, Daniela Cabral, Agustina y Candelaria Basso, y por el contador el Marcelo Arambulo, designado judicialmente administrador de la herencia en el expediente sucesorio, que iniciaron las herederas seis días después de la muerte de Basso. En su apelación argumentaron que la herencia es solvente, ya que plantearon que el crédito a su favor como acreedores del frigorífico Casa Blanca deja la herencia con un activo de US$ 36,4 millones.
El juez Méndez había decretado el concurso señalando que existe un pasivo superior a los activos, ya que si bien puede parecer que hay muchos bienes, muchos de ellos pertenecen a terceros o están embargados.
Un informe clave para definir el futuro de Daniela Cabral en la causa penal
La tercera novedad está en la causa penal, donde el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez está a la espera de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) complete la información sobre el recuento de animales en los campos en los que había ganado de Conexión Ganadera, para cotejarlos con las declaraciones juradas, analizar la faltante de ganado y citar a los responsables.
Según dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía, ya recibió algunos informes pero espera contar con la totalidad de la información para luego centrar la siguiente etapa de la investigación en cinco tomadores de ganado para definir si actuaron en connivencia con el fundador de la empresa Gustavo Basso.
El informe del MGAP detallará la información sobre los movimientos de ganado en cinco empresas que son: MCO Agro, Agenau, Larregui, El Alfalfar y Don Coraje.
En este último caso se trata un campo que era gestionado en los papeles por Daniela Cabral, la viuda de Basso. Un grupo de inversores de Conexión Ganadera, representado por los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, denunció a la fiscalía que Cabral firmó 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones.
Los denunciantes piden que se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales. Afirman que habría participado por un lado en calidad de socia de la administradora (Conexión Ganadera) y del otro, "como tomadora durante un periodo superior a diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes en base a la auditoría realizada por el MGAP".
Si la fiscalía probara ese escenario, y Cabral fuera imputada por lavado, la fiscalía quedaría obligada a pedir su imputación con prisión, como en el caso de sus exsocios Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, ambos en prisión preventiva por lavado.
