El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez recibió hace meses un informe de la Secretaría Antilavado en el que daba cuenta de la compra de una casa en Punta Colorada adquirida por el gerente operativo de Conexión Ganadera, Diego Quiroga, dos meses antes de la muerte de Gustavo Basso cuando la empresa entraba en cesación de pagos.
En ese informe se daba cuenta de que la casa había sido adquirida por el mando medio y su esposa pero no surgía cómo se había pagado, por lo que cuando declaró Quiroga, quien ya fue dos veces a la fiscalía, no se lo interrogó por esa compra. No obstante la investigación penal sobre él y otros mandos medios continúa recabando información y serán citados nuevamente en próximas instancias.
Este lunes, la fiscalía recibió una ampliación de denuncia del abogado Juan Pablo Decia, a la que accedió El Observador, en la que dio cuenta de que el 28 de agosto de 2024 desde la cuenta de Conexión Ganadera del Banco de la República (BROU) se emitieron dos letras de cambio por un total de US$ 205.200 mediante dos cheques certificados, uno por US$ 92.533 y cheque por US$ 112.667.
En la denuncia se menciona que la compraventa que se realizó tres meses antes de la muerte de Basso, fue escriturada por uno de los escribanos que trabajaba con Basso, Fernando Camadini. Se escrituró el día 29 de agosto de 2024, al otro día de que saliera el dinero de la cuenta de Conexión Ganadera.
De acuerdo con el informe de Senaclaft la compraventa ascendió a US$ 228.000, de los cuales US$ 205.200 salieron de la cuenta Conexión Ganadera. El estudio señalaba que "no surge la forma de integración del precio".
"En función de lo expuesto, se desprende que el señor Diego Quiroga integró el precio para la compra del inmueble (...) con dinero proveniente de Conexión Ganadera, y como resultado de los reiterados delitos de estafa en los que estuvieron inmersos sus directores, y que él bajo su condición de encargado nada más ni dada menos que de la trazabilidad de ganado que no se adquiría contribuyó a que la maniobra fuera posible y se sostuviera en el tiempo", afirma la denuncia de Decia.
El abogado que representa a damnificados pide a la fiscalía que investigue un delito continuado de encubrimiento así como un delito de lavado en la modalidad de posesión y tenencia, en el entendido de que como gerente de la empresa "debió conocer el origen ilícito de esos fondos".
Sobre el delito de encubrimiento afirma la denuncia que "nadie mejor que él sabía que no se adquiría ni el 10% del ganado que debía adquirirse por los contratos firmados, razón por la cual y a juicio de esta defensa, se configurarían los elementos necesarios para formalizar la investigación penal a su respecto por un presunto delito continuado de encubrimiento (artículo 197 del Código Penal) y un delito de lavado de activos en la modalidad poosesión y tenencia (artículo 32 ley 19.574)".
Fiscalía de Lavado con tres fiscales en su equipo
Según supo El Observador con fuentes del edificio donde funcionan las fiscalías en Cerrito y Misiones, la fiscalía de Lavado de activos es la única del 5° piso que funciona con tres fiscales, lo que consideran insuficiente dado que llevan adelante la investigación de la estafa considerada más grande del país.
En ese piso trabajan las tres fiscalías de Delitos Económicos (la encabezada por Alejandro Machado, la Sandra Fleitas y la de Gilberto Rodríguez) y todas han sido reforzadas con un fiscal por lo que son equipos de cuatro fiscales mientras que la de Lavadao sigue teniendo tres fiscales: el titular Enrique Rodríguez y sus adjuntos Federico Rodríguez y Andrea Graña.
