El presidente insistió el martes en la Torre Ejecutiva en su convicción de que no hizo nada malo tanto en el plano legal como en lo ético y dio a entender que las dádivas son algo habitual en la política
Yamandú Orsi reunión en Torre Ejecutiva con la AUF el 1° de junio de 2026
Foto: Dante Fernández/FocoUYHay dos declaraciones de principios de su propia autoría con las que el presidente Yamandú Orsi, con el caso de su camioneta, entró en conflicto.
Una sentó las bases del eslógan de campaña y fue lanzada durante una convención nacional del Frente Amplio en agosto de 2024 para oficializar la fórmula de cara a octubre.
"La integridad como esencia. La ética como contraste ante lo turbio y lo opaco. Esa coherencia es parte esencial del concepto y de la idea de la honestidad. El próximo gobierno tendrá que ser noticia a nivel mundial por su honestidad y no por sus escándalos. Es cierto que lo que está mal está mal, pero permitirlo durante tanto tiempo es mucho peor”, proclamó ese día en el teatro El Galpón, contraponiéndose al gobierno de Luis Lacalle Pou que venía de sortear importantes polémicas.
La segunda tiene solo cinco días, aunque quedó obsoleta en cuestión de minutos cuando el semanario Búsqueda dejó en evidencia que Presidencia había omitido información clave sobre la forma en que pagó la Hyundai Santa Fe: “Siempre consideré, y considero, que la verdad no se dibuja, porque, de ser así, se transforma en mentira”.
Profesor de historia, discípulo de Marcos Carámbula y José Mujica, intendente de Canelones; no había despuntado siquiera la campaña y un estudio cualitativo con focus group de Opción Consultores ya marcaba a mediados de 2022 valoraciones de que el hoy presidente Orsi se perfilaba como una “persona mucho más sincera y menos altanera” que su probable adversaria de la interna, la hoy vicepresidenta Carolina Cosse.
La honestidad prevaleció como un punto reiterado en los estudios de opinión pública y se tornó en un claim de la campaña: “Que gobierne la honestidad”.
Las dos semanas de polémica en torno a la camioneta lo golpearon en esa línea de flotación. El presidente está convencido de que no hizo nada ilegal ni tampoco algo malo desde el punto de vista ético al aceptar el descuento de US$ 25 mil o al haber seleccionado un auto eléctrico de Hyundai para desfilar durante la asunción, ocho días después de adquirir la Hyundai Santa Fe.
Durante la reunión que mantuvo en el piso 11 de Torre Ejecutiva con cuatro periodistas, entre ellos El Observador, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, recalcó su posición de que no está escrito en ningún lado que esté mal lo que hizo el entonces presidente entrante y apuntó que el propio Orsi cree que no estuvo mal en aceptar la rebaja.
El mandatario, en tanto, aseguró que nunca le explicitaron que le estaban haciendo un descuento y que en febrero del 2025 no tenía noción de cuánto salía la nueva Hyundai Santa Fe. En otro tramo de la conversación, Orsi sostuvo que nunca le prestó atención, más allá de que podía imaginarse cuánto costaba el vehículo.
También dio a entender que concibe como algo habitual, lo que se comprueba con que otra automotora directamente le regaló una camioneta –en referencia a la Renault Stepway donada por Car One para su campaña–, así como también dijo que hay contribuciones en especie similares a favor de otras candidaturas de todos los partidos.
De hecho, el director de la Oficina del Servicio Civil, Sergio Pérez, preguntó en esa reunión a los periodistas si habían averiguado si hay otros casos parecidos en la política o de figuras públicas.
Sobre esa línea argumentativa se amparan algunos en el Frente Amplio para justificar su incomprensión de cómo Orsi y Presidencia dejaron escalar tanto el asunto. Concentran en esa gestión de crisis su malestar, pero consideran que no hay incompatibilidades en aceptar donaciones o descuentos.
Lo cierto es que esta polémica tiene dos planos. El primero radica en que todavía no hay explicaciones claras respecto a cómo se llegó a la propuesta de negocios de Oliva Automotores el 17 de febrero. Más aún cuando el programa Así Nos Va divulgó el miércoles –y así lo ha replicado en las últimas horas la oposición– que durante ese verano en Cabo Polonio el entonces presidente electo Orsi habló con Diego Oliva, titular de la empresa, tanto sobre la compra de la nueva camioneta para usar en la Presidencia como sobre el auto eléctrico con el que quería desfilar en su asunción el 1° de marzo.
Durante la reunión en el piso 11 el pasado martes, Sánchez defendió que ambos casos están desvinculados y que la adquisición de la Hyundai Santa Fe estuvo asociada a cambiar por el modelo más nuevo de un vehículo de la misma marca que tenía Orsi desde el 2020.
El secretario de la Presidencia expuso en otro plano que para la asunción recibieron propuestas de distintas empresas –BYD, Geely y Hyundai de acuerdo a Cancillería– y hasta conversaron con la Embajada de China, pero que por razones geopolíticas y sobre todo por las condiciones aseguradas por Oliva Automotores, resolvieron usar el Ioniq.
La oposición aguarda en esta línea a que Presidencia conteste un pedido de informes presentado por el diputado colorado Felipe Schipani. El prosecretario Jorge Díaz aseguró la semana pasada en Desayunos Informales que darán respuesta a esa solicitud.
Orsi opinó el martes que no hay nada malo en ese tipo de beneficios si el empresario no obtiene algo a cambio del gobierno. También concedió que si un organismo de contralor –en este caso la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)– entiende que cometió una falta, lo aceptará.
Sin esperar a dicha resolución, el presidente anunció ese mismo martes que transferirá la propiedad de la camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Al día siguiente explicó en rueda de prensa que buscó “aventar cualquier tipo de especulación posterior”.
El segundo plano de la polémica responde a la gestión política del caso. Desde que le pasaron al programa Así Nos Va la factura por US$ 54 mil que evidenciaba que Orsi había pagado por la Hyundai Santa Fe un precio menor al del valor de mercado, en Presidencia hubo una decisión de no dar mayores explicaciones, sin precisar por ejemplo cuánto había tenido que transferir de su bolsillo el entonces mandatario electo.
Durante una semana no hubo menciones a que el pago se había compuesto también con una Renault Stepway que Car One había donado para la campaña. Eso se supo tras una publicación de Búsqueda el lunes por la noche, minutos después de la difusión del video por Orsi.
Por otro lado, el presidente pasó de responder con ironía sobre el tema el sábado (diciendo que cuando hay descuento se tira de cabeza) a emitir dos días después un mensaje grabado dando sus argumentos sobre por qué había aceptado el descuento y pidiendo disculpas a quien se hubiera sentido ofendido.
Al día siguiente, al cumplirse una semana de una polémica que no había parado de crecer, recibió a periodistas de cuatro medios escritos y aceptó junto a Sánchez y Pérez todas las preguntas formuladas en la mesa –la reunión duró más de una hora y media– y aportó nueva información para explicar algunos puntos.
Consultado sobre por qué había omitido contar todo desde el primer momento, el presidente consideró que se le habían requerido tres niveles de información diferentes y en días distintos: que primero entendió que debía aclarar cómo había hecho para pagar una camioneta de ese porte con el patrimonio que tenía en los meses anteriores; que después fue necesario contar por qué avanzó en una compra de esas características; y que luego pasó a estar en tela de juicio cómo se había compuesto el pago.
El caso tomó tal dimensión que hasta hubo contactos con la oposición por parte del secretario de Presidencia para bregar por el cuidado de la institucionalidad, tal como informaron El País y Búsqueda. El propio Orsi, por ejemplo, llegó a pedir que no hubiera un ensañamiento con Oliva.
Más allá de reconocer que posiblemente cometieron errores en el proceso, los jerarcas enfatizaron ese martes que la reunión era para aclarar todas las dudas y dar por primera vez una versión oficial desde Presidencia.
Ese día los cuatro periodistas pudieron recabar la visión del presidente sobre los puntos más polémicos del caso y acceder a datos que efectivamente estaban documentados, como la transferencia bancaria de US$ 15 mil a Oliva Automotores, las cifras que le habían tomado en la permuta por los otros dos vehículos y una entrega de $17 millones al Frente Amplio sobrantes de la campaña.
Algunas explicaciones aún admiten matices. Por ejemplo, la afirmación de que en esa última transferencia al lema Orsi devolvió el valor de la Renault Stepway donada para su campaña. El punto tuvo muchos idas y vueltas aunque sobre el final el presidente dio a entender que no había puesto US$ 20 mil de su cuenta personal, sino que podía entenderse que en la cifra global que le había sobrado al comité de campaña estaba contemplado el valor del vehículo o la recaudación –que había superado los US$ 78 mil– mediante la rifa.
El presidente esgrimió que sí puso de su bolsillo otros gastos de su campaña. Habló también sobre las implicancias de su decisión de quedarse en Salinas una vez investido en el cargo y señaló que no saca bandera de lo que eso repercute en los costos para la operativa de la residencia de Suárez y Reyes.
Los jerarcas sí remarcaron que la plata administrada por el comité de campaña era en última instancia del candidato y que el sobrante podría haberlo usado a su voluntad. Sánchez puso como ejemplo que si se hubieran quedado con deudas, el pasivo no hubiera correspondido al Frente Amplio sino al propio Orsi.
El mandatario continúa ahora con una intensa agenda de actividades mientras procura dejar atrás el tema, al tiempo que todos los ministros de su gabinete se han abstenido de pronunciarse sobre el episodio.
Uno de los desafíos más inmediatos será laudar en torno a la discusión de si hay asignaciones incrementales para la Rendición de Cuentas o no.
Mientras que la fórmula Orsi-Cosse declaró a la Corte Electoral un superávit de $56 millones tras el balotaje, el comité de campaña entregó el 28 de abril al Frente Amplio unos $17 millones.
La explicación oficial recabada para esta nota fue que los $39 millones restantes se utilizaron para sustentar los gastos de la transición de gobierno así como para el pago de facturas pendientes. Al ser posteriores a la campaña electoral, el uso de estos fondos no es declarado a la Corte.
El Observador procuró obtener más detalles e intentó varias veces comunicarse con Julio Filippini, responsable de administración en aquel momento, pero no hubo respuesta. Desde Finanzas del Frente Amplio adujeron no estar al tanto del tema.