Aunque esa decisión en principio lo angustió, habla de su nuevo cargo con entusiasmo, y hasta expresa cierto optimismo por avanzar en cuestiones que su antecesor, Conrado Ramos –a quien destaca como un tipo estudioso y muy capacitado–, no pudo lograr.
En entrevista con El Observador, Pérez destaca como prioritario en su gestión poder implementar en el Estado una nueva evaluación de desempeño para los trabajadores, modernizar y flexibilizar los puestos de trabajo, y avanzar en las innumerables y variadas compensaciones que tienen los diferentes funcionarios según en la repartición que trabajen.
También habla sobre los excesos en licencias médicas y le pasa la responsabilidad al sistema de salud, que, entiende, debe terminar con las “licencias por complacencia”.
A continuación, un resumen de la entrevista que mantuvo con El Observador.
La gestión de Conrado Ramos le dio un alto perfil a la Oficina porque, con mayor o menor éxito, intentó hacer varias modificaciones. ¿Qué es lo que buscás en este período? ¿Por dónde van a ir las prioridades de la ONSC?
En primer lugar, tratar de que las cosas pasen. El concepto que tenemos de gestión es que nosotros somos servidores públicos. Como servidores públicos nos debemos a la población. No gobernamos para 300 mil funcionarios, pero sí gobernamos para los 3 millones y medio de uruguayos, donde están los 300 mil. Con esa perspectiva es buscar que la gestión prospere, modernizar la gestión, que sea más ágil y que la actividad de funcionarios realmente sea útil para el conjunto de la comunidad, porque en definitiva todo lo nuestro se refleja ahí. El gran desafío que nosotros tomamos es ver cómo se integra la plantilla, cuántas personas tenemos, qué hacen, qué no hacen, y después ver cuáles son las necesidades en capacitación, en ver dónde podemos incorporar conocimiento con una formación útil, que llegue a todo el territorio, que no sea solo Montevideo. Vamos a tratar de llegar a todo el país, con todas las herramientas digitales que se pueda. Estamos haciendo convenios, que para nosotros son muy importantes, con la Udelar, vamos a formar gente con la UTEC, estamos formando gente ya con UTU, estamos procurando tecnicaturas con el Ministerio de Educación y Cultura.
¿Con qué te encontraste, saliendo de la Intendencia de Canelones y una vez que entraste acá?
Lo que me sorprendió fue ver que tenemos 313.000 vínculos laborales con el Estado, de los cuales 12.900 son prácticamente vínculos que no son propiamente de funcionarios públicos, sino que son vínculos que están relacionados con contratos de arrendamiento de servicios, similares que funcionan desde hace muchos años. Lo que sí me encontré con un panorama que tiene que ver con que existe tanta modalidad de pagos, que es una sábana en el recibo de sueldo. Partís de un sueldo base, después tenés una compensación por esto, una compensación por aquello.
Algo que se arrastra de décadas.
Y que habría que revisarlas por lo menos a ver a qué responden, que en definitiva creo que eso fue un poco el trabajo que Conrado (Ramos) quiso hacer con su famosa carrera administrativa. Y que, en definitiva, más allá que se plasmó en una ley, nunca se la instrumentó y nunca se le dio presupuesto para poder llevarla a la realidad. Porque justamente una de las cosas que decía Conrado era la diversidad de compensaciones que existían y él buscó compendiar todo. Creo que debemos trabajar en corregirlo. En ese aspecto estamos mandando un artículo en la ley de presupuesto que lo sometimos a la voluntad del Parlamento a los efectos de ver si nos acompaña en un nuevo modelo de reestructura y un nuevo modelo de gestión del funcionario público que permita achicar esas cuestiones que están tan dispersas en esos archivos de sueldo que son kilométricos.
Y otra cosa que me llamó poderosamente la atención fueron las inequidades que existen en las mismas unidades. Porque vos te podés encontrar que en una oficina tú haces 7 horas, yo hago 8, y aquel hace 6 y todos ganamos lo mismo o tú ganas más que yo o menos que yo, pero hacemos lo mismo. No podés llegar a comprender cómo se llegó a esa situación.
Sergio Pérez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Leonardo Carreño / FocoUy
Con estos artículos que entran en el presupuesto, ¿van a permitir una mayor equidad?
Nos dan herramientas para poder empezar. La idea que tenemos es avanzar en la nueva reestructura que se requiera y a su vez ir viendo cómo podemos ir compendiando todas las situaciones que ameritan tantas diferencias, para llegar a una carrera que sea viable y que entusiasme a los trabajadores.
¿Qué cambia respecto a las compensaciones?
Si se aprueba podemos avanzar en que las compensaciones vayan matcheando, para que los conceptos sean más reducidos. ¿Me explico? Entonces, si la carrera es de 16 escalones, la reduzco a 6, 7, ver cómo hacés esa masa de dinero que vas acoplando para qué ir eliminando en una compensación. Todo el desarrollo de la carrera administrativa, la gran dificultad que tuvo fue cuánto costaba. No había un número. ¿Y cuántos funcionarios beneficiaba al final del día? Tampoco estaba muy claro. Lo que queremos hacer es costearlo.
Muchas de las cosas que estás mencionando eran las mismas que mencionaba Conrado Ramos para impulsar esa reforma. Sin embargo, cuando fuiste al Parlamento, descartaste esa reforma, entre otras cosas porque no tenía presupuesto. Pero, ¿por qué no impulsarla si va un poco en línea con todo esto?
Nosotros no estamos diciendo que no nos sirve. Estamos diciendo que sea la base para poder trabajar a futuro. Pero para que esto tenga éxito, yo tengo que convencer a la parte que va a trabajar y que no va a bloquear la posibilidad de éxito. Entonces, sobre esa base, yo me quiero sentar el tiempo suficiente con COFE y avanzar lo más que se pueda en llegar a la próxima rendición de cuentas o para la otra. Pero lo queremos hacer en serio y no que tengamos algún problema que no entusiasme a la gente, lo que te dicen los trabajadores, ¿para qué quiero ascender si yo gano menos que en el cargo que estoy?
¿Dónde está el límite entre dar participación a COFE y que el sindicato co-gobierne?
Nosotros decimos que no cogobernamos. Negociamos el cumplimiento de una norma de derechos, que es la ley de negociación colectiva. Si no nos ponemos de acuerdo, iremos por el camino que nosotros entendamos pertinente. Es decir, no es obligatorio que acordemos. Queremos impulsar una carrera de innovación y que sea, en lo posible, en acuerdo con los trabajadores. Si no es por acuerdo con los trabajadores, continuaremos por la línea que nos marcamos. Pero va a responder a la necesidad de la Administración y al nuevo Uruguay que tenemos hoy, que implica innovación, formación y todo lo que requiere para prestar mejor servicio. El 97% de los perfiles de trabajo no responden a los perfiles que están definidos por ley. Entonces, es un trabajo importante.
En el Parlamento señalaste que uno de los motivos por los que no prosperó la reforma de Conrado Ramos fue porque no tuvo la participación de COFE
Creo que es una de las debilidades que podés llegar a tener. Pero la debilidad más grande que tuvo es que la votaste y nunca la aplicaste. Y nunca la presupuestaste. Si le hubiesen dado los recursos y hubiesen empezado a aplicar en su momento, esto ya estaba avanzando naturalmente. Nosotros tomamos algo que no se presupuestó, no se reglamentó, no se instrumentó, no se puso en práctica y nosotros venimos a definir. Esa va a ser una base, un insumo más para trabajar en aras de llegar a una solución de esas características. Pero hay cantidad de cosas que hay que adecuar para eso.
Y en ese sentido, ¿ya tienen algún indicio de por dónde van a empezar?
Ayer (lunes) nos estuvimos reuniendo ya para marcar una agenda de trabajo de cara al 2026. ¿Por qué digo esto? Hoy por hoy nosotros, para poder instrumentar todas estas cuestiones, hay una serie de artículos que mandamos al presupuesto que el Parlamento lo tiene que votar. Estamos marcando una agenda de trabajo para empezar. Por ejemplo, primer tema: carrera administrativa, evaluación de desempeño y otros temas más que hacen la relación cotidiana con los trabajadores que es necesario empezar a marcar agenda.
Sergio Pérez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Leonardo Carreño / FocoUy
¿Cuáles pueden ser esos puntos en concreto?
Tenemos muchas expectativas de mejorar el sistema de evaluación de desempeño. En algún caso se llegó a llamar la evaluación 360. Nosotros hemos formado a funcionarios durante todo el año pasado, y tenemos que de 130 organismos han participado 33... nos falta mucho todavía, pero hemos avanzado. La idea es avanzar en la negociación colectiva a ver si terminamos haciendo la evaluación 360 o la evaluación de otras características por desempeño.
¿Y eso en qué le afectaría al funcionario?
Lo que varía de la evaluación por desempeño es dejar de ser un formulario que se llena. La evaluación por desempeño significa que en el ámbito laboral que tú estás trabajando, los compañeros tuyos te pueden evaluar, los superiores te pueden evaluar.
Es como un contralor.
Exacto. Y después cumple el método objetivo. Si vos tenés un proyecto que tenés que cumplir, bueno, en qué etapa del proyecto estás.
¿Y eso no va a generar resistencia?
Resolver cómo se hace esa evaluación es parte del éxito de la carrera administrativa, que no se hizo con la ley anterior. Se impuso un sistema de evaluación sin dialogar con los trabajadores. Estamos buscando acordar sobre eso, de cómo mejorarlo. Pero queremos dejar que sea un formulario que diga cuántos días vino a trabajar. Eso responde a una realidad de hace 40 años atrás que hoy cambió.
Uno de los temas que siempre está sobre la mesa es la cantidad de funcionarios públicos. Siempre hay promesas de reducir, pero después aparecen voces que dicen: en estas áreas nos faltan funcionarios ¿Cuál va a ser la visión de esta oficina en ese sentido?
En 2019, vos tenías más o menos 300 mil funcionarios, y tenías otros 11 mil vínculos laborales no funcionales. El 31 de diciembre de 2024, la misma información te arroja que tenés 313 mil y algo. Si vos mirás los vínculos propios de funcionarios públicos, bajaron 541. Cuando mirás los otros vínculos, no funcionarios, crecieron en más de 1.800. Mirás el número grueso y tenés la misma cantidad de funcionarios. Si vos me decís en administración central, y sí, capaz que te están faltando vacantes, y 2.600, 2.700. Si vos vas a las empresas públicas, te puedo decir que también hay faltantes de funcionarios.
Las vacantes abren una oportunidad para renovar perfiles, ¿qué tienen pensado? ¿Ocupar de vuelta esas vacantes con la misma función?
Hay casos que hoy no se usan. Por ejemplo, el jefe de departamento hoy no se usa porque ya no existe. Si queremos aprovechar esos créditos presupuestales para los distintos incisos, podemos transformar cargos que permitan ser más útiles para la gestión. Es decir, o lo usamos para el mismo cargo o función porque lo precisamos, o lo transformamos en otra cosa para el efecto de necesidades que demanda esa gestión en ese momento.
Hablabas de unas 5.000 vacantes entre administración central y empresas públicas. ¿Tienen algún tipo de proyección de en cuánto podría quedar la cantidad de funcionarios públicos al final del periodo?
Nosotros aspiramos a mantener el gasto presupuestario de funcionarios públicos en lo que está. Hoy se están llamando vacantes para los concursos. Muchas más se van a llamar el año que viene. Pero más o menos es mantener el nivel de vínculos que hay. Ahora, siempre digo, los vínculos son todo aquello que sea necesario para dar el mejor servicio a la población. Puedo decir, bueno, ¿cuánto precisamos acá? Y vos capaz que tenés 100 vacantes, pero vos podés cumplir el servicio con 80. Capaz que tenés 50 vacantes de otra cosa y lo conformás. Las herramientas están disponibles. La cuestión es ser eficiente y gastar en lo que hay que gastar. Entonces, en definitiva, todo termina en una ecuación económica que implica qué disponibilidad de crédito presupuestal, utilidad de la función y el número de funcionarios va a ir acompañando eso.
El Estado es muy ineficiente en su gestión de los recursos. ¿Ustedes tienen alguna manera de medir el nivel de eficiencia?
Vamos a las ejecuciones presupuestarias. Si nosotros ejecutamos los presupuestos y los proyectos que tenemos, nosotros decimos: bueno, estamos cumpliendo con lo que el plan de gobierno tiene para poder cumplir las metas. El Estado es el Banco de República y es el principal banco país. El Estado es el Banco Seguro del Estado y es el principal que asegura. El Estado es el BPS y el BPS funciona. ASSE funciona: uno va a un hospital público, y la salud pública funciona. En general, si uno ejecutó presupuestos, se cumplieron las metas, me parece que ahí tenés una medida de eficiencia del Estado.
Sergio Pérez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Leonardo Carreño / FocoUy
Uno de los primeros temas que tuvieron que abordar fue el tema de las certificaciones médicas en el Estado. Llegaron a un acuerdo con COFE, ¿creés que se resuelve el problema de los abusos que se buscaba atacar?
El tema de abuso siempre hay una literatura que es de acuerdo quién lo diga. Yo confío que la infinidad de funcionarios públicos que tenemos nosotros, son todos gente honesta y que cumple las funciones. Y cuando se enferma, se enferma. Que puede haber abuso, sí. Como en todos lados, algo puede haber. Ahora, dicho esto, nosotros nos encontramos con este proceso de certificaciones médicas que venía regulado por el gobierno anterior. El PIT-CNT planteó un reclamo ante la OIT por el tema de la certificación. El 30 de enero de 2025, el gobierno saliente acuerda básicamente con la OIT. Se instala un proceso de conciliación por seis meses y la OIT le encomendó al Ministerio de Trabajo liderar para avanzar. Dicho esto, lo que logramos con el avance de la conciliación fue llevar los nueve días a doce días, es decir, sigue lo del 75% queda absolutamente igual. Yo creo que le hace bien al país un sistema de estos. La propuesta inicial de COFE fue que se volviera el sistema anterior. Y nosotros supimos que no, que no volvíamos al sistema anterior, que nos parecía que esto era viable, y así se negoció, así se acordó, y así se mandó al Parlamento.
Es comprensible que como director de esta oficina digas: “yo confío en mis trabajadores”, pero también es sabido y es evidente que hay abusos. ¿Dónde está el límite? Si vos le decís al médico “me siento mal”, el médico no se va a jugar a decir: "no, usted no se siente mal", entonces te va a dar la certificación.
Puede ser que sí, puede ser que no. El gran problema que puede existir en este país es el famoso certificado por complacencia. Es una política que tenemos que tratar de eliminar y eso es clave en el trabajo que tengamos que hacer con los prestadores de salud, médicos, con el Colegio Médico, con el Sindicato Médico, con Salud Pública. Yo creo que con este sistema, eso no va a pasar tanto, porque te limita mucho.
¿Por qué?
Y porque tú tenés 12 días y después pasás al 75% (del sueldo). Entonces si vos mañana decís no, mirá, me duele la panza y faltás un par de días, otro día, cuatro días... Eso no va a existir. Pasamos de 9 a 12, es muy poquita la variación que hay y queda prácticamente igual la norma, o sea que no tiene mucha variación sustancial. Entonces, yo creo que eso va a obligar a que uno vaya al médico porque tiene una necesidad de ir al médico. Ahora, como sociedad tenemos que sincerarnos. Como yo lo he dicho, el certificado por complacencia es complicado y hay actores que ahí exceden a lo que es propiamente esta oficina. Yo confío en los funcionarios y voy a seguir confiando en los funcionarios. Porque acá se instaló un nuevo gobierno el 1° de marzo y en esta oficina prácticamente el 99 % de los funcionarios continúan trabajando sin ningún problema. Nosotros no vinimos a hacer la revolución del Estado.
En el otro extremo están aquellos que tienen certificaciones larguísimas. Una de las cosas que ustedes cambiaron fue agregar la salud mental en las enfermedades que quedan excluidas de este nuevo régimen, que son una de las principales causas de esas largas certificaciones ¿Cómo van a hacer para controlar?
Ahí vamos a dos temas. Se incorpora, sí, la salud mental y se incorporan enfermedades vinculadas al embarazo, que es una demanda muy importante de las mujeres del país hoy. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones que nos hace Salud Pública, BPS, que básicamente tiende a todo lo que es la guía de salud mental que se atienda básicamente por psiquiatra. Vas a tener que tener especialista y a su vez para certificarte vas a tener que comprometerte con seguir el tratamiento que te indica el psiquiatra, si tenés que ir cada tantos meses, si tenés que ir con medicación, y hay un seguimiento de la situación, porque también nos importa mucho la salud mental.
El tiempo que estuvo vigente el nuevo régimen hasta que lo suspendieron, ¿tuvo impacto en la cantidad de funcionarios y días certificados?
Ahí tenemos algunos datos que pueden llegar a ser relevantes. Porque si lo mirás, el régimen de aplicación fue gradual. Se empezó a aplicar en 2023 y con más generalidad en 2024. Nosotros para tener un número concreto, estamos aspirando ahora al cierre del año y ver qué repercusión tuvo o no la aplicación comparado a un semestre y con otro. Pero nosotros apostamos a que han bajado los números de días de certificación con la aplicación. Ahora, hay que ver la cantidad de funcionarios, el observatorio en este momento está trabajando en eso para llegar a fin de año con un número global.
También tenés el tema de la relación del Ministerio del Interior, hay que ver si vos sumás al Ministerio del Interior o si lo sacás, cuánto suma, cuánto resta. Vemos con Gestión Humana de Ministerio de Defensa y ellos plantean que, por ejemplo, hay algunas situaciones de salud que son propias de los ministerios de defensa que tienen que ver con el personal combatiente y a veces eso se nos escapa a nosotros. Están 24 horas en guardia, en las cárceles, en las guardias penitenciarias. Siempre están en ejercicio allí. Frío, calor, humedad, etc. Hay algunas condiciones de trabajo, algunas excepciones que también se tienen que tener en cuenta, de acuerdo a ese tipo de tareas.
Sergio Pérez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil
Leonardo Carreño / FocoUy
¿Cuál es la idea con respecto a las capacitaciones de policías?
Están trabajando en conjunto, la Escuela Nacional de Policía, con un acuerdo con la ENAP (Escuela Nacional de Administración Pública), para dar más herramientas. Nosotros tenemos que dar herramientas a los funcionarios, de cómo aterrizás en el barrio con tu política. Tenés que tener más o menos una formación homogénea. ¿Cómo desembarcamos con el policía, con la gente del Mides, con la gente de Intendencia, con la gente de otros ministerios que van allí? Hay abordajes que son complicados. Tenés que formar y colaborar con eso para que la gente pueda tener más herramientas cuando llegue al barrio, al territorio, a zonas complejas.
Arrancamos en realidad hablando de la carrera funcional o la reforma del Estado, la madre de las reformas, que viene de hace muchos años. ¿Cómo definirías tu gestión? ¿Vas a dar una batalla igual de ambiciosa que la que se proponía, por ejemplo, Ramos?
Nuestra misión es poder colaborar para cumplir con el programa de gobierno todas sus posibilidades. El presidente marcó 63 puntos para llegar y nosotros vamos a trabajar para que se pueda llegar a eso. La reforma del Estado la vengo escuchando desde la reapertura democrática hasta ahora, en cada periodo que viene, todo el mundo viene con el libro de la gran reforma del Estado. Desde Sanguinetti, se lo escuché a Tabaré, todo el mundo habla de la reforma. Ahora, vamos a hacer lo mejor que se pueda con las funciones que tenemos y con la gente que tenemos para llegar a la gente.
