El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez está a la espera de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le entregue un informe con el recuento de animales en otros campos en los que había ganado de Conexión Ganadera, para cotejarlos con las declaraciones juradas, analizar la faltante de ganado y citar a los responsables.
La próxima etapa de la investigación se centrará en cinco tomadores de ganado en los que se pondrá la mira para indagar a sus responsables y definir si actuaron en connivencia con el fundador de la empresa Gustavo Basso.
El informe del MGAP detallará la información sobre los movimientos de ganado en esas cinco empresas que son: MCO Agro, Agenau, Larregui, El Alfalfar y Don Coraje.
En este último caso se trata un campo que era gestionado en los papeles por Daniela Cabral, la viuda de Basso. Un grupo de inversores de Conexión Ganadera presentó una denuncia por su rol en Don Coraje. La denuncia de la que informó El Observador, que fue presentada por los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, señala que Cabral firmó 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones.
Los denunciantes piden que se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales. Afirman que habría participado por un lado en calidad de socia de la administradora (Conexión Ganadera) y del otro, "como tomadora durante un periodo superior a diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes en base a la auditoría realizada por el MGAP".
Señalan que según los contratos y lo relevado por el Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000 y mencionan que no aparece la plata aportada por los clientes ni el ganado bajo titularidad registral.
El último imputado en la causa fue el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez, quien había firmado 69 por unos US$ 5 millones a solicitud de Basso.
En su caso, a pedido del fiscal Rodríguez, la Justicia le imputó con prisión por los delitos de apropiación indebida y falsificación de documento privado, debido a que mientras que según las declaraciones juradas de Pasfer debía tener 12.860 animales en las 12 mil hectáreas de campo en Treinta y Tres, había 882 animales en febrero de 2025, cuando el MGAP hizo el conteo.
Maximiliano Rodríguez titular de pasfer
Maximiliano Rodríguez con uno de sus defensores Alejandro Balbi
Dante Fernández/ FocoUy
A su vez, de ese ganado 5.868 animales eran de inversores de Conexión Ganadera. "Faltaba prácticamente la totalidad", dijo en la audiencia de imputación la fiscal Andrea Graña y señaló que Rodríguez declaró que "no verificaba que el ganado ingresara al campo". Señaló que el monto de las inversiones por los contratos firmados por Rodríguez fue de US$ 4.098.253.
De ahí que la fiscalía alegó que Rodríguez se apropió de los animales en provecho propio o de terceros y actuó impidiendo conocer la ubicación de ese ganado.
Si bien, Rodríguez alegó que Basso lo obligó a firmar los contratos sin explicarle de que se trataba pero que como le adelantaba dinero para que Pasfer pudiera funcionar no le preguntó de qué se trataba, la Justicia lo imputó y lo envió a prisión ante el riesgo de que pudierar "entorpecer la investigación y fugarse".
La fiscalía indagará si en los otros casos de tomadores se trata de situaciones similiares. Según se manejó al comienzo del proceso los restantes tomadores por fuera de Hernandarias tendrían unos 37.000 animales pero para corroborar esos números se espera el informe del MGAP.
