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Una vez más, la reforma del Estado, “la madre de todas las reformas”, está presente en esta campaña electoral. El tema forma parte de las agendas de gobierno de tres precandidatos: Luis Lacalle Pou (Todos), Constanza Moreira y Pablo Mieres (Partido Independiente). También aparece en el programa oficial del Frente Amplio. José Amorín Batlle (Propuesta Batllista), Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay), Jorge Larrañaga (Futuro Nacional), y Tabaré Vázquez (FA) han evitado abordar el asunto por el momento.

Salvo excepciones (ver recuadro), las propuestas se parecen mucho a lo que ya han prometido otros gobernantes. Además, los programas utilizan los mismos términos y expresiones: “transformar el Estado”, “modernizar”, “más eficacia”, “más transparencia”, “mayor productividad”. Proponen las mismas cosas: menos cargos de confianza (o al menos con mayores credenciales de gestión), reestructura de la carrera administrativa, capacitación a funcionarios públicos, sistemas de evaluación de funcionarios en base a índices de gestión, más auditorías, más certificaciones de calidad, unidades ejecutoras con mayor autonomía, , más y mejor gobierno electrónico, mejor planificación de los recursos, mayor jerarquía al Tribunal de Cuentas. Todos hablan de ofrecer mejores servicios a la ciudanía. Más de lo mismo.

Incluso se prometen cosas que ya están hechas. Lacalle Pou anuncia la “unificación de compras del Estado”, pero eso existe desde el inicio de este gobierno. El propio Frente Amplio parece ignorar ese logro: “Continuar avanzando en la modernización de la administración pública (...) a través de la creación de un sistema de compras públicas”, dice en su programa de gobierno. Agrega sí la inclusión de las “empresas públicas y gobiernos departamentales y municipales”,

Lacalle Pou quiere concentrar “en un único órgano las tareas de selección, ingreso e introducción de funcionarios”. Eso también existe ya. “Uruguay Concursa”, conocido como “ventanilla única”, funciona desde 2011. Constanza Moreira habla de “profundizar” lo que ya está hecho, y de “llevar adelante las reestructuras necesarias en la Administración Central, en diálogo permanente con los sindicatos”. Más de lo mismo.

Los programas están llenos de generalidades y propuestas políticamente correctas que procuran captar al ciudadano desmemoriado o distraido. Lo cierto es que los últimos gobiernos han coincidido en el diagnóstico pero no han dado pasos sustanciales.

En el programa vigente, así como en el del período anterior, el FA acusa a los gobiernos anteriores de “clientelismo” y se arroga haber hecho más. “Nada tienen que ver nuestras reformas con las que llevaron a cabo los partidos tradicionales en el pasado. Durante muchos años, cada vez que se habló de reforma del Estado en nuestro país fue para reducir su acción”, afirma een su programa 2015-2020.

Por su parte, Lacalle Pou dice en el capítulo titulado “administración pública y transparencia”: “Los gobiernos del Frente Amplio han traído un retroceso en este terreno (...) El Estado uruguayo se ha vuelto más caro, más ineficiente y menos transparente que nunca. Nosotros queremos revertir esta situación. Queremos un Estado al servicio de la sociedad y controlado por los ciudadanos”.

Mientras blancos y frenteamplistas se culpan mutuamente de lo que no está hecho, Mieres advierte que si la reforma del Estado ha fallado es porque no ha sido acompañada de un “corpus conceptual”. Con la soltura de quien no tiene posibilidades reales de resultar electo y con la libertad del que nunca gobernó, advierte que “no se conocen suscomponentes, su cronograma ni mucho menos su costo fiscal”. Para ellos, la reforma ha sido definida “según el gusto del comunicador de turno”.
Temas:

Decisión 2014

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