Sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki protestaron contra el aumento del gasto en Defensa

En este contexto, y en medio de las crecientes tensiones geopolíticas que se registran en la región Indo-Pacífico, un centenar de personas, muchas sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, protestaron contra el plan del primer ministro Fumio Kishida de incrementar el gasto militar en forma progresiva hasta alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, determinación que supone abandonar el pacifismo que exhibió Tokio desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Los asistentes a la marcha argumentaron que la decisión del gobierno de aumentar la capacidad de contraataque viola la Constitución del país, que establece una histórica política limitada a la "autodefensa". Kunihiko Sakuma, presidente del Consejo de Organizaciones de Víctimas de la Bomba Atómica de Hiroshima, señaló que el mayor gasto en Defensa no se traducirá a una solución pacífica de las tensiones. "Si Japón aumenta su disuasión, otros países la fortalecerán", advirtió Sakuma.

En el mismo sentido se expresó  Shunichi Ishiguchi, de la organización Acción total de Hiroshima. “El rumbo del gobierno recuerda la historia de Japón de antes de la guerra, cuando se dirigía a la agresión", afirmó Ishiguchi en referencia al militarismo que dominó la vida política y social de la nación y que desembocó en las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, y se mantuvo hasta la rendición de 1945, procesó que derivó en la actual Constitución, sancionado en 1947.

La protesta se concretó luego que el gobierno presentara el viernes pasado un presupuesto anual que incluye una asignación sin precedentes al gasto militar de 6,8 billones de yenes (US$ 48.000 millones) para sustentar una nueva y agresiva política de defensa estratégica que apunta a contrarrestar las amenazas de Corea del Norte y la expansión de China en la región del Indo-Pacífico.

Según los analistas, la nueva partida de gasto en Defensa representa un aumento de 26,4% respecto al año pasado y es el primer paso para romper el techo histórico del 1% del PIB al sector militar, con la intención de subirlo hasta el 2% en el año 2027, en línea con las expectativas de la OTAN y Washington, a pesar que la salud fiscal del país es la peor entre las principales economías, con una deuda pública que representa más del doble del PIB. Incremento presupuestario, además, que se da en momentos en que la inflación trepa al 3,7% interanual, el nivel más alto desde 1981, dinámica impulsada en parte por el encarecimiento de la energía, según los datos oficiales.

El presupuesto, respaldado por el gabinete del primer ministro Kishida, implica la construcción de nuevas instalaciones militares y buques de guerra, además de la modernización de las fuerzas de combate, como así también la adquisición de misiles de mayor alcance y nuevos aviones de combate, orientación que muchos consideran como un abandono de más de siete décadas de pacifismo.

El debate en torno al rearme también tiene como telón de fondo otra polémica decisión del gobierno: la de extender la vida útil de sus reactores nucleares por encima del límite actual de 60 años, estrategia que implica la construcción de centrales de nueva generación para garantizar el suministro de energía y compensar el alto costo de las importaciones de gas y petróleo, política que los especialistas interpretan como el fin del apagón nuclear decretado tras el terremoto y tsunami produjeron la catástrofe de Fukishima, la peor luego de Chernóbil.

Debido a los daños sufridos por la central, las autoridades pausaron su apuesta por la energía atómica y tomaron compromisos específicos para no construir nuevos reactores ni sustituir los obsoletos. Ahora, sin embargo, el país decidió regresar a esta industria, con vistas incluso a que, a largo plazo, haya reactores de nueva generación, dentro de un paquete de medidas con el que el gobierno aspira a reducir las emisiones contaminantes.

La dependencia de Japón de las importaciones de combustibles es casi absoluta. En el último año fiscal, solo el 13,4% de la energía consumida fue generada en el país. Situación que, además, presiona sobre el objetivo oficial completar en 2050 la descarbonización y llegar a la neutralidad en materia de emisiones. Según fuentes oficiales que recoge la agencia de noticias AFP, Kishida enviará la reforma al Parlamento en el periodo de sesiones de 2023 y se comprometió a abordar dentro de estos cambios "el problema de fondo de los desechos radioactivos".

En agosto pasado, Kishida había preanunciado el giro en la política energética japonesa, cuando declaró que la guerra entre Rusia y Ucrania había "transformado enormemente el panorama energético mundial", y que por ello "Japón necesita tener en mente potenciales escenarios de crisis en el futuro". Desde entonces, avanzó en la elaboración de un plan que contempla la construcción de 17 reactores de nueva generación que, según los funcionarios, permitan reducir las emisiones de CO₂ (dióxido de carbono) y asegurar el suministro.

Luego del terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que se registrado frente a las costas de Japón y el posterior tsunami que dañó en forma irreparable tres reactores en la planta de Fukushimai, el gobierno y la nueva autoridad reguladora establecieron criterios de seguridad más estrictos, que obligaban a todas las plantas del país a suspender operaciones hasta cumplir con los nuevos estándares.

Desde entonces, solo unos pocos reactores recibieron el visto bueno de las autoridades para volver a funcionar y no se construyeron nuevas instalaciones. Ahora, sin embargo, los especialistas locales señalan que la decisión del gobierno supone una relajación de los controles y un nuevo impulso de la energía nuclear como fuente para satisfacer los requerimientos energéticos de una de las principales economías del mundo.