Las promociones para fidelización de clientes como programas de millas, puntos y otros beneficios que otorgan supermercados y comercios por abonar en efectivo o con determinadas tarjetas de débito de una institución financiera en particular, podrán aplicarse como máximo hasta mayo de 2015. Así lo establece el artículo 64 de la ley de inclusión financiera.
El integrante de la Asesoría Macroeconómica, Martín Vallcorba, explicó a El Observador que si hoy un comercio decide comenzar a ofrecer este tipo de promociones no puede hacerlo, por lo que está obligado a dar el mismo trato al pago con efectivo como con débito de cualquier sello.
El jerarca indicó que esta medida se aplica para que los comercios no otorguen un “trato más favorable” para el pago en efectivo respecto a abonar con cualquier tipo de tarjeta de débito o con un instrumento de dinero electrónico. Las promociones que los comercios tengan por pagar con tarjetas de crédito de determinadas instituciones financieras no se verán alteradas por esta disposición.
Para no cortar automáticamente con este tipo de promociones, el Poder Ejecutivo dio un plazo máximo de un año luego de aprobada la ley de inclusión financiera para respetar los contratos de exclusividad firmados que las instituciones financieras tienen con distintos comercios, como los supermercados.
Al artículo 65 de la ley de inclusión financiera delega en el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía el cumplimiento de esta nueva disposición, y prevé sanciones por parte de la Dirección Nacional de Comercio en caso de no acatarse.
“Gran Hermano”
Entrevistado por El Observador TV, Vallcorba rechazó ayer las críticas del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera, quien llamó a la ley de inclusión financiera “el Gran Hermano de la DGI”, porque con este instrumento el organismo “va a saber absolutamente todos los movimientos de los habitantes del país”.
“Me resulta extraño que quienes reclaman mayores luchas contra la informalidad, critiquen una ley que regula la actividad de los comercios. No hay ningún ‘Gran Hermano’. Ninguna intromisión en la privacidad de nadie”, respondió Vallcorba.
El funcionario precisó que el gobierno no accede a las compras que realiza cada ciudadano. “No se registra qué se compró, no hay información del consumidor. La única información que se obtiene es que hay un comercio que vendió, que cobró IVA y que está obligado a pagar a la DGI. Quien debería estar preocupado es el comercio que opera en la informalidad. El que no cumple con las obligaciones”, advirtió Vallcorba.
En declaraciones a Subrayado, Perera señaló que el objetivo de esta nueva ley es “el control fiscal” y junto con otras gremiales empresariales analiza la posibilidad de presentar un recurso contra la norma. “Viola el derecho de elección, viola el derecho de que si yo quiero vender, bajo qué forma quiero vender, y no solo que obliga sino que además sanciona”, cuestionó el empresario.
Balance positivo
El integrante de la Asesoría Macroeconómica, Martín Vallcorba, indicó que aún no tienen datos precisos sobre el uso de los medios electrónicos de pago en los primeros cinco días de vigencia de la ley, pero señaló que “la sensación” de los comerciantes y consumidores es que hubo un “cambio notorio en cuanto a los hábitos de pago”, respecto al bajo uso de la tarjeta de débito. “Hemos tenido un crecimiento muy grande a nivel de todos los comercios”, destacó el asesor del MEF.
