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"Puede y debe mejorar”, fue el juicio que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pronunció ayer sobre el centro Ser de la Colonia Berro, luego de que los ministros entrevistaran a funcionarios y adolescentes infractores. Lo dijo el ministro Ricardo Pérez Manrique en rueda de prensa y lo reiteró el presidente de la corporación, Jorge Larrieux, en diálogo con El Observador. “El trato con los adolescentes aparentemente ha mejorado, pero sigue siendo un sistema de internación de mucho encierro, poca recreación, actividades y salidas al patio. Es un régimen bastante cerrado, demasiado”, explicó Larrieux.

Después de 15 años sin visitar la Colonia Berro, los cinco ministros de la Corte ingresaron a un centro de reclusión para menores de edad impulsados, fundamentalmente, por las reiteradas denuncias penales de malos tratos a los adolescentes por parte de funcionarios. “La idea es visitar el hogar Ser porque es sobre el que existen más cuestionamientos”, había explicado Pérez Manrique a El Observador horas antes de la visita.

Sin embargo, más que relatos de golpizas recientes, los ministros encontraron historias de encierro. “Dicen que salen una ó dos horas al día. No encontré a ninguno que dijera que sale cuatro horas”, expresó el presidente de la Corte.

Luego de la recorrida por el centro Ser y la enfermería de la Colonia Berro, los ministros de la Corte, la jueza de Pando Isaura Tortora y el ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, se reunieron en la escuela de la colonia con el directorio del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y con el equipo interventor del centro Ser. Allí los ministros expresaron su preocupación por las horas de encierro. María Elena Rodríguez, integrante del equipo interventor del centro Ser, el de máxima seguridad de la Colonia Berro, le respondió a los ministros que los adolescentes del establecimiento realizan varias actividades recreativas y talleres y están entre tres y cuatro horas fuera de sus celdas.

Al salir de la reunión, Pérez Manrique sentenció en rueda de prensa que “surgieron contradicciones entre lo que dicen los internos del centro Ser y lo que informan las autoridades”.

Los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos están en sintonía con lo planteado por la Corte.

A su vez, El Observador entrevistó ayer a seis adolescentes del hogar Cerrito. Tres de ellos estuvieron internados en el centro Ser y se quejaron por pasar la mayor parte del día encerrados (ver Página 3).

El presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, sintetizó en la reunión privada con los ministros la evolución de la crisis provocada por golpizas y denuncias. Según supo El Observador, Villaverde relató que los problemas surgieron en agosto y setiembre del año pasado y que el Sirpa denunció los episodios ante la Justicia.

En febrero de este año aparecieron nuevas denuncias y el Sirpa inició investigaciones administrativas que finalizaron con la separación del cargo de cinco funcionarios, entre ellos, la directora del centro, Jessica Barrios. Su sucesor, Alejandro Araújo, también fue denunciado y separado del cargo. El directorio del Sirpa decidió entonces intervenir el centro y la semana pasada designó a una nueva dirección. El equipo interventor, de todas maneras, acompañará por algunas semanas más a la nueva dirección.

La flamante directora es quien estaba a cargo de las requisas en la Colonia Berro y eligió a tres mujeres para ocupar la subdirección. Una de ellas, la exsubdirectora del hogar Cerrito, fue defendida por los adolescentes entrevistados por El Observador. Ellos aseguraron que sería incapaz de validar golpizas.

Desde que el Sirpa intervino el centro y desde que asumió la nueva dirección, el trato con los adolescentes “aparentemente” mejoró, destacaron los ministros.

Los magistrados también destacaron que no percibieron hacinamiento, uno de los problemas más agudos del sistema.

Inestabilidad
Sin embargo, un viejo fantasma revolotea nuevamente por la colonia: la complicidad de los funcionarios en los intentos de fuga de los menores.

“En este momento la situación presenta alguna inestabilidad diferente de otras que hemos vivido. Tuvimos tres intentos de fuga en 15 días; el último ayer. Por lo tanto hay una situación de cierto movimiento. Tenemos alguna preocupación en relación al personal. Hemos tenido que hacer algún movimiento más. No se puede decir que hayan terminado los movimientos porque es probable que estos intentos de fuga alguna cosita los haya animado”, les dijo Villaverde a los ministros.

Insistió luego: “Los problemas entre el personal en la adhesión a un equipo de dirección u otro puede llevar a establecer alguna situación complicada. Es importante mantener la estabilidad para evitar las fugas”.

Uno de los principales logros de Villaverde al frente de la gestión ha sido llevar a cero las fugas. Mientras en 2010 había más de 1.000 fugas por año, este año no ha habido ninguna exitosa. Sin embargo, los intentos de fuga son interpretados como un foco emergente de desestabilización del sistema.

En ese sentido, el ministro Jorge Chediak valoró la disminución de las fugas aunque advirtió, al finalizar la reunión con las autoridades del Sirpa, que encontró “una realidad variopinta”.

Más visitas
El centro Ser esconde tras sus muros 78 historias de caídas y la Colonia Berro, en total, 372. Algunas afloraron ayer. “La psiquiatra del establecimiento planteó que hay algunos chicos que son hijos de madres adictas a la pasta base”, aseguró Pérez Manrique.

Los ministros de la Corte acordaron visitar otros centros de reclusión de menores infractores como el de adolescentes mujeres, donde también se denunció hacinamiento y malos tratos, para luego delinear un panorama completo sobre la situación del sistema.

“La idea es ver estos establecimientos, verificar en qué condiciones están las personas privadas de libertad y apoyar en la medida de lo posible a corregir eventuales errores o desviaciones en caso de ser apreciadas con un sentido constructivo”, explicó Pérez Manrique.

Corte pretende dar libertad a menores
La ley permite que la Suprema Corte de Justicia decrete la libertad por gracia de los reclusos adultos en las visita anual de cárceles, pero no permite hacerlo en caso de menores. “En materia de adultos, la Corte tiene la potestad de dar libertades por gracia. Eso es un beneficio que tienen los adultos y que no tienen las personas que tienen menos de 18 años de edad. Un tema que nuestro orden jurídico en algún momento lo va a tener que considerar por el principio de igualdad y no discriminación”, expresó el ministro Ricardo Pérez Manrique.

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