Temer prepara estrategia para desactivar denuncia del fiscal

Comisión de Diputados comenzará a analizar acusación por corrupción desde la próxima semana

En medio de una crisis política sin precedentes y con un gigantesco escándalo de corrupción como telón de fondo, el presidente brasileño Michel Temer prepara su estrategia para evitar que la denuncia por corrupción –que el fiscal general, Rodrigo Janot, presentó en su contra y que este jueves ingresó a la Cámara de Diputados– tenga andamiento y derive en un proceso de juicio político que puede dejarlo fuera del gobierno.

Pero, además, el presidente, que todavía conserva el apoyo de su denominada base política, deberá enfrentar hoy la segunda huelga general contra las reformas que impulsó durante su gestión..

La denuncia contra Temer llegó este jueves a la Cámara de Diputados, lo que dará inicio a un proceso que podría destituirlo, en un nuevo capítulo de una interminable crisis.

En poco más de un año, el mandatario conservador debió sortear un proceso en la justicia electoral y perdió a seis miembros de su gabinete salpicados por el megafraude a la estatal Petrobras.

"La Cámara de Diputados recibió esta mañana la denuncia de corrupción pasiva contra el presidente de la República Michel Temer. Es la primera vez que un presidente de la República en ejercicio de su cargo es acusado de un delito común", señaló el cuerpo legislativo en un comunicado.

Temer, de 77 años, cuenta con una popularidad de apenas 7% y está en la cuerda floja, solo trece meses después de la caída de Dilma Rousseff, por manipulación de las cuentas públicas, y a la que sustituyó en el cargo.

Temer, decidido a concluir el mandato a fines de 2018, acusó a Janot de actuar con intencionalidad política. Un argumento compartido por buena parte del Congreso, bajo la lupa de la Operación Lava Jato sobre el caso Petrobras.

Janot acusó a Temer de recibir un soborno de 500 mil reales (US$ 150 mil) de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La policía incluso fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores cercanos, al recibir una maleta con ese dinero y lo detuvo.
El fiscal puede presentar al menos otras dos denuncias contra el presidente (por obstruir la justicia y por integrar una organización delictiva).

Una cuestión de votos

La cámara debe determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario; para ello, el pedido debe ser aprobado por al menos 342 diputados (dos tercios de las 513 bancas).

El oficialismo tiene mayoría en la cámara baja y para bloquear el caso solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.

Temer está convencido de que tendrá el apoyo suficiente para que la denuncia no siga su curso.

El presidente busca neutralizar la denuncia antes del receso parlamentario que comienza el 17 de julio. La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara comenzará a debatir la denuncia de Janot desde la próxima semana.

La defensa de Temer tendrá hasta 10 sesiones para realizar sus descargos, pero en el Congreso esperan que no use ni la mitad de ese tiempo.

La CCJ emitirá luego su posición no vinculante y la enviará al plenario, que tomará la decisión definitiva. Si el caso llegara a la Suprema Corte, los 11 jueces que la integran definirán si habilitan el proceso de juicio político o lo descartan.

Si se inicia el proceso, Temer deberá abandonar el puesto por 180 días y en su lugar asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la cámara. Si Temer es declarado culpable, será destituido y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su presidencia.

Segunda huelga contra reformas

El presidente de Brasil, Michel Temer, enfrentará este viernes la segunda huelga general convocada por los sindicatos contra las reformas económicas de su gobierno, debilitado en medio de los escándalos de corrupción que aún lo salpican.

Las centrales sindicales protagonizarán el segundo paro en dos meses para expresar su rechazo a la reforma laboral y a la modificación del sistema de pensiones y jubilaciones que se debaten en el Congreso.

Algunos sindicatos también reclaman la renuncia del presidente brasileño, quien esta semana fue denunciado por la Fiscalía por el delito de corrupción pasiva tras la confesión realizada por uno de los dueños del grupo JBS, que le acusó de recibir sobornos desde 2010.

Golpe contra la corrrupción policial

El mayor golpe contra la corrupción policial de la historia de Río de Janeiro destapó este jueves una alianza entre agentes y narcotraficantes que movía cifras millonarias e incluía la venta de armas a la mayor organización criminal de la ciudad.

El operativo, en el que participan 600 policías civiles desde la madrugada para detener a cerca de 200 personas –entre policías militares y narcos–, volvió a poner sobre la mesa el grave problema de la corrupción de las fuerzas de seguridad en uno de los estados brasileños más castigados por la violencia, con una media de 15 tiroteos diarios.

Bautizada como "Calabar", en alusión al mayor traidor de la historia de Brasil, la investigación comenzó con la delación de uno de los implicados, que ahora se encuentra bajo un programa de protección de testigos.

La operación desarticuló la red que operaba en el batallón 7 del distrito de Sao Goncalo, en el área metropolitana, y en la que participaban el "cuerpo de elite" del destacamento y decenas de policías militares que recibían sobornos de los narcotraficantes para facilitar la actuación de la mayor facción criminal de la ciudad.

En la trama están involucrados alrededor del 15% de los 700 agentes que integraron el batallón entre 2014 y 2016, así como efectivos de las UPP (Unidades de Policía Pacificadora) de favelas, como el gigantesco complejo de Alemao, una de las más conflictivas.

Según la investigación, los policías corruptos recibían al mes alrededor de un millón de dólares a cambio de evitar operaciones en más de 40 favelas de la zona y proteger los transportes de droga.

Policías y narcotraficantes se comunicaban con teléfonos móviles "buchas" –utilizados para evitar los rastreos– y organizaban los pagos mediante "gerentes de sobornos"

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