Hace unos años, durante un programa de desarme por efectivo lanzado por el gobierno local del Distrito de Columbia, me acerqué a un joven que esperaba, junto a decenas de personas, para devolver sus armas en una estación de policía de la calle U, en una zona céntrica de la ciudad de Washington. Le pedí que me mostrara las piezas que iba a entregar “sin mediar preguntas” de las autoridades, según las condiciones del programa. Sacó de un bolso una Magnum .357, una Glock 30 .45 semiautomática y un Colt 45 de caño largo, armas todas de alto poder, capaces de eliminar a varias personas en una sola ronda de cartuchos o giro de tambor. Le pregunté por qué las devolvía. “Tengo varias más de estas en mi apartamento y un par de fusiles. Además, viajo seguido a Arizona y allí me puedo comprar todas las que quiera”, me respondió el veinteañero, que por lo demás daba la impresión de no matar una mosca. Le pregunté entonces para qué quería tantas armas. “Para mi defensa personal —repuso—. Y en todo caso, es mi derecho”.
Tenencia de armas: un derecho llevado al delirio
El control sobre la venta de armas de fuego es la asignatura pendiente más perniciosa para EE.UU.