Tras renunciar, un ministro peruano le reclamó a Boluarte que deje la presidencia
Eduardo García, ministro de Trabajo, dejó el gobierno en medio de las protestas en las que ya se registraron casi medio centenar de muertos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informará este viernes sobre los resultados de su visita al Perú, y lo hará reclamando al gobierno de Dina Boluarte que modere el uso de la fuerza en la represión de las manifestaciones que reclaman su renuncia. La prensa contabiliza 49 muertos en los 37 días desde que asumió en reemplazo de Pedro Castillo.
Pero sin esperar a ese dictamen, el ministro de trabajo Eduardo García presentó su renuncia reclamando una idéntica actitud de la mandataria, el adelantamiento de las elecciones y el cese de la represión. Se trata de su primer funcionario en dejar el gabinete con razones coincidentes con las de las protestas.
“La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que considero que necesita el país”, remarcó el ministro en su carta de renuncia a Boluarte.
“Necesitamos ver al ‘otro’ como a un ‘yo’ y no como un enemigo”, añade el texto de la renuncia difundido a la prensa local y extranjera.
“Necesitamos poder discutir con un diálogo serio, en el que validemos la posición del otro y nos esforcemos por comprender sus razones”, cierra la misiva, en un tono suave pero firme.
La renuncia se produjo en la tarde del jueves, cuando las manifestaciones llegaron a Lima y se extendieron ya a 10 de las 25 regiones peruanas. Los muertos por represión suman 40, a los que se agregan un policía y otros ocho fallecidos en accidentes por los bloqueos de caminos que realizan las comunidades campesinas.
García dejo el gobierno dos días después de que el Congreso otorgara un voto de confianza al jefe de gabinete Alberto Otárola, quien defendió el accionar de las fuerzas militares y policiales desplegadas en las calles en el marco la emergencia decretada por Boluarte.
“Fuimos testigos de una gran cantidad de protestas en distintas regiones del país, con diferentes banderas políticas, pero que sabíamos que detrás de las mismas se encontraban también demandas sociales largamente ignoradas”, se lee en las líneas iniciales de la renuncia de García.
Añadió que no se puede negar “motivaciones oscuras y malintencionadas detrás de actos que atentaban contra los derechos de otros peruanos”, de modo que hubo “la necesidad de adoptar una respuesta que pudiera contener esos ataques”.
Sin embargo, “la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron” en Puno y Cusco. “Esta vez, creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran. Creo, señora presidenta, que se requiere de un acto político, en el buen sentido del término político”, continúa.
Le pidió a Boluarte “un pronunciamiento que exprese el dolor por la pérdida de las vidas, (...) disculpas a la población y (...) que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”.
En Cusco, los manifestantes que reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales inmediatas y una asamblea constituyente, regresaron este jueves a las inmediaciones del aeropuerto para intentar tomarlo. Pero la Policía los hizo retroceder con bombas lacrimógenas y sin disparar munición de guerra como en Juliaca, donde a comienzos de semana hubo 17 manifestantes muertos en la peor matanza del último mes.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió el cierre por tiempo indefinido del que el aeropuerto internacional cusqueño Alejandro Velasco Astete, punto de entrada de los turistas que visitan las ruinas de Machu Picchu.
El miércoles, manifestantes enfurecidos por el asesinato del líder comunero Candia Guevara apedrearon el hotel Marriot de Cusco. Por su parte, la estatal Defensoría del Pueblo demandó “una investigación inmediata para dar con los responsables del deceso y proceder a la sanción respectiva”, citada por la agencia de noticias Europa Press
En la capital, donde las protestas en las zonas serranas de mayoría indígena son vistas con desprecio, miles de personas tomaron las calles al grito de “Dina asesina” pero de modo pacífico y sin represión, para desconcentrarse en la céntrica plaza San Martín.
La marcha fue convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda bajo la consigna "Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista".
En el interior del país las demostraciones se repiten en Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios, Huancavelica y San Martín, según la Superintendencia de Transporte Terrestre.
