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Los bancarios y el gobierno llegaron el jueves a una tregua. Ellos levantarán las medidas y el gobierno postergará la modificación de los presupuestos de los bancos, que cambian su escala salarial. Y mientras, seguirán negociando por un plazo de unos 30 días, en los que se discutirá de todos los puntos que están en debate. Este viernes por la mañana firmarán el acuerdo y el conflicto entrará en un impasse.

Pero más allá de resoluciones y del futuro de la negociación, en el conflicto bancario hasta el momento el único perjudicado fue el usuario. Las medidas impulsadas por los grupos radicales del gremio, avaladas por la asamblea y rechazadas por las listas más moderadas, consiguieron un descontento general en la gente. Los propios trabajadores lo reconocen en la resolución adoptada ayer. Allí indican que “la población está siendo la principal perjudicada por el conflicto con el Poder Ejecutivo que se viene arrastrando hace más de un año, situación de la cual no es responsable el conjunto de los uruguayos”.

Ni el gobierno ni los bancarios tuvieron mayores costos en lo que duró el conflicto. Si bien el presidente José Mujica y varios ministros están preocupados por los costos políticos que esto puede traer y por cómo la población se ve perjudicada, analizan que apenas se levanten las medidas todo será sencillo de resolver, aseguraron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo. Se acreditarán los cheques que están trancados y nada pasará a mayores.

Y para el sindicato también el conflicto ha sido gratis. Aún el gobierno no modificó su escala de ascenso salarial, y los descuentos por los paros distorsivos realizados tanto el año pasado como éste, por ahora, son sólo amenazas.

Sin embargo, los clientes de los bancos públicos y privados, que también se ven afectados por esta medida, deben soportar desde hace dos semanas sin tener nada que ver en la disputa entre los bancarios y el gobierno, infinidad de complicaciones. Para empezar, muchos trabajadores no han podido cobrar sus salarios porque los cheques que las empresas enviaron para depositar en las cuentas están trancados por el paro diario de 23 a 24 horas.

Pero el asunto no solo tiene que ver con salarios. Desde el sector empresarial se advierte que la situación afectó la cadena de pagos en general.

“El BROU tiene una participación muy importante en el mercado, del entorno del 50%. Se están dando situaciones complicadas y se puede llegar a un colapso en la cadena de pagos. Por ejemplo, si una empresa le paga a otra con un cheque por un servicio de prooveduría, como ese cheque al ser depositado no es acreditado, la empresa no lo cobra. Esa empresa no paga a la otra, y la otra no paga a sus empleados porque no pudo cobrar lo que tenía pensado, y así sucesivamente, se puede llegar al colapso”, dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Comercio, Marcelo Lombardi. La cámara presentó ayer ante el Ministerio de Trabajo una solicitud para que declare “servicios mínimos” en el sistema financiero.

Solos
La reunión que mantuvieron dirigentes de la agrupación 810 con el presidente Mujica en la mañana del miércoles fue lo que faltaba para que los delegados del resto de las agrupaciones se decidieran a buscar el levantamiento de las medidas. El conflicto era conducido por estos grupos radicales, que lograron que las últimas asambleas rechazaran todas las propuestas del Poder Ejecutivo para firmar un convenio salarial.

Sin embargo, los dirigentes que se reunieron con el presidente fueron duramente cuestionados por las agrupaciones 98 y 17, a quienes antes habían acusado de “traidores” por negociar a sus espaldas con el gobierno.

Por eso ayer en el Consejo de Banca Oficial los radicales quedaron solos. Luego de tres horas de discusión, el organismo resolvió por 9 votos en 11 flexibilizar el conflicto y sentarse a intentar buscar una solución con el Poder Ejecutivo. Y el concepto defendido por la 810 de que “el GEPU (escala salarial) no se toca”, ya no corre. A partir de mañana todos los puntos serán negociados.

La marcha prevista para el 19 de enero hacia Punta del Este se mantiene dentro de las posibilidades, aunque varios dirigentes intentarán que se desactive. Ayer la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió acompañar la marcha, si se realiza.
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