Se considera que la conducción es imposible cuando la persona tiene una concentración de alcohol mayor a tres gramos por litro de sangre. Para eso debe haber bebido, por lo menos, tres vasos de cerveza y tres de whisky, cuando se calcula que solo un vaso de cerveza (100 mililitros) es suficiente para alcanzar el límite legal (0,3 gramos).
Además de poner una multa y hasta quitar la libreta a quien supere ese límite, por la ley de faltas Nº 19.120 se considera una falta la conducción de vehículos con niveles de alcohol en sangre superiores a 1,2 gramos por litro y quien se encuentre en esa situación debe ser enviado al juez para ser condenado y pagar con tareas comunitarias, algo que si incumple lo puede llevar a prisión.
De 314 resoluciones emitidas por la Intendencia de Montevideo (IMM) correspondientes a conductores enviados ante el Juzgado de Faltas entre noviembre de 2013 y mayo de 2014, 17 conductores (5,4% del total) superaban los 3 gramos por litro.
El peor caso fue el de un hombre que registró 3,83 gramos de alcohol, es decir, casi 13 veces más que el límite permitido por la normativa nacional. Un nivel de más de 3 gramos provoca una embriaguez tan profunda que el individuo puede sufrir inconsciencia, parálisis e hipotermia y hasta puede llegar al coma. Sin embargo, ese conductor circulaba por Miguelete y Barrios Amorín el domingo 17 de noviembre de 2013 ajeno a que, por la llamada “zona de conducción imposible”, el riesgo se multiplica por 40 respecto a un conductor sobrio (ver recuadros). “Esa persona no está manejando. Lleva el auto sin ton ni son, sin ninguna sensación de seguridad. Zigzaguea por la calle, sin control del vehículo”, ilustró el director de Tránsito y Transporte, Hugo Bosca, sobre el desempeño de algunos conductores.
Pero la posibilidad de entrar en coma empieza a manifestarse a partir de los 2 gramos de alcohol en sangre, por lo que a aquellos 17 conductores irracionales hay que sumarles otros 99 (31,5% del total) que registraron esa medida al realizarles la espirometría. “Con más de 2 gramos no se tiene ninguna facultad medianamente clara para manejar ni reflejos, ni percepción de la distancia ni equilibrio”, señaló el jerarca.
A partir de los 1,5 gramos de alcohol se reconoce a la conducción como “altamente peligrosa”. Esa situación se manifiesta en visión doble, actitud titubeante y fuertes perturbaciones psicosensoriales correspondientes a una borrachera muy importante. El riesgo para quienes están al volante (también para su compañía) se multiplica por 20.
El rango de conductores “altamente peligrosos” es el mayor. Allí entraron el 35, 3% de los choferes a los que se les practicó una espirometría en el período estudiado por el Equipo de Periodismo de Datos de El Observador. De los 314 conductores denunciados ante el Juzgado de Faltas, el promedio reveló una concentración de 1,90 gramos de alcohol, es decir, 6,3 veces más de lo permitido.
Del total de conductores, solo 11 fueron mujeres. Pero aunque sean minoría no consumen menos alcohol que los hombres. Entre ellas, el menor nivel registrado de alcohol fue de 1,29 gramos −correspondientes a una conducción peligrosa− y el más alto fue de 2,32 gramos −altamente peligrosa−. El promedio fue de 1,71 gramos (5,7 veces más que el límite establecido por la normativa), y se encuentra muy cerca del promedio general.
Ocho de cada 10 infractores denunciados ante el Juzgado de Faltas abusaron del alcohol los fines de semana. El más movido se registró entre el 5 y el 6 de abril: los inspectores llegaron a detectar 173 casos de alcohol en sangre, el doble de lo registrado otros fines de semana. La particularidad fue que la IMM modificó los horarios y los lugares de las fiscalizaciones y duplicó el personal.
Bosca señaló que las espirometrías más altas se registran entre las 6 y las 10 de la mañana y −sin sorpresas− entre quienes salen de los boliches. Por ejemplo, seis infractores del 6 de abril fueron detenidos en la rambla entre Sarmiento y Cachón, muy cerca de una discoteca.
El jerarca entiende que la posibilidad de que la persona sea condenada a tareas comunitarias ha logrado un “efecto disuasivo” entre los conductores, pero todavía no es suficiente para amedrentar a los que tienen la cabeza más dura.
“Al principio, de unas 100 espirometrías positivas por fin de semana, había un grupo de entre 25 y 40 inconscientes. Llevamos a 200 en los cuatro primeros meses. (Ahora) hay 15 personas por fin de semana”, dijo a El Observador. Por ejemplo, no se registró ninguna espirometría superior a 1,2 gramos de alcohol el sábado 26 de abril y solo hubo 10 el día siguiente (siete fueron en 18 de Julio y Ejido). El siguiente fin de semana solo seis espirometrías de las realizadas arrojaron resultados por encima de lo que establece la ley de faltas.
Quieren confiscar vehículos
La ley de faltas también penaliza la realización de picadas, la conducción sin autorización, la circulación al doble o más de la velocidad permitida y la falta de casco. No obstante, no todo es objeto de denuncia por parte de las comunas.
La IMM, por ejemplo, también ha enviado al Juzgado de Faltas a conductores que no tenían el permiso, pero en el caso de motociclistas sin casco y con faltas anteriores, se evita su paso por el juzgado y se les confisca directamente el vehículo. La práctica es tan común que la IMM remató 2.017 motos que había custodiado por dos años.
Para el secretario general de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Pablo Inthamoussu, hay disparidad de criterios entre las 19 intendencias. “(La ley) no se está aplicando prácticamente para conducir sin permiso”, comentó a El Observador, respecto a una de las conductas que, a su juicio, necesita más fiscalización. “Hay muchos gurises de 14 años manejando motos”, agregó. En Florida ya se aplicó para quienes corrieron picadas.
La IMM pretende que, para mejorar la herramienta del envío de conductores alcoholizados al Juzgado de Faltas, se modifique algunos elementos de la ley Nº 19.120. Para hoy hay prevista una reunión de la IMM con los jueces Mary Campiglia y Jorge Pírez, representantes de Presidencia de la República, y el presidente del Congreso de Intendentes, Armando Castaingdebat (Flores), sobre la posibilidad de que un inspector de la IMM oficie como parte en todas las denuncias, para evitar que se cite al personal como testigo. “Normalmente hay 10 o 12 inspectores declarando en el juzgado y eso nos genera una distorsión en los servicios”, apuntó Bosca.
En la reunión de hoy se analizará la posibilidad de que los inspectores de tránsito estén autorizados para confiscar los automóviles. Para eso se necesita una ley.
Otra reforma necesaria para el director de Tránsito es que se agregue una suspensión de la libreta de conducir y una multa económica a la condena del trabajo comunitario (que puede prolongarse entre siete y 30 días) si la persona consumió mucho alcohol o reincidió en la falta.
“(La sanción) debe ser más fuerte. No creo que barriendo 10 días una plaza resuelva su irresponsabilidad”, afirmó.
La ley de faltas establece que, a pedido del Ministerio Público, se puede imponer como “pena accesoria” la incautación del vehículo por un plazo máximo de tres meses en los casos de picadas y de conductores borrachos.
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