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La lógica del “gobierno en disputa” avanza en el oficialismo y amenaza congelar la gestión, cuando el presidente José Mujica ingresa en los últimos dos años de mandato. La pelea parece centrada en la economía. Al parecer, no lo sería por el enfoque o el rumbo –algo que el mandatario afirma que no está en discusión– sino por una puja de poder.

Pero en materia económica el gobierno se fijó una agenda de debates a laudar que está sin avances: redactar una alternativa al impuesto a la concentración de la tierra (ICIR), modificar el Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE), crear un tributo sobre bienes suntuarios, mejorar la competitividad de los exportadores, achicar el déficit fiscal y frenar los aumentos de precios.

Mujica dedicó ayer parte de su audición a alertar sobre este riesgo. Luego de señalar logros de los ocho años de gestión frenteamplista, pidió concentrarse en la gestión. “Cómo para andar soportando las majadeses humanas cuando la nación tiene estos desafíos por delante. Hay que cerrar filas porque el país no sabe de explicaciones, sabe de resultados”, señaló.

Los temas frenados
El miércoles 13, un día antes de que explotara la bomba por la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia al ICIR, el presidente planteó en un Consejo de Ministros que el principal problema económico que tenía el país era el de la competitividad. Los ministros acordaron con el mandatario citar urgente a un gabinete productivo para buscar soluciones al asunto, generado por la diferencia cambiaria con la que deben lidiar los sectores que le ponen mayor valor agregado a su producción y tienen una alta dependencia del comercio regional, en particular con Brasil y Argentina.

Una semana y media después, la crisis política congeló ese “principal problema” al punto que el gabinete productivo no se convocó y no hay ninguna propuesta concreta planteada. Es que para lograr soluciones tienen que negociar los astoristas y mujiquistas que manejan el Ministerio de Economía (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Industria.

La Cámara de Industrias iba a pedir una reunión por este tema con el número uno del MEF, Fernando Lorenzo, pero decidió postergarla hasta que pase la crisis política.

La Unión de Exportadores, por su parte, quiere ir a hablar con Gabriel Frugoni, el director de la OPP y líder del denominado equipo económico alternativo.

Pero el asunto de la competitividad no es el único importante que quedó durmiendo por los líos políticos. Hay otros que son incluso más estructurales.

El déficit fiscal trepó en 2012 al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del 1,7% proyectado. En el segundo gabinete del año, el gobierno fijó las prioridades y allí Lorenzo solicitó a los ministros –y pocos días después también a los legisladores– que compriman el gasto porque en la rendición de cuentas no habrá un solo peso extra para otros tema que no sean la conformación de la nueva Universidad Tecnológica. En el gobierno incluso se habló de un recorte de algunos rubros estatales para frenar el déficit, pero no se laudó el debate.

Mucho antes que esa discusión, estaba la de las modificaciones impositivas. A fin de año, Mujica reunió al vicepresidente y a los dos equipos económicos. Allí se planteó la posibilidad de modificar el IRAE y establecer otros tributos, algo que se debatió por los medios en todo enero. Los astoristas siempre resistieron ese debate.

La otra discusión que está en el debe es cómo sustituir el ICIR. Tras la sentencia de la Corte, los mujiquistas empezaron a diseñar una alternativa sin contar con la opinión de Lorenzo, que, por otro lado, también empezó a escribir un proyecto.

La inflación es otro de los frentes que el gobierno tiene abierto desde hace varios meses, pero que no ha podido dominar.
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