La imposición en la agenda pública de lo que se denomina agenda de derechos es producto de un trabajo astuto impulsado por la izquierda progresista universitaria de clase media en el primer mundo, que desembarcó en las clases instruidas montevideanas e hizo eco en los medios de comunicación.
Se trata de un engrudo de reivindicaciones que incluye temas variopintos como puede ser la legalización del aborto, la ley Trans, el matrimonio homosexual, la lucha contra la violencia doméstica, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la legalización de la marihuana, leyes contra los piropos sexistas, derechos laborales de las trabajadoras domésticas y del trabajador rural, el feminismo en sus muy diversas versiones y otras reivindicaciones algunas muy justas, otras exageradas.
Cada uno de los ítems mencionados merecen un análisis serio per se. Todos juntos constituyen un salpicón incomprensible y es un ejercicio facilista ubicar en la vereda de enfrente y del lado de los malos a quienes se animan a relativizar, cuestionar o manifestar puntos de vista contrarios a algunos puntos de la mentada agenda de derechos en su conjunto, sin distinciones particulares.
Se trata de muchos temas que han escalado al tope de la agenda política y mediática ante el silencio de las mayorías que comprenden que los cambios en las leyes y los reclamos forman parte del devenir de la historia y la consecuencia lógica de conquistas de mayor libertad del individuo en las democracias de Occidente, lo que está bien.
Dentro del Partido Nacional (PN) han existido, como en toda la sociedad, posiciones a favor y en contra de algunas de estas reivindicaciones. Sus líderes han dado su opinión y votado a favor o en contra en cada uno de los temas. Algunas leyes sobre estos temas fueron votadas en general, otras en particular. Se han rechazado artículos, se han aprobado otros; igual que en el Frente Amplio, donde, por ejemplo, el presidente Tabaré Vázquez vetó la legalización del aborto.
Entre las chicanas políticas al orden del día se encuentra la estrategia del Frente Amplio (FA) de acusar al PN de ir contra esta agenda impuesta, de estar en contra y de querer derogarla entera. Se trata simplemente de eso, de un invento sin asidero en la realidad. Ni el programa de gobierno de los blancos ni su candidato han demostrado intención alguna de ir contra las normas aprobadas en los últimos años.
Beatriz Argimón, la candidata a vice del PN intentó explicar el punto de los blancos. “Para nosotros tener opiniones diferentes en determinados temas es algo que transitamos con normalidad. Respetamos mucho esas diferencias y creo que la lógica con que nosotros llevamos adelante esos debates no tiene por qué ser comprendida porque es algo de nuestra interna”, dijo en lo que parece ser una mirada diferente al tema planteado por esta agenda impuesta y los cuestionamientos de la izquierda vernácula.
Es probable que desde filas del FA se continúe insistiendo con el cuco de la abolición de la mal llamada agenda de derechos. Es un desacierto en la medida que el mero planteo al voleo y no por tema baja la mira del debate público e impide levantar la vista hacia nuevos horizontes que incluyan el debate por el futuro del trabajo, el derecho a una buen educación, seguridad, contaminación, comercio exterior, medio ambiente, temas probablemente más relevantes que hacen a la libertad de ciudadano.
