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Especialistas financieros coinciden en que depositar dinero en Suiza para evadir impuestos no es una buena estrategia. Lo era, hasta que los tratados de intercambio de información, que durante años el país europeo se negó a firmar para proteger la identidad de sus depositantes, echaron luz sobre una de las plazas financieras más oscuras.

Durante muchos años, colocar dinero en Suiza fue una estrategia recurrente entre quienes buscaban escapar de las obligaciones tributarias impuestas por los diferentes países. Se pasó así de una plaza que era requerida por los millonarios por su solidez y ocultismo, a ser demandada solo por su solidez.

En este sentido, los expertos en tributación son un tanto escépticos ante el llamado “Swiss Leaks”, el escándalo que desató la filtración que realizó el informático Hervé Falciani de la información de cuentas de la sucursal suiza del banco HSBC, cuya casa matriz está en Londres. Según señalan, la magnitud del affaire no es tan relevante como a veces se presenta.

De los 106.000 clientes de 203 naciones que en 2006 (año en que se produjo la filtración) mantenían depósitos por más de US$ 100.000 millones, US$ 2.800 millones corresponden a 771 empresas o personas uruguayas, distribuidas en 810 cuentas, haciendo que el país sea el número 26 ranqueado en montos de depósitso y el número 25 en la cantidad de clientes.

Un país más grande, como Argentina, se ubica solo cuatro lugares más arriba (21) en cantidad de dinero. Algunos expertos atribuyen esto a que un importante número de cuentas relacionadas con Uruguay pertenecen a argentinos que usaron el país para transferir el dinero.

Como bien dijo el futbolista uruguayo Diego Forlán en una carta abierta que difundió por Twitter luego de que se hiciera público su nombre a través de la investigación que realizaron los periodistas del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), “elegir tener cuentas en Suiza es legal”. Lo que sí es ilegal en Uruguay es que ese dinero genere una renta de capital y que sobre esa renta no se pague el 12% al fisco, que es lo que se grava por las ganancias obtenidas en el exterior.

Es distinto a lo que sucede en Argentina, por ejemplo, en donde también se gravan los activos. O sea que los argentinos deberían pagar por renta y por tener dinero en una cuenta, con lo cual tienen un incentivo a evadir impuestos mayor al de los uruguayos.

Por esto, hubo también un interés mayor de Argentina en pedir a Francia –comprador de la lista completa a Falciani– los nombres argentinos y cruzar datos, para identificar quiénes de los que tienen dinero en Suiza lo declaran. El resultado de esa investigación fue revelador: de las 4.040 cuentas en el banco en Suiza, solo 125 estaban declaradas.

Uruguay
Respecto a las implicancias del caso HSBC Suiza sobre los depositantes uruguayos, el especialista en derecho tributario de Guyer & Regules, Juan Bonet, explicó que Uruguay en 2006 no gravaba el impuesto a la renta de capital de los activos financieros en el exterior.

A partir de la ley 18.718, que modificó en 2011 el sistema tributario, haciendo que los uruguayos paguen Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se reglamentó el pago de 12% por la renta generada en el exterior. Desde ese entonces, si un depositante tiene US$ 1 millón en una cuenta en Suiza y por ese dinero obtiene una renta –extraordinaria en el contexto actual– de 10% por año, deberá pagar impuestos por US$ 12.000 en Uruguay.

Según Bonet, además, Uruguay y Suiza tienen convenio tributario para evitar el cobro doble de impuestos, y asumiendo como ejemplo que el impuesto a la renta de activos financieros en el país europeo es de 10%, en el caso anterior el eventual pago de impuestos sería de US$ 2.000.

De este modo, los depositantes uruguayos tampoco hoy tienen grandes incentivos para proteger su dinero en la plaza suiza, si lo que buscan es evadir impuestos. El único nombre uruguayo que se hizo público fue el de Diego Forlán, que por no vivir en Uruguay más de 183 días al año, no tiene por qué pagar a la DGI el 12% de las rentas que su dinero genere, independientemente que sí deba tributar en el país en el que reside. Sobre los 770 nombres restantes, el encargado de la investigación de ICIJ, Gerard Ryle, dijo a El Observador que evaluará a lo largo de este fin de semana qué parte de la lista se hará pública.

A lo largo de la semana, El Observador intentó insistentemente hablar con el director de rentas, Joaquín Serra, quien se negó a realizar declaraciones sobre el asunto. La consulta para hacerle era simple: ¿Buscará Uruguay dar con la lista? O, si la tiene, ¿cruzará datos para detectar potenciales defraudaciones? La DGI no solo podría usar la lista de manera directa, sino utilizar esa información como indicio de que un contribuyente podría tener fuentes de ingresos no declaradas. El exdirector de rentas, Pablo Ferreri, que ocupó ese puesto desde marzo de 2010 hasta agosto de 2014,dijo a El Observador que no tuvo contacto con la lista.

Si bien se discute si los fiscos deben emplear información robada, desde que se conoce la existencia de la lista, hace seis meses, autoridades de EEUU, España, Italia, Grecia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, India y Bélgica también accedieron a la información, además de Francia y Argentina. Muchos de ellos ya iniciaron acciones legales contra contribuyentes que evadieron impuestos correspondientes a sus activos en el exterior. En la región, también México y El Salvador anunciaron que usarían la lista con los depositantes de sus países para cruzar datos.

Pero no solo el delito de evasión fiscal puede surgir de esa lista. Se han vinculado cuentas a casos de lavado de activos –provenientes del narcotráfico, por ejemplo– de corrupción o financiamiento de actividades ilícitas, como el terrorismo.

En ese sentido, las autoridades locales hacen un seguimiento del caso. Carlos Díaz, de la Secretaría Antilavado, dijo a El País que como cualquier “fenómeno” que ocurre en el sistema financiero, hará un seguimiento de esta información. Dijo que hasta el momento no existe ninguna comprobación ni “nada que haya surgido”. Además, precisó que se debe ser “cuidadoso de no manchar a gente que puede depositar donde quiera”.

Los pecados del HSBC
Una de las acusaciones más graves del informe que realiza el ICIJ es que tienen pruebas de que la sucursal suiza del HSBC alentó a sus clientes a evadir impuestos, generando artimañas como las siguientes: ayudar a clientes a adoptar la residencia suiza, utilizar un estatus de agente sin domicilio, crear fideicomisos del exterior, transformar cuentas personales a corporativas y simplemente, no declarar. El jefe de HSBC, Stuart Gulliver, dijo en un memorando personal al que accedió Reuters que el banco a veces había fracasado en cumplir las normas que se esperaban de la institución. “Debemos reconocer que a veces no conseguimos estar a la altura de los estándares que las sociedades a las que ofrecimos servicios esperaban de nosotros con toda razón”, aseguró el jefe del banco más grande de Europa.

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