Una comisión de la CIDH visitó la zona de derrames de petróleo en Perú

No ha sido el único derrame del ONP ocurrido en solo un mes. Días después, otra ruptura en el ducto, esta vez en el kilómetro 42 del ONP a la altura de la quebrada de Cuninico, en la provincia de Urarinas, en Loreto, ocasionó el vertido de aproximadamente 2500 barriles de petróleo en las aguas del río Marañón. El desastre afectó a más de 20 comunidades que hasta ahora esperan atención ante la falta de agua, alimentos y servicios de salud.

A partir de la emergencia ambiental creada por los derrames, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el Perú este mes para monitorear y evaluar la situación de derechos humanos y los derrames de petróleo en el país.

La Relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García, y el Primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator para Perú, Stuardo Ralón, se reunieron con los líderes indígenas de la Amazonía de las zonas afectadas por el petróleo, así como con los pescadores de Ancón que resultaron afectados por el último derrame de petróleo de Repsol ocurrido en el mar del Callao en enero de este año.

Olivia Bisa, lideresa indígena de la nación Chapra expresó ante la delegación con voz quebrada por la angustia y la indignación que “no tenemos agua, no tenemos víveres, hasta cuándo vamos a esperar. Somos seres vivos y necesitamos vivir”.

Bisa y otros ocho líderes indígenas viajaron desde sus comunidades en la Amazonía peruana hasta Lima, la capital de Perú, para reclamar por los derrames de petróleo que ocurren y afectan en sus territorios.

“Van 30 días que ni Petroperú ni el Estado peruano se han sentado a conversar con nosotros, no sabemos por qué tanta discriminación. Petroperú y el Ejecutivo tienen que hacerse responsables. Que Petroperú limpie sus derrames en el territorio”, reclama Biso, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la empresa estatal Petroperú había informado que el derrame afectó cinco hectáreas y que fueron aproximadamente 2500 barriles de hidrocarburos los que se vertieron. OEFA supervisó la zona del desastre desde el punto preciso donde se inició el derrame, en la quebrada de Cuninico, y continuó el recorrido de toda la zona afectada hasta el río Marañón por donde se desplazó el crudo.

Junto con OEFA llegaron a Cuninico la Autoridad Local del Agua (ALA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) y la Defensoría del Pueblo para evaluar los daños ocasionados por el petróleo.

El 25 de setiembre, el Ministerio del Ambiente decretó el estado de emergencia ambiental en el territorio de las comunidades nativas de Urarinas y Cuninico, ubicadas en el distrito de Urarinas, en Loreto, por un plazo de 90 días para atender la emergencia ambiental en el área comprendida desde la quebrada Cuninico hasta el río Marañón.

“Necesitamos agua, víveres y medicamentos, atención médica de inmediato, eso es lo que estamos pidiendo. Pero también queremos que se declare de emergencia el río Marañón y que se cumpla con instalar agua potable. No es la primera vez que ocurre esto, no sé cuántas veces ya he visto derrames desde cuando era pequeña”, dice Canaquiri, la lideresa de la comunidad nativa Shapajilla, ubicada en la cuenca del Marañón.

En su momento, desde Petroperú y algunas instancias gubernamentales se afirmó que los derrames se producían como consecuencia de acciones de miembros de las comunidades, lo que causó indignación entre la población de las áreas afectadas.

Pero un informe elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, con base en la información oficial de la OEFA determinó que “las cifras reales demuestran que 65.4 % de los derrames ocurridos en los lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano son producto de la corrosión de los ductos y de fallas operativas, mientras que los derrames causados por terceros representan un 28.8%”.

“Venimos siguiendo con mucha atención y mucha preocupación derrame tras derrame desde que la Relatoría se crea hace cinco años”, dijo la Relatora especial Soledad García, durante su intervención en la reunión con los líderes indígenas y los representantes de los pescadores.

García también indicó que la CIDH ha manifestado al gobierno peruano la necesidad de “avanzar en la ratificación del Acuerdo de Escazú” y mencionó que tanto el Estado peruano como las empresas involucradas en estos hechos deben cumplir sus obligaciones y, “en el caso del Oleoducto Norperuano, que es una empresa estatal, estamos hablando de obligaciones reforzadas”.

En ese sentido, García se refirió al informe temático Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos, publicado por la CIDH en el 2021, en donde se señala que “los Estados deben asegurar que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas o grupo de personas, incluyendo a los pueblos indígenas y tribales, comunidades campesinas y poblaciones afrodescendientes como colectivos cohesionados”.

Durante su visita a Perú, los comisionados se reunieron también con los pescadores de Ancón, afectados por el derrame ocurrido en el litoral peruano en enero de este año.

“Hemos visto situaciones complicadas con derrames que tienen que ver con el pasado, sobre todo del Oleoducto Norperuano, administrado por la empresa estatal Petroperú, que debe tener una capacidad de respuesta que hasta el momento no ha tenido para atender los pasivos ambientales”, señaló el Primer vicepresidente de la CIDH y Relator para Perú, Stuardo Ralón, al concluir su visita en Perú.

Ralón indicó que la CIDH determinó que existe una “falla estructural en los derrames” que implica la judicialización del caso para determinar responsabilidades. “En tanto se demora la investigación o deducción de la responsabilidad pareciera que nadie se hace cargo de los daños y de la inminente reparación. Y la población queda en abandono a su suerte”, agregó.

El Relator adelantó también que entre las recomendaciones que la CIDH alcanzará al Perú para los casos de derrames de petróleo se debe considerar “una especie de fondo de emergencia de garantía”, para que no demore en llegar la atención a las poblaciones mientras se investigue las responsabilidades.

“La prevención es urgente y necesaria para poder evitar los derrames, pero además en términos de información, hay muy poca. Si en el caso de Repsol con toda la visibilidad que tuvo hemos tenido problemas de información, imagina los casos en estas zonas alejadas de la Amazonía”, dice Miguel Lévano, coordinador del Subgrupo sobre Derrames Petroleros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Lévano también señala que ante los derrames de petróleo se deben tomar medidas de “emergencia humanitaria para la población”, para atender a los afectados, abastecerlos de agua y alimentos y evitar otros efectos producto del derrame.