Una ley criticada y eludida
La Ley General de Educación, que se aprobó en 2008, continúa generando los mismos debates que provocó previo a su sanción y no se concretó en su totalidad
Casi siete años de aprobada la Ley General de Educación y a poco más de un mes de que vuelva a la Presidencia de la República su principal impulsor, Tabaré Vázquez, los reclamos y las críticas de los actores opositores (sindicato de profesores y oposición) continúan siendo los mismos. En tanto, desde el oficialismo se asegura que muchas cosas han cambiado y mejorado desde entonces.
“Fue un paso muy importante que se dio con la Ley General de Educación porque estábamos regidos por la Ley de Emergencia, que se aprobó a la salida de la dictadura (1985). Había necesidad de avanzar muchísimo”, dijo a El Observador el diputado oficialista e integrante de la comisión de Educación, Roque Arregui.
Entre los logros, mencionó la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), la constitución de la Universidad Tecnológica (UTEC) –que surgió del postulado de la ley de erigir un Instituto Terciario Superior– y el papel que otorgó a los distintos actores del sistema educativo (docentes, alumnos y padres) a través de diferentes ámbitos. Por un lado, la ley creó en escuelas, liceos y centros de UTU los Consejos de Participación, donde estudiantes, padres y docentes pueden discutir y opinar sobre los distintos aspectos que hacen a la vida del centro. Por otro lado, la norma integró al Consejo Directivo Central (Codicen) y a los Consejos Desconcentrados (Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente) de la ANEP, la representación de los docentes en su directorio. Así es que actualmente el Codicen cuenta con dos representantes de los trabajadores, electos por los docentes en elecciones abiertas, y tres representantes designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado. En la ley anterior, los cinco integrantes respondían al poder político.
Más allá de esto, Arregui dio cuenta de algunos aspectos de la norma a los que todavía no se les ha dado cumplimiento, como es el caso del Instituto Universitario de Educación (IUDE) y la creación del Consejo de Educación Media Básica y el Consejo de Educación Media Superior, que suplanten al Consejo de Educación Secundaria (ver página 3).
Un punto de debate
Así como lo fue en 2008, en 2015 la presencia de los representantes docentes en los órganos de la enseñanza continúa generando debate.
En diálogo con El Observador, Teresita Capurro, representante de los maestros en el Codicen, subrayó ese logro, aunque indicó que en 2008 la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) proponía que los representantes docentes en el Codicen fueran tres.
A su entender los representantes sociales dieron “gobernabilidad al colegiado” del Codicen y fueron actores fundamentales para “ensamblar y armonizar las opiniones”. Manifestó además su “rechazo” a las acusaciones que se hacen desde la oposición de que la labor de estas autoridades en la ANEP responde al corporativismo de los sindicatos. A modo de ejemplo, mencionó dos programas que ella presidió y que han dado buenos resultados: Tránsito educativo y Campamentos educativos. “Se trata de dos proyectos que impactan directamente en los alumnos y están siendo tomados como ejemplo en otros países”, destacó.
En ese sentido, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a El Observador que la Ley General de Educación “corporativiza mucho los problemas de la educación, haciendo que la preocupación central que debiera tenerse solo en los alumnos y la calidad educativa que reciben, se centre siempre en el presupuesto y en los docentes. Es decir, en temas que no tienen como eje central la preocupación por los alumnos”. Durante la campaña electoral, Penadés apoyó al candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, que proponía eliminar los representantes docentes de los órganos de la enseñanza. Al respecto, el senador aseguró que se debe “recuperar para el poder político la conducción de gobierno (de la enseñanza) que el sistema democrático prevé”.
La antítesis a la postura de Penadés la postula el sindicato de profesores. Luis Martínez, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), dijo a El Observador que el sindicato “rechaza tajantemente la ley porque esta no contempla las aspiraciones históricas del movimiento sindical”. Entre ellas, mencionó el cogobierno y la autonomía técnica, de gobierno y financiera respecto al poder político.
En este sentido, Martínez afirmó que el sindicato mantiene la reivindicación por la que peleó en 2008, que establece que las autoridades de la ANEP deben ser electas en su totalidad por los docentes y estudiantes, sin injerencia del poder político. Manifestó que actualmente la representación que tienen los docentes es minoritaria y de esta manera no se van a alcanzar logros porque “la educación se ha convertido en un botín de guerra de los partidos políticos y del gobierno de turno”.
Logros y cuestionamientos
Bajo esa premisa, Martínez señaló que desde la federación no se le reconoce ningún logro a la ley. “No podemos hablar de logros, cuando el gobierno de la educación está controlado por el poder político”. También se negó a comparar la situación actual del sistema educativo con la que existía previo a la norma. “Nosotros no comparamos, nosotros tenemos exigencias históricas” que no se han contemplado, advirtió.
Por su parte, Penadés opinó que la norma es “una mala ley porque no ataca los problemas centrales que tiene la educación”. No obstante, consultado por los logros, mencionó la creación del Ineed. “Es una buena idea, que está mal aplicada porque no tiene como objeto exigir e informar a la población sobre la verdadera calidad de la educación que reciben los estudiantes, sino que tiene como objeto la custodia corporativa del sistema educativo”, expresó.
