Una mala solución
La fórmula acordada para el caso de los cincuentones ignoró el sensato proyecto que la oposición presentó a Tabaré Vázquez a último momento
Sobresalen aristas negativas del enredo interno del Frente Amplio sobre los
cincuentones. Por un lado la fórmula de escape finalmente acordada exhibe como mérito la reducción sustancial del costo para el Estado del proyecto de ley original, de US$ 3.700 millones a unos US$ 2.400 millones en las próximas décadas. Pero el tema podría haberse saldado a un costo mucho menor, de US$ 1.000 millones, de haberse basado en un plan de 2012 del propio
Banco de Previsión Social (BPS), revivido por la oposición pero tardíamente. Por otro, los reclamos jubilatorios de un sector laboral fueron aprovechados por la alianza de izquierda para lanzar una nueva ofensiva sin sentido contra las AFAP privadas, ignorando el papel fundamental que desempeñan en el sistema de la seguridad social. Y las disidencias públicas que enfrentaron abiertamente a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dejan en la ríspida interna frenteamplista heridas que podrán restañarse pero quedarán abiertas.
El acuerdo que puso fin a la controversia atendió la exigencia principal de Astori de bajar en un tercio el costo del proyecto, cuya cifra original ponía en peligro la estabilidad futura y el grado inversor. Pero a cambio de la aprobación de esa meta, por la que presionaba con su posible renuncia, Astori debió resignar otros elementos razonables de sus propuestas, incluyendo que los trabajadores activos decidieran recién al momento de jubilarse si permanecían en las
AFAP o se transferían al BPS. Ahora tendrán que optar dentro de los dos años de aprobada la ley, lo que le asegura al BPS la pronta absorción de los aportes de los trabajadores que resuelvan cambiarse, en detrimento de las AFAP.
A este retaceo se agrega la reducción de las comisiones que cobran las empresas privadas por administrarlas, como castigo adicional impuesto por los sectores frenteamplistas empeñados en la misión imposible de eliminar las AFAP. Esos sectores soslayan dos elementos fundamentales. Uno es la seguridad que tienen los trabajadores en el sistema de cuentas personales, al convertirlos en dueños de sus propios aportes en vez de volcarlos al BPS, donde sus futuras jubilaciones pueden depender de los vaivenes de la economía bajo el gobierno de turno. El otro es que la creación de las AFAP en 1996 evitó el seguro colapso del sistema de reparto del BPS, imposible de financiar en pocos años más.
La fórmula acordada no solo dejó por el camino parte de las propuestas atendibles de Astori. Ignoró también el sensato proyecto que los partidos Nacional, Colorado e Independiente presentaron al presidente Tabaré Vázquez, aunque muy a último momento. Su plan se basaba en otro que aprobara hace cinco años el propio directorio del BPS, presidido entonces por Murro. La sugerencia opositora era reconocer los aportes realizados por los trabajadores al BPS antes de la creación de las AFAP, punto que figuraba en los planes originales del Ministerio de Economía y cuya implementación habría costado menos de la mitad de lo que gravará al país lo resuelto finalmente por el Frente Amplio. Su acuerdo cerró un problema coyuntural. Pero deja la constatación de trabazones y desarreglos en el manejo frenteamplista de problemas fiscales, más el agravamiento de los desatinados arrestos ideológicos contra las AFAP.
