Un país que se precie de tener valores democráticos, como es el caso del nuestro, todas las ideologías que respeten a la persona como sujeto de derecho son necesarias y bienvenidas. En ese sentido, defendemos a ultranza la convivencia de todas ellas que siempre enriquecen al conjunto de la sociedad.
Pero el pensamiento de las diferentes doctrinas –que se expresan con vigor en una campaña electoral como la nuestra de hoy– tiene que estar al servicio de la verdad. Las ideas que se discuten en una comunidad política son un instrumento para la búsqueda del bien común, no representan un fin en sí mismas.
En ese sentido, vemos con preocupación la deliberada distorsión de la dirigencia del PIT-CNT en la campaña electoral solo para defender intereses corporativos o partidarios.
Desde las elecciones internas, el agravamiento del déficit fiscal –que actualmente roza el 5% anual del PIB– ha estado en el centro del debate de los candidatos. Nadie discute que no podemos avanzar con ese enorme saldo en rojo en las cuentas públicas.
Es un hecho que los presidenciables Luis Lacalle (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado) han sido de los más comprometidos con la baja del gasto público.
En ese escenario, es que el PIT-CNT inició una cruzada contra Talvi, insinuando que su propuesta de no reponer las vacantes que se vayan generando en el Estado produce incertidumbre en los funcionarios que tienen un contrato eventual, insinuando así que podrían perder el empleo público.
“Claro que las propuestas de Talvi asustan. ¿Alguien piensa que en cinco años 50 mil trabajadores públicos se van a jubilar? Cuando se dice eso lo que hay que decir es qué van a ser con los que tienen un contrato eventual. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Les van a dar estabilidad o los van a despedir?”, dijo Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, como justificación para convocar a una movilización antes del 27 de octubre.
Talvi nunca habló de echar a empleados del Estado, sino que planteó no reponer los cargos que van quedando vacantes por causal jubilatoria o fallecimiento. Es una reforma más que gradualista y que respeta los derechos adquiridos.
¿Pereira y el PIT-CNT creen que es posible bajar el déficit fiscal –como quiere hasta el propio candidato oficialista– si en el próximo período de gobierno continúa una contratación de empleados públicos al ritmo que tuvo durante los gobiernos del Frente Amplio?
A 2018, figuraban 312.565 contratos en el Estado, una cifra desproporcionada en comparación a la población económicamente activa.
El propio ministro de Economía, Danilo Astori, reconoció en una entrevista radial, el 25 de mayo de 2016, que el país tiene un “exceso” de funcionarios públicos que es “necesario combatir y enfrentar”. Dijo que la culpa es de todos los partidos que estuvieron en una posición de gobierno.
Si se quiere reducir el déficit fiscal para mejor ventura es necesario reducir la enorme plantilla estatal. El PIT-CNT tiene todo el derecho en proponer, al revés, que se contraten más funcionarios públicos, que siga creciendo el elefante del Estado. Pero entonces que lo diga con todas las letras, pero que no embarre la cancha. No le hace bien a la democracia y tampoco al movimiento sindical.
