Urge fortalecer las fiscalías
La Asociación de Magistrados Fiscales ha objetado con razón el proyecto de ley del ministerio del Interior con reformas al nuevo Código del Proceso Penal
La Asociación de Magistrados Fiscales ha objetado con razón el proyecto de ley del ministerio del Interior con reformas al nuevo
Código del Proceso Penal (
CPP), que implicaría retrogradar a una de las peores fallas del sistema anterior y dificultaría solucionar los problemas que actualmente enfrenta el funcionamiento de los fiscales. El organismo solicitó a la comisión de
Constitución y Código del Senado desechar el proyecto por dos razones principales. Una es que amplía el recurso a la prisión preventiva, cuyo uso excesivo en el pasado generó el absurdo de que hasta el 60% de los presos estuvieran encarcelados sin sentencia durante años. Esta situación incluso le generó al país condenas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos.
La otra objeción mayor es que el proyecto propone limitar la herramienta del juicio abreviado, por la cual un acusado puede recibir una condena menor si reconoce el delito cometido. Las propuestas de la cartera de Interior incluyen además el beneficio de la libertad anticipada y aumentar las potestades de la policía ante actos delictivos. Estos dos temas son más complejos de elucidar. La libertad anticipada puede justificarse en algunos casos, tanto para beneficiar a reclusos considerados lo suficientemente recuperados como para volver a las calles –instancia difícil de determinar– así como para descongestionar un sistema carcelario todavía superpoblado. Y si bien puede argumentarse que la Policía suele verse constreñida para actuar en su combate al delito, muchas veces por temor a sanciones si se la acusa de caer en excesos, es necesario también evitar el peligro del gatillo fácil por algunos efectivos.
En el trasfondo de esta controversia entre los fiscales y el ministerio del Interior están las limitaciones con que opera la Fiscalía y de un sistema penitenciario que, pese a la nueva cárcel moderna de Punta Rieles, mantiene muchos puntos flojos en materia de capacidad de reclusión y de insuficiencia de los programas de recuperación social de presos. Este sistema no tiene una solución rápida. Pero lo que más urge es solucionar las debilidades con que opera la Fiscalía bajo el nuevo CPP. La principal es la escasez de fiscales, muchos de ellos desbordados por la acumulación de cientos de casos por carencia de tiempo para atenderlos. Su gremial le precisó a los senadores que la reducción de los juicios abreviados supondría incremento de costos al aumentar el número de juicios orales y públicos. Estas mayores erogaciones se justifican más en llenar la necesidad de asignar más fiscales para agilitar sus tareas de investigación.
El cambio del anterior sistema inquisitorio a otro acusatorio bajo el CPP actual sacó a Uruguay de un anacronismo jurídico que otros países han abandonado desde hace mucho tiempo. Pero la implementación del nuevo sistema, que concentró la investigación de delitos en los fiscales que antes compartían indebidamente esa tarea con los jueces, sigue tropezando con dificultades. Derivan de que el cálculo de casos previstos bajo el nuevo CPP se quedó corto, al estar basado en cifras de menor volumen de delitos en años anteriores. Pero eso quedó atrás. La realidad impone ahora dedicar parte de los recursos presupuestales en seguridad pública a fortalecer la Fiscalía para permitirle aplicar el nuevo código con mayor eficacia.
